Tribunal revoca amparo a Gastón Azcárraga en imputación por lavado de dinero
La resolución dictada por el Noveno Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal dejó sin efecto el juicio de amparo.
Un tribunal federal revirtió un amparo que le había sido otorgado al ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, para anular una orden de aprehensión girada en su contra por un juez de procesos penales federales, debido a la presunta responsabilidad del empresario mexicano en una imputación por el delito de lavado de dinero.
La resolución dictada por el Noveno Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal dejó sin efecto el juicio de amparo y ordenó a la Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal del DF, Martha Gabriela Sánchez Alonso, dejar sin efecto la sentencia que era favorable a Azcárraga, así como reponer el juicio de amparo para que se respete la garantía de audiencia de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA de México).
ASPA junto con otras organizaciones sindicales solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) consignar el expediente contra el que fuera accionista mayor de Mexicana de Aviación, debido a que Gastón Azcárraga desvió hasta 198 millones de pesos de los activos de la aerolínea para destinarlos a su propio beneficio, provocando la quiebra de la compañía.
Derivado de la denuncia promovida por ASPA junto otras indagatorias realizadas por las autoridades fiscales, la PGR decidió imputar el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del empresario mexicano, consignando el expediente ante un juez de procesos penales federales que libró la orden de aprehensión correspondiente con el argumento de que las acusaciones estaban fundadas.
Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal del DF revocó dicha orden de captura en julio del 2014, con el argumento de que el delito de lavado de dinero no se podía aplicar en contra de Gastón Azcárraga, por lo que era inexacta la aplicación de la ley en su contra.
ASPA impugnó la resolución al igual que la PGR, por lo que el asunto llegó al Noveno Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal para revisar la legalidad de dicha sentencia, concluyendo que no se respetó la garantía de audiencia y que es necesario reponer el proceso para que los sindicalistas expongan su punto de vista sobre el desvío que ellos mismos denunciaron.
Derivado de esta resolución, la orden de aprehensión librada el 15 de febrero de 2014 por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, Rubén Darío Noguera Gregoire, vuelve a tener vigencia, por lo que Gastón Azcárraga puede ser detenido en caso de que sea localizado en México.
Contra el ex accionista mayoritario de Mexicana de Aviación existe una segunda orden de aprehensión por el delito de violación a la Ley del Mercado de Valores, ya que presuntamente ocultó los informes financieros de la aerolínea y también presentó ante los accionistas de la misma otros informes que resultaron ser falsos para ocultar una recompra de acciones por 198 millones de pesos.
Cabe recordar que el empresario mexicano actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde inició un juicio migratorio para evitar su deportación a México, por lo que el gobierno norteamericano no ha aceptado una solicitud formal de detención con fines de extradición que presentó nuestro país a través de la PGR.
La resolución dictada por el Noveno Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal dejó sin efecto el juicio de amparo y ordenó a la Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal del DF, Martha Gabriela Sánchez Alonso, dejar sin efecto la sentencia que era favorable a Azcárraga, así como reponer el juicio de amparo para que se respete la garantía de audiencia de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA de México).
ASPA junto con otras organizaciones sindicales solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) consignar el expediente contra el que fuera accionista mayor de Mexicana de Aviación, debido a que Gastón Azcárraga desvió hasta 198 millones de pesos de los activos de la aerolínea para destinarlos a su propio beneficio, provocando la quiebra de la compañía.
Derivado de la denuncia promovida por ASPA junto otras indagatorias realizadas por las autoridades fiscales, la PGR decidió imputar el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del empresario mexicano, consignando el expediente ante un juez de procesos penales federales que libró la orden de aprehensión correspondiente con el argumento de que las acusaciones estaban fundadas.
Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal del DF revocó dicha orden de captura en julio del 2014, con el argumento de que el delito de lavado de dinero no se podía aplicar en contra de Gastón Azcárraga, por lo que era inexacta la aplicación de la ley en su contra.
ASPA impugnó la resolución al igual que la PGR, por lo que el asunto llegó al Noveno Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal para revisar la legalidad de dicha sentencia, concluyendo que no se respetó la garantía de audiencia y que es necesario reponer el proceso para que los sindicalistas expongan su punto de vista sobre el desvío que ellos mismos denunciaron.
Derivado de esta resolución, la orden de aprehensión librada el 15 de febrero de 2014 por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, Rubén Darío Noguera Gregoire, vuelve a tener vigencia, por lo que Gastón Azcárraga puede ser detenido en caso de que sea localizado en México.
Contra el ex accionista mayoritario de Mexicana de Aviación existe una segunda orden de aprehensión por el delito de violación a la Ley del Mercado de Valores, ya que presuntamente ocultó los informes financieros de la aerolínea y también presentó ante los accionistas de la misma otros informes que resultaron ser falsos para ocultar una recompra de acciones por 198 millones de pesos.
Cabe recordar que el empresario mexicano actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde inició un juicio migratorio para evitar su deportación a México, por lo que el gobierno norteamericano no ha aceptado una solicitud formal de detención con fines de extradición que presentó nuestro país a través de la PGR.
