Opinión de (Rosario Avilés) |
De focos amarillos y focos rojos
Siempre que suceden accidentes o cuando las cosas que valen la pena
—como inversiones o donativos— se atoran, salen a relucir las carencias
que tienen nuestra infraestructura y la gestión administrativa que la
asiste. Hace años que la situación de la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) es crítica. El problema es que las alarmas se
siguen acumulando.
Sin ir más lejos, el viernes pasado volvió a desplomarse un helicóptero, esta vez en San Luis Potosí, y como resultado fallecieron 5 personas, entre ellos el piloto, Alejandro Lizárraga, el ex candidato del PRI a la gubernatura de Guanajuato, Juan Ignacio Torres Landa; Manuel Palacios Alcocer, hermano del ex presidente del PRI, Mariano Palacios Alcocer y el empresario inmobiliario Jorge Oleszcovski, así como su hijo Jaime.
Más allá de que las investigaciones arrojen las causas probables y los factores contribuyentes (¿quién sustituye al director de Investigaciones de la DGAC, Jorge Gallegos?), llaman la atención las características del aparato: la matrícula Néctar de la aeronave (N207JA) y su antigüedad: Bell 206B # de serie 3118, propietario: AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE (corporation) - PO BOX 2549 ONALASKA, TX, 77360, US; el año de fabricación: 1980, número de asientos: 5, monomotor (turbina).
Es decir, el tema de la seguridad en el espacio aéreo mexicano sigue siendo de pronóstico reservado. ¿Va usted a volar en una aeronave privada? Tenga cuidado porque desde hace varios años que se tolera que las aeronaves de matrícula Néctar (N, de los Estados Unidos) se internen en el país como temporales y una vez aquí prestan servicios de taxi aéreo en condiciones que en su país serían absolutamente inaceptables. (Remember Jenny Rivera).
Habrá que estar pendientes de las investigaciones, pero es posible que —a diferencia de lo que ocurre en los países avanzados— sea difícil que se dé a conocer el reporte final y que se llegue a determinar cuáles eran las condiciones reales del aparato: mantenimiento, bitácoras, capacitación en SMS y CEFIT, empresa que lo rentaba, y un largo etcétera.
El riesgo es que, tal como ocurre con quienes no pueden defenderse, la rápida y contundente aseveración de “fue error del piloto” sirva para lavar conciencias. Una mala manera de abordar mal el verdadero problema: cuando hay un accidente no falla una persona, falla un sistema y encontrar las fallas, documentarlas y establecer recomendaciones QUE SE CUMPLAN, es crítico e indispensable para corregir los errores desde su raíz.
En otro caso crítico, hace un año un grupo de médicos de Tucson, Arizona, llamados “Samaritanos Voladores” enviaron una carta dirigida a quien corresponda de la DGAC para solicitar que se le otorgue al Aeródromo de Laguna San Ignacio, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, la renovación de su permiso de operación pues hace dos años que está en la indefinición, pues los trámites para obtener el permiso se han repetido una y otra vez y la DGAC vuelve a pedir los mismos papeles que ya fueron entregados.
El asunto es que este grupo de médicos opera una clínica GRATUITA a beneficio de una población que no es atendida por nuestro sistema de salud, y han donado no sólo las instalaciones y los carísimos aparatos de radiología y diagnóstico de diversos tipos, sino que estos profesionales estadunidenses de la salud vienen voluntariamente a prestar sus servicios, pero llegan por vía aérea al aeródromo que hoy está cerrado porque la oficina de aeropuertos de la DGAC, a cargo de Jorge Romero, tarda tanto en responder (más o menos 4 meses) que los requisitos solicitados se vencen antes de que el expediente sea turnado a los encargados de expedir la autorización.
El aeródromo “Rancho San Cristóbal RCX” (que no tiene nada qué ver con el ex presidente que promociona la verde) lleva dos años en el calvario de la burocracia. No sólo atiende a los médicos, sino a los turistas y pobladores de la región, que viven precisamente del turismo.
Este poblado no tiene electricidad, ni agua potable, ni servicio médico, es más: no tiene carretera porque hace 8 años que se empezó a construir una de 60 kilómetros y le faltan 20 todavía para ser inaugurada. Lo que sí tiene son ballenas que atraen a turistas (casi el 100 por ciento extranjeros), el 50 por ciento de los cuales utiliza la vía aérea y, obvio, requieren el aeródromo.
Según datos oficiales, Baja California Sur tiene 46 aeropistas, de las cuales sólo 16 tienen permiso vigente, de los 30 restantes 15 están en trámite de renovación y los otros 15 ya se cansaron de esperar y cerraron. Ahora que queremos traer turistas deberíamos empezar por arreglar estos problemas. El rezago es monumental, pero es urgente que esas oficinas se reestructuren, reciban presupuesto, se institucionalicen y empiecen a funcionar como Dios manda (o al menos, como Dios sugiere).
Lo oí en 123.45: para checar más datos de la clínica, véase http://www.flyingsamaritansaz.org/tucson/LSI.html. Y además: se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio
raviles_2@prodigy.net.mx