13 enero 2014

DEL CORREO DEL BLOG

Que Aeromar no se vende (por ahora) y perfila alianza estratégica con Aeroméxico
Una de las 34 leyes en materia financiera que fueron modificadas como parte de la Reforma Financiera fue la Ley de Concursos Mercantiles. De hecho, es la segunda ocasión que este ordenamiento promulgado por vez primera en septiembre del año 2000 se perfecciona.
De los cambios que plantea destaca la prohibición expresa al Poder Judicial de prorrogar los periodos establecidos en la ley. Se busca evitar expedientes como el de Mexicana, donde el juez Felipe Consuelo Soto extendió el procedimiento más allá de 360 días o un año.
Su sucesora, Edith Encarnación Alarcón Meixueiro, es día en que no decreta la quiebra a más de tres años de que la aerolínea suspendiera operaciones.
Los ajustes a la ley concursal pretenden acotar abusos en los esquemas de créditos intercompañías como sucedió con Vitro. El grupo de Federico Adrián Sada se valió de argucias legales en perjuicio de acreedores, básicamente fondos financieros con la complacencia de la juez Sandra Elizabeth López y el magistrado Claudio Pérez.
La Reforma Financiera incorporó el concepto de “acreedores subordinados”, que incluye a aquellos considerados acreedores intercompañías y señala que no se tomarán en cuenta para el voto del convenio concursal cuando represente 25% o más del monto reconocido.
Sólo podrán votar si se sujetan a los términos del acuerdo que suscriba el resto de los acreedores reconocidos.
Otra compañía que pretendió reestructurar sus adeudos echando mano de los créditos intercompañías fue Entretenimiento de México, la operadora de casinos de los hermanos Juan José Arturo Rojas, quienes fueron apoyados por jueces como Julio César Franco Ávalos Ricardo Hiram Barbosa.
Las modificaciones a la Ley de Concursos Mercantiles también amplían el plazo de retroacción, durante el cual se pueden revisar actos sospechosos de ser en fraude de acreedores únicamente para el caso de actos celebrados con acreedores intercompañías.
Un caso que puso en relieve esa problemática es el concurso de La Covadonga, que fundó Amable González y que hoy llevan sus hijos Antonio Santiago González Gutiérrez. Es el principal comercializador de arroz en el país que cayó en insolvencia en 2009 y su proceso sigue abierto.
Con relación al concurso mercantil con acuerdo previo, las modificaciones prevén que se podrá designar a un conciliador que no figure en el registro del Ifecom, que dirige Griselda Nieblas. Bastará que lo acuerden la empresa y los titulares de cuando menos la mayoría simple del total de los adeudos del comerciante. Ya le refería la posibilidad de que los acreedores inyecten “créditos de emergencia” para preservar la marcha del negocio y el valor de la empresa en concurso mercantil. Estos préstamos, que se ven como medida para proteger los intereses de los acreedores, serán tratados como privilegiados para efectos de prelación en su pago.
También hay todo un apartado que busca evitar abusos contra las empresas en concurso, estableciéndose un sistema de responsabilidades para los administradores y empleados relevantes del comerciante cuando le causen daño patrimonial.