Enrique Quintana,Coordenadas, Mexicana confusión
02 de Marzo de 2012 • 07:11hs • actualizado 07:53hs
Ciudad de México.- Uno de los elementos que han creado confusión en el caso de Mexicana es la mezcla que ha existido entre el tema de una empresa que entró a un Concurso Mercantil y el de esta misma en relación con la legislación aérea.
Y las propias autoridades no han podido explicar los dos planos de este conflicto.
Cuando el 10 de septiembre de 2010 se dictamina formalmente a Mexicana como una empresa en Concurso Mercantil, las reglas del juego para la firma cambian y a partir de entonces se genera una dinámica en la que se tiene que resolver el Concurso Mercantil, que se hizo análogo al que pudiera haber tenido Vitro o cualquier otra corporación que se hubiera acogido a este esquema de protección judicial frente a sus acreedores.
En todo este proceso vinculado al Concurso mismo, es el conciliador y el juez que llevan el caso quienes son las máximas autoridades.
Por decirlo fácil, aquí la SCT pinta formalmente igual que la Secretaría de la Reforma Agraria.
Claro que a la búsqueda de inversionistas que inyecten el capital para pagar las deudas reestructuradas primero y luego para echar a volar la empresa se requiere que la autoridad de aviación civil dé las señales de que ve con buenos ojos a los futuros dueños.
Pero, más allá de eso, todo el proceso está en las manos del juez y el conciliador.
El problema que ha surgido en la larga historia de Mexicana es que han existido diversos inversionistas que tras haber manifestado su interés por entrarle al rescate, no han podido contar con los recursos para pagar a los acreedores en los términos que anticipa el conciliador o han tenido inseguridad de que al final la SCT vaya a darse por convencida de que existe la solvencia financiera y se han echado para atrás.
Durante los últimos días, esta última suspicacia parece haberse allanado a partir del Oficio emitido por la SCT en la que establece el compromiso de otorgar el famoso certificado a quien designe el juez, siempre y cuando cumpla con las cuatro capacidades exigidas por la ley (técnica, administrativa, en seguridad y financiera).
El tema del dinero es totalmente del ámbito del juez y del conciliador.
Ya que quede resuelto el Concurso, entonces entra el tema aeronáutico y la SCT entonces será la autoridad que defina si se cumplen con esos cuatro requerimientos.
Pero fíjese que aún así, hay todavía riesgo.
Le pongo el caso de Aviacsa. Aviacsa entró a Concurso el 12 de agosto de 2009 y el 24 de enero de 2011 lo terminó de acuerdo con la sentencia del juez Julio César Franco.
El 11 de marzo del año pasado, mes y medio después de haber concluido el Concurso, recibió el certificado para volar... y no ha despegado.
La razón es que algunos grupos aeroportuarios (GAP y OMA, entre ellos) se ampararon contra la resolución del juez.
El problema en el caso de Mexicana es un asunto de suspicacias y presunciones.
Los inversionistas potenciales tenían la sospecha de que la autoridad quería (o quiere) bloquear el despegue, pero por otro lado, hasta ahora no hay evidencia de que Med Atlántica haya puesto el dinero, salvo la palabra del juez Felipe Consuelo.
Total, que sea por una cosa o por otra, ya se cumplió una semana de que el juez Felipe Consuelo dijo que "se abrieron lo cielos"... y las nubes con tono de tormenta siguen en todo el horizonte.
02 de Marzo de 2012 • 07:11hs • actualizado 07:53hs
Ciudad de México.- Uno de los elementos que han creado confusión en el caso de Mexicana es la mezcla que ha existido entre el tema de una empresa que entró a un Concurso Mercantil y el de esta misma en relación con la legislación aérea.
Y las propias autoridades no han podido explicar los dos planos de este conflicto.
Cuando el 10 de septiembre de 2010 se dictamina formalmente a Mexicana como una empresa en Concurso Mercantil, las reglas del juego para la firma cambian y a partir de entonces se genera una dinámica en la que se tiene que resolver el Concurso Mercantil, que se hizo análogo al que pudiera haber tenido Vitro o cualquier otra corporación que se hubiera acogido a este esquema de protección judicial frente a sus acreedores.
En todo este proceso vinculado al Concurso mismo, es el conciliador y el juez que llevan el caso quienes son las máximas autoridades.
Por decirlo fácil, aquí la SCT pinta formalmente igual que la Secretaría de la Reforma Agraria.
Claro que a la búsqueda de inversionistas que inyecten el capital para pagar las deudas reestructuradas primero y luego para echar a volar la empresa se requiere que la autoridad de aviación civil dé las señales de que ve con buenos ojos a los futuros dueños.
Pero, más allá de eso, todo el proceso está en las manos del juez y el conciliador.
El problema que ha surgido en la larga historia de Mexicana es que han existido diversos inversionistas que tras haber manifestado su interés por entrarle al rescate, no han podido contar con los recursos para pagar a los acreedores en los términos que anticipa el conciliador o han tenido inseguridad de que al final la SCT vaya a darse por convencida de que existe la solvencia financiera y se han echado para atrás.
Durante los últimos días, esta última suspicacia parece haberse allanado a partir del Oficio emitido por la SCT en la que establece el compromiso de otorgar el famoso certificado a quien designe el juez, siempre y cuando cumpla con las cuatro capacidades exigidas por la ley (técnica, administrativa, en seguridad y financiera).
El tema del dinero es totalmente del ámbito del juez y del conciliador.
Ya que quede resuelto el Concurso, entonces entra el tema aeronáutico y la SCT entonces será la autoridad que defina si se cumplen con esos cuatro requerimientos.
Pero fíjese que aún así, hay todavía riesgo.
Le pongo el caso de Aviacsa. Aviacsa entró a Concurso el 12 de agosto de 2009 y el 24 de enero de 2011 lo terminó de acuerdo con la sentencia del juez Julio César Franco.
El 11 de marzo del año pasado, mes y medio después de haber concluido el Concurso, recibió el certificado para volar... y no ha despegado.
La razón es que algunos grupos aeroportuarios (GAP y OMA, entre ellos) se ampararon contra la resolución del juez.
El problema en el caso de Mexicana es un asunto de suspicacias y presunciones.
Los inversionistas potenciales tenían la sospecha de que la autoridad quería (o quiere) bloquear el despegue, pero por otro lado, hasta ahora no hay evidencia de que Med Atlántica haya puesto el dinero, salvo la palabra del juez Felipe Consuelo.
Total, que sea por una cosa o por otra, ya se cumplió una semana de que el juez Felipe Consuelo dijo que "se abrieron lo cielos"... y las nubes con tono de tormenta siguen en todo el horizonte.
