Uno de los problemas de la gestión administrativa del gobierno
calderonista fue la opacidad con que se manejaron muchos asuntos y,
sobre todo, la forma como se torcieron las leyes y los procedimientos
judiciales. El caso de Florence Cassez no fue la excepción, sino la
norma, y la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia sólo
vino a desnudar una situación que ha lastimado grandemente a la sociedad
mexicana.
El partido que prometió “un México sin mentiras” y pugnaba por el
establecimiento del estado de derecho fue el primero en traicionar sus
propuestas. Llama la atención, sin duda, que en el caso de la francesa
dos presidentes de aquel país, con sus funcionarios y la opinión
pública, hayan respaldado absolutamente a su compatriota.
Y llama la atención que desde México se haya facilitado su
repatriación, al grado de movilizar desde los agentes de Tránsito hasta
los funcionarios de migración, en un acto que parecía más película de
Hollywood que un procedimiento judicial. Algo hay en el caso Cassez que
los mexicanos no sabemos.
Lo mismo ocurre en el tema de Mexicana de Aviación. No es posible que
30 meses después de que Grupo Posadas haya solicitado el Concurso
Mercantil sea la hora en que ni los trabajadores, ni los funcionarios
actuales, ni el pueblo de México, sepamos qué fue exactamente lo que
sucedió y por qué no hay ningún responsable del desfalco y el fraude a
los trabajadores, los usuarios y los inversionistas en la cárcel.
El hoy directivo del Grupo Posadas, Pablo Azcárraga, se dio el lujo de
decir hace unos días que el tema de Mexicana estaba zanjado para ellos y
que no había representado prácticamente ningún problema. Claro, el
problema fue al revés: al adquirir la aerolínea en el 2005, Grupo
Posadas reportaba ingresos por 5,121 millones de pesos, mientras
Mexicana de Aviación generaba 18,202 millones y esta relación desigual
se mantuvo hasta el 2009, justo antes de que el grupo hotelero (o sus
representantes) terminaran por engullirse a la otrora Primer Línea Aérea
de Latinoamérica.
¿Dónde quedó el dinero? ¿Quién se quedó con los recursos de los
préstamos y de las ingenierías financieras que desmantelaron a la
empresa emblema de la aviación mexicana? Esto sigue siendo un misterio
sin resolver y la opacidad, el desfalco, el cinismo de los involucrados
sigue lastimando a los mexicanos, en particular a los trabajadores de la
empresa.
Juan Molinar Horcasitas, ex titular de la SCT y hoy conspicuo militante
blanquiazul, se rasga las vestiduras por la decisión de la SCJN en el
“affaire” Cassez, pero no tuvo empacho en permitir que una concesión
federal fuera desmantelada en perjuicio de tantos mexicanos y en dejar
que esa misma concesión fuera traspasada por supuestos mil pesos a una
empresa fantasma que sin permiso oficial de nadie hoy detenta las
acciones de una aerolínea nacional, sin que la autoridad (él en aquel
momento) haya cuestionado semejante traspaso.
Una forma de empezar a deshacer ese entuerto sería revertir ese ilegal
proceso, pasarle a los verdaderos responsables la factura del desfalco
al erario (al menos 5,000 millones de pesos que los directivos de
Mexicana le quedaron a deber a las dependencias de gobierno) y permitir
que —sin esas cargas indignas e ilegales— Mexicana regrese a volar y
vuelva a darle a este país la conectividad que perdió.
Y además, este país necesita la verdad. Necesita saber por qué no hubo
autoridad que diera seguimiento a los lineamientos de venta de esa
empresa por parte del IPAB (gobierno corporativo, rendición de cuentas) y
hacer responsables a los funcionarios del gobierno de Calderón por las
violaciones a la Constitución y las leyes en materia de aviación.
Este país necesita justicia, necesita transparencia y rendición de
cuentas, y necesita que desaparezca la impunidad. Si el gobierno de Peña
Nieto quiere hacer la diferencia, si de verdad quiere proteger a las
víctimas de los atropellos, restaurar el orden, desarrollar la
conectividad aérea para impulsar el desarrollo regional, restaurar el
prestigio internacional del país y ampliar la competitividad económica,
se debe promover el regreso de Mexicana.
El solo hecho de que dos jueces de lo concursal hayan preservado el
patrimonio de esta aerolínea habla del enorme respeto que suscita su
historia y la capacidad de sus integrantes y del tamaño de la infamia
que se ha querido cometer con ella. Todavía están a tiempo.
Lo oí en 123.45: Pues parece que el asunto del Boeing 787, Dreamliner,
no ha resultado muy sencillo. La Junta Federal de Seguridad en el
Transporte de los Estados Unidos (NTSB) sigue sin hallar la causa de los
desperfectos en la UPA de esta aeronave del siglo XXI. Según los
pronósticos de los especialistas, el caso demorará aún más tiempo del
previsto. Ni hablar: esperaremos noticias
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