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Opinión de (Rosario Avilés) |
Los otros (verdaderos) acreedores
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or estos días se espera una resolución de la juez Edith Alarcón sobre
el tema del MRO del que tanto se ha escrito aquí y allá sin que existan
certezas de lo que pueda ocurrir, sobre todo porque cada quien tiene una
versión distinta, aunque las minutas de las reuniones muestren a las
claras que nadie está de acuerdo con los que los demás proponen.
Lo cierto, sin embargo, es que todos los acreedores convocados por el juzgado quisieran resarcir sus quebrantos con este único activo que ha seguido operando y que aunque algunos de ellos pudieran tener sus buena razones y derechos, aquí se está olvidando a los otros acreedores, a los más vulnerables aunque sean los que tienen más derechos sobre los bienes que quedan y quienes han sufrido en su persona, su patrimonio y su trabajo las consecuencias de malas decisiones y de pésimos manejos que ninguna autoridad tiene los arrestos de investigar.
El asunto es que en las reuniones que se están celebrando para revisar el caso del MRO han estado presentes los acreedores “formales”, a saber:
Tenedora K, a quien debemos nada más y nada menos que Mexicana haya dejado de volar a fines de agosto de 2010. Las razones para esta decisión nunca fueron explicadas, aunque es obvio que en principio los accionistas de esa extraña razón social vieron inmediatamente, que lo que pensaban que iba a ser un jugoso negocio por el flujo de efectivo que suele manejar una aerolínea no iba a ser tal, ya que todo el dinero entraba directo a los fideicomisos para pagar las deudas que contrajo Grupo Posadas.
En un estado de derecho esta simple decisión hubiera motivado la intervención inmediata de las autoridades competentes, las cuales por cierto ni siquiera se enteraron de que las concesiones federal para prestar servicios de transportación aérea estaban siendo objeto de comercio al margen no sólo del Concurso Mercantil, sino de la necesaria vigilancia que debieron haber tenido los entonces funcionarios para aprobar o desaprobar el cambalache de acciones.
Ese debería ser un motivo suficiente para que la Procuraduría General de la República (PGR) y en particular, la subprocuraduría especial de investigación de delitos federales que “no ve motivos para molestar” a Juan Molinar Horcasitas, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, ya lo tuviera consignado por no cumplir con el deber que marca la Constitución General de la República y la Ley de Aviación Civil.
Bancomext y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México les dieron créditos a los administradores de Mexicana aun a sabiendas de que no los podían honrar. Hasta la Auditoría Superior de la Federación lo consignó así después de investigar el caso específico del crédito de Bancomext, razón que también debería ser motivo de una investigación y, si procede, sanción.
Banorte, en fin, tiene pignoradas las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico por un crédito que originalmente fue otorgado por Inbursa y que Banorte refinanció a NGA través de una empresa denominada Servicios Gamma en abril del 2008, precisamente cuando empezó la acelerada descapitalización de la aerolínea, pero que estaban directamente atados a los flujos de venta de boletos. Nunca se ha sabido qué fue de los fideicomisos que captaban esos flujos.
Todos estos actores han sido convidados a decidir el futuro del MRO, una empresa que fue desvinculada de los activos de Mexicana de Aviación pero que nació y creció a sus expensas y que forma parte de los activos de Nuevo Grupo Aeronáutico, depositaria de todas las empresas que fueron desincorporadas a Mexicana para mejor esquilmarla.
Pero los otros acreedores, los trabajadores de la empresa, no sólo no han sido invitados a una fiestecita donde se quiere decidir el futuro de la única entidad que puede resarcir en algo sus pérdidas, sino que los jaloneos van más en el sentido de quién de ellos se quedara con la parte del león. Los trabajadores son quienes deben recibir el justo valor por lo que contribuyeron a crear y engrandecer de lo que hoy queda de la Primera Línea Aérea de la Latinoamérica.
Los otros acreedores somos los ciudadanos. Durante años el pueblo de México, a través de sus impuestos, apoyó los rescates de las empresas que fueron del Estado y lo hizo confiado en que nuestras aerolíneas nacionales darían empleo de calidad a nuestros profesionales de la aviación.
Hoy las cosas se han desvirtuado al grado que los sindicatos de protección son la norma y no la excepción y quienes luchan por defender la calidad de los empleos de los trabajadores de alta especialización son atacados por hacerlo. Uno de estos sindicatos es el de sobrecargos, cuyos dirigentes han continuado en la defensa de los contratos colectivos siguiendo los cauces legales y de una justa definición en el caso del Concurso Mercantil de Mexicana, por más que se han usado muchas argucias legales para impedir que salga adelante.
Más que denostar la labor de los sindicatos aéreos habría que ponderar la importancia de tener voces críticas en un asunto tan delicado como es la operación técnica aeronáutica. Es un valor que por desgracia no todas las aerolíneas tienen.
Lo oí en 123.45: Y además: se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
raviles_2@prodigy.net.mx
Lo cierto, sin embargo, es que todos los acreedores convocados por el juzgado quisieran resarcir sus quebrantos con este único activo que ha seguido operando y que aunque algunos de ellos pudieran tener sus buena razones y derechos, aquí se está olvidando a los otros acreedores, a los más vulnerables aunque sean los que tienen más derechos sobre los bienes que quedan y quienes han sufrido en su persona, su patrimonio y su trabajo las consecuencias de malas decisiones y de pésimos manejos que ninguna autoridad tiene los arrestos de investigar.
El asunto es que en las reuniones que se están celebrando para revisar el caso del MRO han estado presentes los acreedores “formales”, a saber:
Tenedora K, a quien debemos nada más y nada menos que Mexicana haya dejado de volar a fines de agosto de 2010. Las razones para esta decisión nunca fueron explicadas, aunque es obvio que en principio los accionistas de esa extraña razón social vieron inmediatamente, que lo que pensaban que iba a ser un jugoso negocio por el flujo de efectivo que suele manejar una aerolínea no iba a ser tal, ya que todo el dinero entraba directo a los fideicomisos para pagar las deudas que contrajo Grupo Posadas.
En un estado de derecho esta simple decisión hubiera motivado la intervención inmediata de las autoridades competentes, las cuales por cierto ni siquiera se enteraron de que las concesiones federal para prestar servicios de transportación aérea estaban siendo objeto de comercio al margen no sólo del Concurso Mercantil, sino de la necesaria vigilancia que debieron haber tenido los entonces funcionarios para aprobar o desaprobar el cambalache de acciones.
Ese debería ser un motivo suficiente para que la Procuraduría General de la República (PGR) y en particular, la subprocuraduría especial de investigación de delitos federales que “no ve motivos para molestar” a Juan Molinar Horcasitas, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, ya lo tuviera consignado por no cumplir con el deber que marca la Constitución General de la República y la Ley de Aviación Civil.
Bancomext y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México les dieron créditos a los administradores de Mexicana aun a sabiendas de que no los podían honrar. Hasta la Auditoría Superior de la Federación lo consignó así después de investigar el caso específico del crédito de Bancomext, razón que también debería ser motivo de una investigación y, si procede, sanción.
Banorte, en fin, tiene pignoradas las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico por un crédito que originalmente fue otorgado por Inbursa y que Banorte refinanció a NGA través de una empresa denominada Servicios Gamma en abril del 2008, precisamente cuando empezó la acelerada descapitalización de la aerolínea, pero que estaban directamente atados a los flujos de venta de boletos. Nunca se ha sabido qué fue de los fideicomisos que captaban esos flujos.
Todos estos actores han sido convidados a decidir el futuro del MRO, una empresa que fue desvinculada de los activos de Mexicana de Aviación pero que nació y creció a sus expensas y que forma parte de los activos de Nuevo Grupo Aeronáutico, depositaria de todas las empresas que fueron desincorporadas a Mexicana para mejor esquilmarla.
Pero los otros acreedores, los trabajadores de la empresa, no sólo no han sido invitados a una fiestecita donde se quiere decidir el futuro de la única entidad que puede resarcir en algo sus pérdidas, sino que los jaloneos van más en el sentido de quién de ellos se quedara con la parte del león. Los trabajadores son quienes deben recibir el justo valor por lo que contribuyeron a crear y engrandecer de lo que hoy queda de la Primera Línea Aérea de la Latinoamérica.
Los otros acreedores somos los ciudadanos. Durante años el pueblo de México, a través de sus impuestos, apoyó los rescates de las empresas que fueron del Estado y lo hizo confiado en que nuestras aerolíneas nacionales darían empleo de calidad a nuestros profesionales de la aviación.
Hoy las cosas se han desvirtuado al grado que los sindicatos de protección son la norma y no la excepción y quienes luchan por defender la calidad de los empleos de los trabajadores de alta especialización son atacados por hacerlo. Uno de estos sindicatos es el de sobrecargos, cuyos dirigentes han continuado en la defensa de los contratos colectivos siguiendo los cauces legales y de una justa definición en el caso del Concurso Mercantil de Mexicana, por más que se han usado muchas argucias legales para impedir que salga adelante.
Más que denostar la labor de los sindicatos aéreos habría que ponderar la importancia de tener voces críticas en un asunto tan delicado como es la operación técnica aeronáutica. Es un valor que por desgracia no todas las aerolíneas tienen.
Lo oí en 123.45: Y además: se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
raviles_2@prodigy.net.mx
