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Aeroméxico presiona a la baja salarial

Arturo Alcalde Justiniani

 

¿Cree usted que es justo que una empresa pretenda reducir los salarios de sus trabajadores sólo porque sus competidores pagan menos? ¿Considera que una empresa financieramente sana tenga derecho a reducir en 60 por ciento el pago a sus trabajadores para tener más utilidades? ¿Es correcto que un patrón solicite al gobierno imponer salarios precarios a sus trabajadores sustituyendo la negociación colectiva?

En plena negociación del contrato colectivo, la empresa Aeroméxico ha iniciado repentinamente un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de sus sobrecargos y la asociación sindical que los representa (ASSA). Reclama una baja salarial y de condiciones de trabajo como parte de un gigantesco pliego petitorio. No lo plantea en el entorno de la negociación colectiva, sino que pretende que sea el gobierno federal quien haga el trabajo sucio. No es la primera vez que acude a esta táctica, hace tan sólo cuatro años presentó una demanda similar, a partir de la cual logró que la asociación de sobrecargos accediera a cambios en su favor, entre otros, no recibir incremento salarial, ampliar las jornadas de trabajo, reducir el salario mediante la creación de una nueva categoría para personal de nuevo ingreso. La empresa se dio por satisfecha en virtud de las concesiones obtenidas, firmando un convenio ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que reconoce que con estas nuevas condiciones de trabajo quedaban equilibradas las relaciones laborales.
Hoy, al cumplirse el plazo establecido en el convenio mencionado y cuando correspondía acatar el compromiso de revisar el Contrato Colectivo de Trabajo, Aeroméxico sorprende a los trabajadores, planteando otro conflicto colectivo de naturaleza económica, solicitando una brutal reducción de las condiciones generales de trabajo. Su intención es que el gobierno federal imponga la disminución y luego se inicien las pláticas de revisión contractual. Todo un absurdo, sólo explicable tratándose de una empresa que considera tener influencias de alto nivel para lograrlo.
El conflicto iniciado por Aeroméxico adquiere especial importancia porque pretende inaugurar una nueva política laboral, soslaya el espacio natural de la negociación colectiva que debería concluir el último día de este mes, busca convertir al Estado en verdugo de los trabajadores, esto es, presionando para que el árbitro opere abiertamente en la cancha patronal, a partir de un argumento central: los salarios son altos porque afuera hay otros trabajadores que hacen lo mismo y cobran menos, de ahí que en su demanda plantee una comparación con los ingresos de los sobrecargos de las llamadas empresas de bajo costo como Interjet y Volaris, sin precisar que en ellas, efectivamente, se cubren salarios muy bajos gracias a los contratos de protección patronal existentes, a la nula representación sindical auténtica y al estado de indefensión de sus trabajadores.
Aeroméxico no acredita en su reclamo encontrarse en malas condiciones económicas; se trata de una empresa que está en pleno crecimiento y desarrollo, que tiene utilidades y que ha iniciado un gigantesco proceso de inversión. Desde 2009, instrumenta una estrategia corporativa mediante la cual traslada de la razón social Aerovías de México a otra de sus empresas, Aeroméxico Connect (Aerolitoral), recursos, vuelos y ganancias, presentando una falsa imagen de la condición financiera de Aerovías de México, susceptible de entender cabalmente sólo si se analiza de manera integral al Grupo Aeroméxico.

Es importante destacar que el juicio iniciado por Aeroméxico constituye además, como lo señala su sindicato, un chantaje que tiende por un lado a evitar la revisión del contrato colectivo comprometida y por el otro, a crear un modelo laboral distinto, de corte precario, mediante la reducción de 60 por ciento de las condiciones de trabajo, aplicable a los futuros trabajadores, que tiende a homologarse con los salarios miserables que reciben en Interjet y Volaris, y aunque la empresa lo oculte, también en Aeroméxico Connect, cuyos sobrecargos tienen también un sindicato blanco. Los gobiernos panistas, en su tiempo, promovieron este esquema diferenciado entre trabajadores en activo y futuros; los funcionarios encargados en ese entonces de la política laboral repetían cotidianamente sus argumentos para convencer a los sindicatos ¿Que importan los trabajadores futuros, total no tienen nombre ni apellido? Sálvate tú y deja que a los nuevos les cueste mejorar sus condiciones de trabajo. Alegaban incluso que, por tratarse de trabajadores de nuevo ingreso que aún no iniciaban su relación laboral, estaba en duda el derecho de los sindicatos para representarlos. Se pierde de vista que la estabilidad laboral de los trabajadores actuales depende en buena medida de los trabajadores futuros.

La pretensión de Aeroméxico no sólo carece de fundamentos financieros, jurídicos y éticos, también puede generar un serio impacto en sus operaciones aéreas. La profesión de sobrecargo no puede someterse a una competencia simple en el mercado; en esa lógica, todos los salarios tenderían a homologarse a los más bajos. Los sobrecargos, hombres y mujeres, desempeñan una profesión importante en las operaciones aéreas, su actividad no se reduce a otorgar servicios y alimentación a los pasajeros, son auxiliares clave en momentos de crisis y emergencia, corresponsables de la seguridad de los pasajeros; desempeñan una profesión de gran desgaste y agobio, por ello la duración de su vida profesional promedio es de ocho años. Están sujetos, además, a grandes exigencias y requieren de capacidades permanentes para conservar la licencia expedida por Aeronáutica Civil. Las jornadas que realizan se asignan según las necesidades de la empresa, conforme a una programación que suele cambiar, lo que impide al trabajador planear su vida personal y familiar. Llegan a volar hasta 20 días seguidos, lo cual afecta su equilibrio emocional, psicológico y físico, que deriva en múltiples incapacidades por estrés y depresión.

La negociación colectiva responsable informada y de buena fe es la llave para sostener relaciones laborales sanas, no la imposición de un modelo precario por la vía del Estado.