Admiten no tener fondos para Mexicana
El 15 de octubre, habían dado a Barona un plazo de 45 días hábiles para acreditar la existencia de recursos suficientes para capitalizar a la firma
Víctor Fuentes
La jueza no ha cancelado oficialmente a Barona como inversionista reconocido, como sí hizo previamente con el español Christian Cadenas. Foto: Archivo
Cd. de México, México (02 enero 2013).- Mexicana de Aviación se encuentra nuevamente en riesgo de quiebra, luego de que Iván Barona, el inversionista designado por la jueza federal que lleva su concurso mercantil, admitió que no puede acreditar que tiene al menos 100 millones de dólares disponibles en un banco nacional para el rescate de la empresa.
La jueza Edith Alarcón rechazó una serie de peticiones de Barona, quien según el acuerdo notificado el 31 de diciembre, está imposibilitado para acreditar la disponibilidad dentro del plazo señalado de 100 millones de dólares visibles en un ente financiero nacional y etiquetados de forma particular para adquirir y capitalizar a Compañía Mexicana de Aviación.
El 15 de octubre, Alarcón había otorgado a Barona un plazo de 45 días hábiles para acreditar la existencia de estos recursos. El plazo debió vencer la semana pasada, aunque la jueza hasta ahora no ha notificado dicha conclusión.
En un escrito presentado la semana pasada, Barona exigió a la jueza que reconozca la validez de una "letra de cambio internacional" que según él acredita su solvencia, y también pidió que se ordene al administrador de Mexicana, José Gerardo Badín, que emita los comunicados y oficios necesarios para que el inversionista realice un depósito condicionado en garantía o escrow deposit en Estados Unidos.
Barona también acusó que no se le ha permitido el acceso prometido a la información contable, financiera, técnica y operativa de Mexicana, lo que habría generado incertidumbre entre sus fondeadores.
Pero la jueza rechazó categóricamente las peticiones y acusaciones de Barona.
"Se pretende que esta autoridad judicial, sin sustento de ningún tipo, efectúe una declaración de validez y autenticidad de una letra de cambio internacional, como instrumento líquido y útil para la obtención de créditos bancarios, lo cual ciertamente es notoria y legalmente improcedente", replicó Alarcón.
Sobre la supuesta falta de acceso a la información sobre Mexicana, la jueza sostuvo que Badín ha dado toda su colaboración al personal designado por Barona para dicha revisión, a grado tal que aquel ha hecho varias presentaciones audiovisuales, entregó dispositivos electrónicos con toda la base de datos de la empresa, e incluso permitió el acceso a la plataforma informática de la aerolínea.
Alarcón también rechazó alegatos de Barona en el sentido de que no tiene aún los fondos por las vacaciones de los bancos en Europa, y aclaró que ella, y no Badín, es la única autoridad que puede decidir cómo se acreditará la solvencia para el rescate de Mexicana.
"Se reitera a la parte inversionista, que quedan expeditos sus derechos para realizar las acciones tendentes a cumplimentar puntualmente lo ordenado por auto de 15 de octubre de 2012", concluye el acuerdo.
La jueza no ha cancelado oficialmente a Barona como inversionista reconocido, como sí hizo previamente con el español Christian Cadenas. En 2011, Barona ya había incumplido una primera oferta de rescate.
Mexicana lleva 27 meses en concurso mercantil, 15 meses más que el tope previsto en la ley para declarar la quiebra.
La jueza Edith Alarcón rechazó una serie de peticiones de Barona, quien según el acuerdo notificado el 31 de diciembre, está imposibilitado para acreditar la disponibilidad dentro del plazo señalado de 100 millones de dólares visibles en un ente financiero nacional y etiquetados de forma particular para adquirir y capitalizar a Compañía Mexicana de Aviación.
El 15 de octubre, Alarcón había otorgado a Barona un plazo de 45 días hábiles para acreditar la existencia de estos recursos. El plazo debió vencer la semana pasada, aunque la jueza hasta ahora no ha notificado dicha conclusión.
En un escrito presentado la semana pasada, Barona exigió a la jueza que reconozca la validez de una "letra de cambio internacional" que según él acredita su solvencia, y también pidió que se ordene al administrador de Mexicana, José Gerardo Badín, que emita los comunicados y oficios necesarios para que el inversionista realice un depósito condicionado en garantía o escrow deposit en Estados Unidos.
Barona también acusó que no se le ha permitido el acceso prometido a la información contable, financiera, técnica y operativa de Mexicana, lo que habría generado incertidumbre entre sus fondeadores.
Pero la jueza rechazó categóricamente las peticiones y acusaciones de Barona.
"Se pretende que esta autoridad judicial, sin sustento de ningún tipo, efectúe una declaración de validez y autenticidad de una letra de cambio internacional, como instrumento líquido y útil para la obtención de créditos bancarios, lo cual ciertamente es notoria y legalmente improcedente", replicó Alarcón.
Sobre la supuesta falta de acceso a la información sobre Mexicana, la jueza sostuvo que Badín ha dado toda su colaboración al personal designado por Barona para dicha revisión, a grado tal que aquel ha hecho varias presentaciones audiovisuales, entregó dispositivos electrónicos con toda la base de datos de la empresa, e incluso permitió el acceso a la plataforma informática de la aerolínea.
Alarcón también rechazó alegatos de Barona en el sentido de que no tiene aún los fondos por las vacaciones de los bancos en Europa, y aclaró que ella, y no Badín, es la única autoridad que puede decidir cómo se acreditará la solvencia para el rescate de Mexicana.
"Se reitera a la parte inversionista, que quedan expeditos sus derechos para realizar las acciones tendentes a cumplimentar puntualmente lo ordenado por auto de 15 de octubre de 2012", concluye el acuerdo.
La jueza no ha cancelado oficialmente a Barona como inversionista reconocido, como sí hizo previamente con el español Christian Cadenas. En 2011, Barona ya había incumplido una primera oferta de rescate.
Mexicana lleva 27 meses en concurso mercantil, 15 meses más que el tope previsto en la ley para declarar la quiebra.
