Rosario Avilés
Desorden y discrecionalidad
En una colaboración anterior nos referimos a las
oportunidades que tiene hoy en día la carga aérea y cómo nuestro país
está desaprovechando esta ventana que se abre para hacer buenos negocios
que ayuden a fortalecer la economía mexicana, para - en su lugar -
entregar unilateralmente y sin reciprocidad, todas las ventajas que
ayudarían a crear un nuevo nicho de mercado para nuestras empresas
aéreas.
Hace ya varios años que este problema se ha estado
señalando por parte de los operadores mexicanos y por las asociaciones
gremiales que son, justamente, los profesionales del sector transporte
aéreo que conocen el rubro y permanecen en él durante años, a diferencia
de los funcionarios de las dependencias públicas que hoy están en este
sector y mañana podrían aparecer en la Bolsa de Valores, en el Seguro
Social o incluso en la Comisión de Cultura, ¡tan diversificado está el
talento político mexicano!
Independientemente de que hoy exista esta ventana de oportunidad para el negocio de la carga a nivel mundial y México lo esté desaprovechando, el subsector ha estado sumido en una espiral descendente desde que por la Dirección General de Aeronáutica Civil y la subsecretaría del Transporte decidieron que este rubro no era importante y empezaron a trasgredir las normatividades vigentes, con lo cual se ha creado un entorno de competencia desleal y depredación que lo único que ha conseguido es minar la confianza en las instituciones y en la seriedad del país.
Desde luego, esta no es la mejor forma de atraer inversiones. No es en balde que hoy en día la proporción de informalidad en la economía nacional se haya disparado para ser mayoritaria. ¿Para qué constituir una empresa, pagar impuestos, sujetarse a los mínimos de operación y, en una palabra, cumplir con la ley, si a la autoridad le da lo mismo y autoriza a operar a quienes no cumplen con todo ello?
De este modo, desde el poder mismo se promueve la competencia desleal y el caos regulatorio, además de violar la ley, se está desalentando a quienes sí tienen inversiones de largo plazo en el país. Veamos el ejemplo preciso de la carga aérea.
La ley de Aviación Civil distingue entre dos tipos de servicios de carga aérea: la Regular, que está sujeta a concesión de servicio público, y la No regular, que incluye a los vuelos de fletamento (llamados chárter), el taxi aéreo y desarrollo regional.
En el primer caso, los servicios regulares, están concesionados por el Estado porque éste tiene el deber de garantizar que el servicio público de carga aérea se otorgue en tiempo y forma. Estos servicios, entonces, están sujetos a itinerario, horario y tarifas fijas para establecer redes de rutas a largo plazo, lo cual garantiza el abasto de productos para la población (una función que es de la competencia del Estado). Esto servicios sólo pueden ser operados por empresas concesionadas y para ello debe cumplir con requisitos y procesos que implican inversiones, tanto para el inicio (aviones, rentados o comprados, tripulaciones adiestradas, personal de tierra capacitado, maquinaria que permita el embalaje, almacenaje, etc.) Y todo ello debe garantizarse con capital suficiente y la capacidad de administrar, de gestionar y de operar semejante proceso.
Esto implica también que, entre otras cosas, se destinen inversiones a abrir estaciones en los destinos fijos a donde operará el concesionario y esto supone inversiones altas. En contraparte, los vuelos de fletamento o los de operaciones no regulares, como los taxis aéreos y los de vuelos ocasionales (temporales por estacionalidad o por una decisión de política pública de desarrollar un mercado o apoyar una región), no se encuentran sujetos a todas esas obligaciones porque son COMPLEMENTARIOS, es decir, no son de primera necesidad como los otros y por lo tanto el Estado debe permitirles operar de una forma que no atente contra la sobreviviencia de las empresas que sí son indispensables.
Este razonamiento simple, sin embargo, parece no ser comprendido entre los funcionarios del sector quienes desde hace unos años han promovido que los vuelos no regulares entren en una especie de irregularidad de facto pero no de norma, es decir, sus operaciones se realizan con la frecuencia y la regularidad de los otros, pero sin que los operadores de dichas empresas cumplan con la normatividad que se les exige a los otros y que, como ya se dijo, implica altas inversiones que desde luego deberían tener un marco que garantice su retorno satisfactorio.
Así, tenemos casos que ya llegan a escándalo. La Dirección General de Aeronáutica Civil ha sido omisa en su obligación de vigilar el cumplimiento de la ley de Aviación Civil, lo cual ha desatado desorden en los mercados. Así, empresas como Aerolamol y TSM, que son de fletamento, han operado con horarios estables y fijos durante años, sin que la DGAC haya querido molestarlos ni con el pétalo de una simple pregunta.
Los mismo ocurre con otros servicios de taxi aéreo que se internan en el país con matrículas N (Néctar, con registro estadounidense) de forma supuestamente temporal, por lo cual la autoridad no las regula y luego se destinan a hacer excursiones y dar el servicio de taxi aéreo sin cumplir con ninguna de las obligaciones que a las aeronaves de empresas legalmente establecidas se les exigen y sin que estas empresas se tomen la molestia de notificar su estancia para hacer negocios ni cumplir, claro, con ningún requisito que las faculte para tener una concesión.
No es tan difícil darse cuenta de ello. Un ejercicio interesante que podrían hacer los funcionarios si tan sólo tuvieran un interés mínimo, es checar los periódicos de algunas plazas turísticas, o las páginas de internet, y constatar cómo se publicitan estas excursiones o ir a los aeropuertos e indagar el estatus y la actividad de muchas aeronaves estacionadas ahí. En fin, cosa de que le pongan ganas.
De esta forma, las empresas que sí han invertido y se han establecido con todos los requerimientos y que tienen empleados a quienes pagan seguro social, ellas mismas pagan impuestos y tienen que responder frente a cualquier contingencia en su operación, se desalientan y no sería remoto que algunas decidieran cerrar porque ya basta de lidiar con semejantes esquizofrenias: los funcionarios están buenos para exigirles que compitan peor no para tener reglas parejas y procurar juegos limpios.
Entre otras muchas de las cosas que el nuevo gobierno debería atender está este problema. Si no se atiende, que nadie se queje si un día las empresas regulares desaparecen y las muy esperadas extranjeras en nombre de las cuales se clama por cielos abiertos, deciden que México no es un país confiable o que simplemente no es negocio. ¿No tenemos bastante con el tema de los Cruceros marítimos?
Independientemente de que hoy exista esta ventana de oportunidad para el negocio de la carga a nivel mundial y México lo esté desaprovechando, el subsector ha estado sumido en una espiral descendente desde que por la Dirección General de Aeronáutica Civil y la subsecretaría del Transporte decidieron que este rubro no era importante y empezaron a trasgredir las normatividades vigentes, con lo cual se ha creado un entorno de competencia desleal y depredación que lo único que ha conseguido es minar la confianza en las instituciones y en la seriedad del país.
Desde luego, esta no es la mejor forma de atraer inversiones. No es en balde que hoy en día la proporción de informalidad en la economía nacional se haya disparado para ser mayoritaria. ¿Para qué constituir una empresa, pagar impuestos, sujetarse a los mínimos de operación y, en una palabra, cumplir con la ley, si a la autoridad le da lo mismo y autoriza a operar a quienes no cumplen con todo ello?
De este modo, desde el poder mismo se promueve la competencia desleal y el caos regulatorio, además de violar la ley, se está desalentando a quienes sí tienen inversiones de largo plazo en el país. Veamos el ejemplo preciso de la carga aérea.
La ley de Aviación Civil distingue entre dos tipos de servicios de carga aérea: la Regular, que está sujeta a concesión de servicio público, y la No regular, que incluye a los vuelos de fletamento (llamados chárter), el taxi aéreo y desarrollo regional.
En el primer caso, los servicios regulares, están concesionados por el Estado porque éste tiene el deber de garantizar que el servicio público de carga aérea se otorgue en tiempo y forma. Estos servicios, entonces, están sujetos a itinerario, horario y tarifas fijas para establecer redes de rutas a largo plazo, lo cual garantiza el abasto de productos para la población (una función que es de la competencia del Estado). Esto servicios sólo pueden ser operados por empresas concesionadas y para ello debe cumplir con requisitos y procesos que implican inversiones, tanto para el inicio (aviones, rentados o comprados, tripulaciones adiestradas, personal de tierra capacitado, maquinaria que permita el embalaje, almacenaje, etc.) Y todo ello debe garantizarse con capital suficiente y la capacidad de administrar, de gestionar y de operar semejante proceso.
Esto implica también que, entre otras cosas, se destinen inversiones a abrir estaciones en los destinos fijos a donde operará el concesionario y esto supone inversiones altas. En contraparte, los vuelos de fletamento o los de operaciones no regulares, como los taxis aéreos y los de vuelos ocasionales (temporales por estacionalidad o por una decisión de política pública de desarrollar un mercado o apoyar una región), no se encuentran sujetos a todas esas obligaciones porque son COMPLEMENTARIOS, es decir, no son de primera necesidad como los otros y por lo tanto el Estado debe permitirles operar de una forma que no atente contra la sobreviviencia de las empresas que sí son indispensables.
Este razonamiento simple, sin embargo, parece no ser comprendido entre los funcionarios del sector quienes desde hace unos años han promovido que los vuelos no regulares entren en una especie de irregularidad de facto pero no de norma, es decir, sus operaciones se realizan con la frecuencia y la regularidad de los otros, pero sin que los operadores de dichas empresas cumplan con la normatividad que se les exige a los otros y que, como ya se dijo, implica altas inversiones que desde luego deberían tener un marco que garantice su retorno satisfactorio.
Así, tenemos casos que ya llegan a escándalo. La Dirección General de Aeronáutica Civil ha sido omisa en su obligación de vigilar el cumplimiento de la ley de Aviación Civil, lo cual ha desatado desorden en los mercados. Así, empresas como Aerolamol y TSM, que son de fletamento, han operado con horarios estables y fijos durante años, sin que la DGAC haya querido molestarlos ni con el pétalo de una simple pregunta.
Los mismo ocurre con otros servicios de taxi aéreo que se internan en el país con matrículas N (Néctar, con registro estadounidense) de forma supuestamente temporal, por lo cual la autoridad no las regula y luego se destinan a hacer excursiones y dar el servicio de taxi aéreo sin cumplir con ninguna de las obligaciones que a las aeronaves de empresas legalmente establecidas se les exigen y sin que estas empresas se tomen la molestia de notificar su estancia para hacer negocios ni cumplir, claro, con ningún requisito que las faculte para tener una concesión.
No es tan difícil darse cuenta de ello. Un ejercicio interesante que podrían hacer los funcionarios si tan sólo tuvieran un interés mínimo, es checar los periódicos de algunas plazas turísticas, o las páginas de internet, y constatar cómo se publicitan estas excursiones o ir a los aeropuertos e indagar el estatus y la actividad de muchas aeronaves estacionadas ahí. En fin, cosa de que le pongan ganas.
De esta forma, las empresas que sí han invertido y se han establecido con todos los requerimientos y que tienen empleados a quienes pagan seguro social, ellas mismas pagan impuestos y tienen que responder frente a cualquier contingencia en su operación, se desalientan y no sería remoto que algunas decidieran cerrar porque ya basta de lidiar con semejantes esquizofrenias: los funcionarios están buenos para exigirles que compitan peor no para tener reglas parejas y procurar juegos limpios.
Entre otras muchas de las cosas que el nuevo gobierno debería atender está este problema. Si no se atiende, que nadie se queje si un día las empresas regulares desaparecen y las muy esperadas extranjeras en nombre de las cuales se clama por cielos abiertos, deciden que México no es un país confiable o que simplemente no es negocio. ¿No tenemos bastante con el tema de los Cruceros marítimos?
E-mail: raviles_2@prodigy.net.mx; twitter: @charoaviles.
Periodista, investigadora y experta en el sector aeronáutico
Periodista, investigadora y experta en el sector aeronáutico
