Nota aclaratoria: Fui Secretaria de Actas desde el 2007 hasta el 2011, y Alejandra salió en el año 2000, después estuvo hasta 2004 Arturo Aragón, le sucedió Francisco Villarreal a quien el toca (junto conmigo porque estuve en su gestión) el laudo que emitió la JFCA a favor de la empresa Mexicana, y el amparo lo meten en esa gestión.
De tres
bandas
Aunque en el papel la resolución de la Suprema Corte que en la práctica anula un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ordena modificar el Contrato Colectivo de Mexicana con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación es estéril ante la quiebra de la empresa, lo cierto es que provoca una carambola de tres bandas
De entrada, le abre la posibilidad a los integrantes del sindicato de ser liquidados de acuerdo al anterior contrato, lo que eleva en 40% las expectativas.
Más aún, impugnada la declaración de quiebra de la línea aérea que patrocinó la juez del concurso mercantil en que se ubicaba, Edith Alarcón, se abre la posibilidad de que ésta sea revocada, lo que le permitiría volver a las pistas… con el contrato a salvo.
Más allá, descarrila una jurisprudencia de la propia Corte que impedía la posibilidad de amparos de cara a resoluciones derivadas de Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica.
En ese mismo tenor, le abre la puerta al propio sindicato para derribar, bajo el mismo parámetro, el laudo obtenido por Aeroméxico que le permitió colocar en línea dos contratos colectivos para sobrecargos: el A para trabajadores en activo, y el B para los de nuevo ingreso.
La diferencia, en este caso, es de 60% en relación con sus percepciones, incluidas, naturalmente, las prestaciones anexas.
La medida resulta contraria a la Constitución de cara a la prohibición de otorgar salarios distintos frente a una actividad idéntica.
El recurso previsto en la Ley Federal del Trabajo cuando una empresa considera que la carga laboral pone en peligro su sobrevivencia, lo empleó Mexicana de Aviación hace un lustro, un año antes de su salida de las pistas.
La exposición de motivos hablaba de un contrato colectivo convertido en fardo frente a la posibilidad de competencia con líneas aéreas de bajo costo que operan sin sindicatos.
La Junta Federal de Conciliación dependiente de la Secretaría del Trabajo, a cargo entonces de Javier Lozano Alarcón, se apresuró a darle la razón, emitiendo un laudo que exigía modificar el contrato colectivo para darle viabilidad a la empresa encabezada por Gastón Azcárraga Andrade.
Naturalmente, la ASSA, encabezada entonces por Alejandra Barrales, impugnó por la vía de un amparo que escaló la ruta hasta llegar a la Corte.
Esta mantuvo por meses el suspenso ante la oposición a discutir el tema por parte del ministro José Fernando Franco González, exfuncionario de la Secretaría del Trabajo, justo durante la era Lozano, quien finalmente no acudió a la sesión aparentemente para no incurrir en un conflicto de interés.
Los ministros aprobaron por mayoría conceder el amparo a ASSA, pese a la oposición de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
La razón es simple. De acuerdo a la ministra Olga Sánchez Cordero, el laudo reclamado no justificó el por qué los derechos de los trabajadores debieran disminuirse, dado que no basta que la empresa se encuentre en una situación económica apremiante para que automáticamente se proceda a la reducción de las prestaciones laborales.
Los salarios y prestaciones de los sobrecargos representaban sólo el uno por ciento de los costos de operación de la línea aérea, cuya principal limitante era la falta de inversión de sus propietarios.
El reclamo era de 200 millones de dólares.
Dicho con todas las letras, la quiebra de la empresa es responsabilidad de los patrones, no de los trabajadores.
Y aunque el aplauso lo dieron los sobrecargos en desgracia, un suspiro en el rostro endurecido, en realidad, decíamos, la resolución anula la indefensión de que se encontraba la totalidad de los trabajadores de cara a una rendija que permite anular contratos colectivos. Carambola de tres bandas.
Balance general
Calificada por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de “no prioritaria” ni “productiva” la posibilidad de un tren de alta velocidad México-Querétaro, la postergación indefinida de la obra estaba cantada desde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pospuso la entrega de las bases definitivas de la licitación, argumentando que las empresas interesadas habían solicitado más tiempo.
La posibilidad de tregua se le negó a 15 de las 17 que habían acudido a la primera licitación, bajo el argumento de que los tiempos apremiaban para concluir la tarea durante el sexenio actual.
El país, pues, deja en suspenso una inversión de 48 mil millones de pesos, en el marco de los 124 mil que le faltan para completar el presupuesto de este año.
En los estragos de la caída dramática en el precio del petróleo, a Pemex se le recortarán 60 mil millones de pesos, a la Comisión Federal de Electricidad 15 mil, y el resto se diluirá en ajustes al gasto corriente, es decir se congelarán plazas que se desocupen y se cancelará la posibilidad de aumentar la nómina.
Más allá, cada dependencia debe enviar una lista de proyectos no prioritarios y de ahorro.
Se había enlistado que el boquete a las finanzas públicas sería de entre 0.50 y un punto del Producto Interno Bruto, ubicándolo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en 0.70.
Se va Calleja
A punto de cumplir 100 años, finalmente se retira de la Secretaría General del Instituto Mexicano del Seguro Social Juan Moisés Calleja, exlíder sindical, quien había remontado en el cargo los sexenios de Carlos Salinas De Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El puesto lo pelea, alegando derecho de permanencia, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, en alianza con la Concamin. Su gallo es el integrante del Consejo Técnico en la representación laboral, José Luis Carazo.
El resto de los organismos patronales se niega a respetar el supuesto derecho de la central obrera, señalando que en tal caso el cargo sea rotativo entre los sectores representados. El director general del Instituto, José Antonio González Anaya, impulsa al director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, René Curiel.
Jaque a Azcárraga
Por aquellas cosas raras de la vida, simultáneo a la victoria de los sobrecargos de Mexicana en la Suprema Corte, el noveno tribunal colegiado en Materia Penal le revocó un amparo al expresidente de la línea área, Gastón Azcárraga Andrade, contra la orden de aprehensión que pesa en su contra.
La protección de la ley la había concedido un juez de Distrito.
El delito que se le imputa al expresidente de la cadena hotelera Posadas y del Consejo Mexicano de Negocios es de lavado de dinero, vía una sofisticada trama para desviar recursos que pertenecían al patrimonio de la empresa.
Azcárraga, como usted sabe, está en un departamento de Nueva York en el que se refugió tras las denuncias que interpusieron en su contra los tres sindicatos de la firma. Su posibilidad de huida es nula, toda vez que se venció su visa de ingreso al país del norte.
