Bloquean perredistas investigación del patrimonio de Barrales
Por: Notimex
Miercoles 24 de Enero de 2007 Hora de publicación: 18:16
La mayoría perredista en la Asamblea Legislativa atajó solicitar a las Contraloría de este órgano y del gobierno capitalino "abrir" las declaraciones patrimoniales de la secretaría de Turismo local, Alejandra Barrales.
El punto de acuerdo que presentó el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana, para aclarar el origen de los recursos con los que la ex diputada local adquirió una avioneta de 20 mil dólares, fue desechado por los legisladores del PRD.
Con esto también se negó la posibilidad de solicitar a la Procuraduría capitalina que retome las denuncias por malversación de fondos por 14 millones de pesos que presentaron los agremiados de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación contra Alejandra Barrales, cuando ésta fue lidereza.
El punto de acuerdo que fue enviado a comisiones planteaba la necesidad que la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal investigara el origen de los bienes muebles e inmuebles, así como los ingresos de la secretaria de Turismo y de su esposo.También, que la Contraloría interna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal abriera las declaraciones patrimoniales de Barrales durante los tres años que fungió como diputada local en la anterior legislatura, cuando también era vocera de la fracción del PRD.
El panista, en su exposición de motivos, aseguró que existen dudas entre la opinión pública sobre el origen de los bienes de la funcionaria del Gobierno del Distrito Federal, debido a que con sus percepciones como legisladora no pudo adquirir una avioneta.Además, añadió que a partir de que se ventiló este hecho, la titular de la Secretaría de Turismo ha dado a conocer diferentes versiones sobre el origen de la posesión de la avioneta, la cual aseguró que no era de su propiedad, aunque la incluyó como parte de sus bienes en su declaración patrimonial.
Aún así, Triana insistió en la necesidad de que la Contraloría aclare la procedencia de los recursos con los que la funcionaria adquirió sus bienes, ya que además, durante su gestión como dirigente sindical de los sobrecargos "dejó cuentas pendientes".
