Empresa | Alberto Barranco
Mexicana, al próximo sexenio
Al margen de si la empresa española Med Atlántica exhiba hoy, al vencimiento del ultimátum colocado en la mesa por la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, las pruebas de solvencia para rescatar a la línea aérea, el caso se alargará hasta la llegada del nuevo gobiernoMartes 09 de octubre de 2012 La empresa, de plano, ha doblado las manos frente a la cerrazón del actual régimen para permitirle regresar a las pistas. La conclusión de tirios y troyanos es que hay consigna en su contra ante la gama de intereses en juego.
La posibilidad del paréntesis la abrió una conversación entre la dirigencia de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores con el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, a quien se ubica en la imaginaria como próximo secretario de Gobernación.
El último capítulo del cuello de botella oficial se ubica en la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgarle el Certificado que le autorice para operar a la línea aérea, por más que se ha cumplido con creces con la documentación exigida.
De hecho, en marzo del 2011 la dependencia había señalado que la empresa estaba en condiciones de volver a las pistas.
El pretexto es, justo, el que no se ha garantizado la colocación en un fideicomiso bancario de los 250 millones de dólares que se requieren como mínimo para reactivar la maquinaria.
Lo curioso del caso es que los funcionarios habían declarado cien veces que ése era un problema entre particulares. Nosotros, se dijo, sólo atendemos los asuntos técnicos.
El caso es que, en el círculo vicioso, los inversionistas se mosquearon de jugar el volado, considerando que la autoridad no ha dado muestras fehacientes de voluntad política para que vuelva a operar la compañía.
En la larga carrera de obstáculos ha habido de todo. Desde balconear los nombres de los posibles socios hasta enviarles auditorías, pasando por pedir la remoción del juez del concurso mercantil, y recientemente la del conciliador y administrador de la línea aérea.
Utilizando como ariete al abogado del despacho White & Case, Vicente Corta, a quien se quiso imponer como una suerte de supervisor del proceso, pese al conflicto de interés que plantea su relación con Aeroméxico, se dijo que la actuación del conciliador había sido desastrosa.
Entre los cargos colocados en la mesa, se aducía que no había modelo de negocio para la compañía cuyas acciones las vendió su anterior dueño a la Tenedora K, dejando tirada la mesa; que no existían opciones de reestructura en lo laboral, en lo operativo y lo financiero.
La andanada hablaba también de falta de transparencia, es decir carencia de reportes a la juez de la causa, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, además de los posibles inversionistas.
Adicionalmente, se aducía que no existía un convenio concursal para regresarle la viabilidad financiera a la compañía; que no se había entregado la documentación para el Certificado de vuelo, y que no se había hecho nada para que operara a la empresa.
El caso es que la jueza, a quien le responde el conciliador como una suerte de auxiliar, desmintió una por una las acusaciones, ratificando a éste en el cargo, lo que provocó molestia a la autoridad.
Anteriormente, en otra de las maniobras, se había intentado sustituir al administrador y conciliador, o colocarlo como cuña, vía Humberto Murrieta, con la novedad de que al paso de éste por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes acumuló dos amonestaciones públicas y dos suspensiones por violaciones a las leyes y a la normatividad presupuestal, además de incumplir con su declaración patrimonial.
Entre las acusaciones que pesan contra éste está el de haber enajenado carteras crediticias, además de bienes inmuebles, a empresas de su propiedad, entre ellas Sayer LTB, manejadas por prestanombres.
La paradoja del caso es que de romperse los frágiles hilos que impiden la quiebra de Mexicana, el principal afectado sería el gobierno, al quedarse en el aire adeudos fiscales por más de mil 500 millones de pesos, y deudas con entidades públicas por otro tanto.
De hecho, los activos de la compañía apenas alcanzarían para cubrir el pasivo laboral, considerando que los trabajadores estarían en primer lugar en la fila cuando se alcanzara tal escenario.
Mexicana al próximo sexenio.
La posibilidad del paréntesis la abrió una conversación entre la dirigencia de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores con el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, a quien se ubica en la imaginaria como próximo secretario de Gobernación.
El último capítulo del cuello de botella oficial se ubica en la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgarle el Certificado que le autorice para operar a la línea aérea, por más que se ha cumplido con creces con la documentación exigida.
De hecho, en marzo del 2011 la dependencia había señalado que la empresa estaba en condiciones de volver a las pistas.
El pretexto es, justo, el que no se ha garantizado la colocación en un fideicomiso bancario de los 250 millones de dólares que se requieren como mínimo para reactivar la maquinaria.
Lo curioso del caso es que los funcionarios habían declarado cien veces que ése era un problema entre particulares. Nosotros, se dijo, sólo atendemos los asuntos técnicos.
El caso es que, en el círculo vicioso, los inversionistas se mosquearon de jugar el volado, considerando que la autoridad no ha dado muestras fehacientes de voluntad política para que vuelva a operar la compañía.
En la larga carrera de obstáculos ha habido de todo. Desde balconear los nombres de los posibles socios hasta enviarles auditorías, pasando por pedir la remoción del juez del concurso mercantil, y recientemente la del conciliador y administrador de la línea aérea.
Utilizando como ariete al abogado del despacho White & Case, Vicente Corta, a quien se quiso imponer como una suerte de supervisor del proceso, pese al conflicto de interés que plantea su relación con Aeroméxico, se dijo que la actuación del conciliador había sido desastrosa.
Entre los cargos colocados en la mesa, se aducía que no había modelo de negocio para la compañía cuyas acciones las vendió su anterior dueño a la Tenedora K, dejando tirada la mesa; que no existían opciones de reestructura en lo laboral, en lo operativo y lo financiero.
La andanada hablaba también de falta de transparencia, es decir carencia de reportes a la juez de la causa, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, además de los posibles inversionistas.
Adicionalmente, se aducía que no existía un convenio concursal para regresarle la viabilidad financiera a la compañía; que no se había entregado la documentación para el Certificado de vuelo, y que no se había hecho nada para que operara a la empresa.
El caso es que la jueza, a quien le responde el conciliador como una suerte de auxiliar, desmintió una por una las acusaciones, ratificando a éste en el cargo, lo que provocó molestia a la autoridad.
Anteriormente, en otra de las maniobras, se había intentado sustituir al administrador y conciliador, o colocarlo como cuña, vía Humberto Murrieta, con la novedad de que al paso de éste por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes acumuló dos amonestaciones públicas y dos suspensiones por violaciones a las leyes y a la normatividad presupuestal, además de incumplir con su declaración patrimonial.
Entre las acusaciones que pesan contra éste está el de haber enajenado carteras crediticias, además de bienes inmuebles, a empresas de su propiedad, entre ellas Sayer LTB, manejadas por prestanombres.
La paradoja del caso es que de romperse los frágiles hilos que impiden la quiebra de Mexicana, el principal afectado sería el gobierno, al quedarse en el aire adeudos fiscales por más de mil 500 millones de pesos, y deudas con entidades públicas por otro tanto.
De hecho, los activos de la compañía apenas alcanzarían para cubrir el pasivo laboral, considerando que los trabajadores estarían en primer lugar en la fila cuando se alcanzara tal escenario.
Mexicana al próximo sexenio.
