David Páramo
En la comunidad aeronáutica hay una suerte de preocupación sobre el futuro
inmediato de la aviación mexicana.
Desde antes del cambio de gobierno habían comenzado a correr rumores en el
sentido de que la FAA podría volver a degradar a las autoridades mexicanas, como
ocurrió entre julio y diciembre de 2010. Las versiones han retomado una mayor
fuerza a raíz del trágico accidente en el que siete personas perdieron la vida
el fin de semana.
En aquel entonces la autoridad aeronáutica de Estados Unidos sancionó a la
Dirección General de Aeronáutica Civil (no a ninguna de las líneas aéreas que
operan en el país) acusándola de fallas en los procedimientos de verificación de
licencias de aviones y tripulaciones, una supervisión indebida de las
operaciones aeronáuticas, puesto que se concentraban demasiado en ver papeles y
muy poco en las inspecciones físicas.
A muchos sorprendió que la autoridad estadunidense sólo hiciera una
suspensión de tan poco tiempo, ya que las experiencias más rápidas habían sido
en Corea y Argentina, donde se llegó a sanciones cercanas a los dos años.
En aquel momento la SCT, que todavía era encabezada por Juan Molinar
Horcasitas, realizó una serie de promesas y compromisos según los
cuales se aumentaría no sólo el número de inspectores, que sigue siendo una
cantidad verdaderamente baja, sino que se interactuaría de una mejor manera en
la aplicación de las normas.
En las líneas aéreas comerciales realmente no existe ningún problema de
certificación en México, en buena medida porque algunas de ellas operan en
Estados Unidos y cumplen aquellas normas, y en otra por la prudencia con la que
operan las empresas mexicanas.
Sin embargo, parecería que más allá de las promesas muy poco cambiaron las
fórmulas a través de las cuales se revisa la posibilidad de volar de los
aviones, especialmente en el segmento conocido como aviación privada.
Desde afuera se ve a este tipo de aviación como las naves de empresas o de
millonarios que son dueños de uno o varios aviones que usan para su uso
personal; sin embargo, ha crecido un segmento de negocios que, aparentemente, no
está suficientemente regulado.
Se trata de los llamados aerotaxis o las empresas que rentan sus naves a
clientes privados. Es un mercado poco supervisado, en el cual hay muchas
operaciones con dinero en efectivo.
Se pueden conseguir precios en grupos de más de diez personas teniendo los
contactos adecuados, que rondan las tarifas de las líneas aéreas
comerciales.
Ciertamente se lleva control de los vuelos, puesto que se registran en las
terminales aéreas, pero en el fondo existe una gran manga ancha para
operarlos.
Vamos, entre los que fallecieron había un pasajero que no se registró con su
nombre completo, como debe ser obligación de todos los que abordan una nave de
este tipo.
Otro de los problemas serios que enfrentan es que muchos de los aviones son
desechos de otros lados del mundo o tienen vidas útiles muy largas. Vamos, se ha
vuelto sumamente barato conseguir uno de estos equipos, tomar una tripulación y
usarlo como taxi.
El avión del accidente del sábado era modelo 1969, cuando no se utilizaba la
caja negra y la DGAC no tiene evidencia si contaba o no con ese dispositivo que
facilita las investigaciones en caso de accidente.
Orientación
Es evidente que en el equipo de Gerardo Ruiz Esparza no
había una especial preocupación sobre la llamada aviación privada.
De hecho, todos los reflectores estaban concentrados en cómo intervendría la
nueva administración en la siguiente etapa en la historia de Mexicana de
Aviación, donde se está buscando una quiebra ordenada y que regrese la empresa
bajo algún esquema verdaderamente pequeño.
Sin embargo, el accidente aéreo del domingo en la mañana prende una gran
cantidad de focos rojos en torno a lo que está pasando en la aviación privada en
México.
Hoy es muy prematuro e irresponsable hacer cualquier especulación sobre las
causas y razones del accidente aéreo del domingo. Se tendrá que esperar a que
terminen las investigaciones que, obviamente, llevarán más de diez días.
No queda duda, puesto que ha sido la tradición nacional, que se realizará una
investigación profesional y que se encontrarán las causas del accidente; sin
embargo, no es suficiente.
El nuevo director de la DGAC, Alejandro Argudín, no sólo
será probado por su capacidad para enfrentar este accidente, lo que resulta
urgente, sino por el orden que ponga en la aviación privada, que es lo
importante.
El riesgo no sólo está dado en función de que se vuelva a degradar a la
autoridad mexicana sino, también, que se pierdan innecesariamente más vidas.
