Mexicana, está visto, no volverá a volar
Carlos Ferreyra | Opinión
2012-07-12 | Hora de creación: 23:50:32 | Ultima modificación: 23:50:32
Lo dicho: no pasa semana sin que nos enteremos que hay nuevos y casi insalvables obstáculos para la reestructuración de Mexicana de Aviación. Ya advertíamos hace meses que no era posible compartir la euforia de los ocho mil 500 trabajadores que en algún momento pensaron que el problema estaba resuelto, mientras eran lanzados a la calle ante la indiferencia de las autoridades.
Sintetizando, y así lo publicamos en su oportunidad, “la trama para quebrar a Mexicana de Aviación fue muy bien armada. Siete semanas antes de declararse en quiebra, la empresa anunció el propósito de adquirir una nueva plataforma tecnológica, para la que invertiría 50 millones de dólares, lo que la colocaría a dos años de distancia de cualquier competidor.
“Los problemas de la aerolínea no eran nuevos: Gastón Azcárraga, el triunfador en este asunto, enfrentó en 2005 a los sobrecargos, a quienes pretendió reducirles sus percepciones en 25 por ciento, lo que impidió oportuno amparo logrado por los trabajadores. Seis meses después, el empresario ofreció 200 millones de dólares por Aeroméxico, maniobra que desbarató la Comisión Federal de Competencia.
“En el afán de impulsar la imagen de la empresa, en 2007 se estrenaron uniformes, logos y decoración para las aeronaves, para lo que fueron invertidos 70 millones de pesos pagados a una empresa extranjera de diseños, lo que no fue óbice para que en julio del mismo año buscara reducir 60 por ciento el costo de los contratos colectivos con pilotos, sobrecargos y personal de tierra.
“Un mes después, en agosto, el día 3, se declaró en concurso mercantil. Cuando Azcárraga adquirió la aerolínea, en 2005, los pasivos ascendían a 294 millones de dólares, más 997 millones de dólares por el arrendamiento de aviones. Pese a ello, nacieron y crecieron dos filiales: Click y Link, las que requirieron de 17 millones de dólares.
“Cinco años después, mil 800 trabajadores habían sido despedidos, con un ahorro de 200 millones de dólares, a los que se sumaron otros 80 millones de dólares por la venta de la torre en la colonia Del Valle. Los derechos de marca, avisos comerciales incluyendo logotipos, diseños, lemas y anuncios, fueron transferidos a las dos líneas de conexión nacional que fueron dejadas fuera del conflicto de Mexicana.
“La quiebra, de hecho, puede considerarse un fraude maquinado, porque Gastón Azcárraga y sus empresas, que incluyen hoteles, se benefició de créditos por valor de tres mil millones de pesos otorgados por Bancomext y Banorte, por lo que la Cámara de Diputados exigió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría del Trabajo (por entonces), a cargo de Javier Lozano”.
Posiciones y rutas fueron asignadas a otras líneas aéreas, amparadas para impedir que sean reintegradas a Mexicana.
Hay novedades en el tema. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, sigue negando el certificado de operador aéreo para que la aerolínea vuelva a levantar el vuelo. “No se ha avanzado”, dijo el funcionario después de una reunión a solicitud del juez Felipe Consuelo Soto, cuyo propósito era conocer cómo va la recapitalización de la empresa, que además de los problemas inherentes a la falta de auxilio de las instituciones oficiales, enfrenta adeudos no esperados, como el alquiler durante más de dos años de las posiciones en los aeropuertos, sitios en los que se comercializaban los boletos.
Y el pago de una cifra multimillonaria por impuestos no enterados a la hacienda pública, mismos que fueron dispuestos particularmente por los antiguos propietarios y que ahora trasladaron para su liquidación a quien se haga cargo de la empresa. En este caso hay un delito porque se apropiaron de fondos del erario, dinero que fue generado por los trabajadores mediante pago de impuestos a que estaban obligados.
En un inútil esfuerzo, casi diríamos que para cubrir el expediente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al presidente Felipe Calderón a impedir las maniobra de empresas nacionales y extranjeras que se reparten “los bienes y derechos (slots, rutas e instalaciones, por citar algunos)” en perjuicio de los usuarios que han sufrido un desmesurado aumento de los costos de pasaje aéreo.
De acuerdo con los legisladores, los ataques descarados contra la empresa disimulan el propósito de proteger a Gastón Azcárraga y sus asociados, quienes no sólo se beneficiaron de la sustracción de impuestos, sino además de un crédito de 992 millones de pesos que ahora no tendrán que pagar.
Éste es el punto de quiebre de las negociaciones. Desde la SCT se alentó la organización de un bloque de acreedores conformado por Bancomext, Banorte, ASA y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, grupo con el que Med Atlántica la interesada en la adquisición de la propiedad de la empresa, no ha podido negociar porque cada ocasión que se ha logrado un acuerdo, surgen nuevos adeudos no considerados en las negociaciones anteriores.
Entre tales adeudos, recuérdese la inesperada decisión del director del aeropuerto, Héctor Velázquez, de imponer un cobro de 30 millones de dólares “por uso de las instalaciones” y su compromiso de no permitir que la aerolínea levante el vuelo hasta en tanto no liquide tal cantidad. Por cierto, Velázquez es el mismo que ha sido señalado por las policías antinarcóticos gringas como posible involucrado en este comercio ilegal sin que hasta ahora las autoridades lo investiguen. En esas manos está parte de la decisión para resolver el conflicto.
Quedan pendientes, para posteriores sorpresas, los pagos por combustible “y otros servicios” que no han sido especificados y por lo mismo ni siquiera cuantificados.
Pero la Secretaría de Hacienda también participa en este clarísimo despojo. Tiene lista la documentación para requerir a los compradores la liquidación de mil 500 millones de pesos de los impuestos evadidos, escamoteados o robados, ante la complacencia de las autoridades judiciales que se niegan a fincar cargos contra los responsables de este despojo a la nación.
La reunión del titular de SCT, los representantes de Med Atlántica, el juez a cargo y la Secretaría de Hacienda reafirma la convicción de que la empresa que durante casi noventa años fue orgullo y emblema de la aviación comercial mexicana, nunca más volverá a volar. Para las autoridades la expresión “no hay avance”, descalifica las negociaciones realizadas, entre las cuales queda empantanados los acuerdos con los acreedores, unidos por obra y gracia de quienes deberían pugnar a favor si no de los ex trabajadores, por lo menos de la justicia, que el resultado sería el mismo.
Cabe mencionar que la falta de avances se debe a la embestida de los acreedores, que ahora pretenderían que el juez Felipe Consuelo Soto sea cambiado por un togado más a modo, que no dé tantos problemas como los causados por este impartidor de justicia que ha creído en serio que su papel es estar al lado del derecho y ha rechazado toda componenda. Eso dicen.
Esperaremos el siguiente episodio. Será vergonzoso presenciar si la siguiente administración agarra el toro por los cuernos y resuelve definitivamente este asunto que ha lanzado no sólo al desempleo a muchos trabajadores, sino incluso los ha obligado a buscar nuevos horizontes fuera del país.
carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com
Carlos Ferreyra | Opinión
2012-07-12 | Hora de creación: 23:50:32 | Ultima modificación: 23:50:32
Lo dicho: no pasa semana sin que nos enteremos que hay nuevos y casi insalvables obstáculos para la reestructuración de Mexicana de Aviación. Ya advertíamos hace meses que no era posible compartir la euforia de los ocho mil 500 trabajadores que en algún momento pensaron que el problema estaba resuelto, mientras eran lanzados a la calle ante la indiferencia de las autoridades.
Sintetizando, y así lo publicamos en su oportunidad, “la trama para quebrar a Mexicana de Aviación fue muy bien armada. Siete semanas antes de declararse en quiebra, la empresa anunció el propósito de adquirir una nueva plataforma tecnológica, para la que invertiría 50 millones de dólares, lo que la colocaría a dos años de distancia de cualquier competidor.
“Los problemas de la aerolínea no eran nuevos: Gastón Azcárraga, el triunfador en este asunto, enfrentó en 2005 a los sobrecargos, a quienes pretendió reducirles sus percepciones en 25 por ciento, lo que impidió oportuno amparo logrado por los trabajadores. Seis meses después, el empresario ofreció 200 millones de dólares por Aeroméxico, maniobra que desbarató la Comisión Federal de Competencia.
“En el afán de impulsar la imagen de la empresa, en 2007 se estrenaron uniformes, logos y decoración para las aeronaves, para lo que fueron invertidos 70 millones de pesos pagados a una empresa extranjera de diseños, lo que no fue óbice para que en julio del mismo año buscara reducir 60 por ciento el costo de los contratos colectivos con pilotos, sobrecargos y personal de tierra.
“Un mes después, en agosto, el día 3, se declaró en concurso mercantil. Cuando Azcárraga adquirió la aerolínea, en 2005, los pasivos ascendían a 294 millones de dólares, más 997 millones de dólares por el arrendamiento de aviones. Pese a ello, nacieron y crecieron dos filiales: Click y Link, las que requirieron de 17 millones de dólares.
“Cinco años después, mil 800 trabajadores habían sido despedidos, con un ahorro de 200 millones de dólares, a los que se sumaron otros 80 millones de dólares por la venta de la torre en la colonia Del Valle. Los derechos de marca, avisos comerciales incluyendo logotipos, diseños, lemas y anuncios, fueron transferidos a las dos líneas de conexión nacional que fueron dejadas fuera del conflicto de Mexicana.
“La quiebra, de hecho, puede considerarse un fraude maquinado, porque Gastón Azcárraga y sus empresas, que incluyen hoteles, se benefició de créditos por valor de tres mil millones de pesos otorgados por Bancomext y Banorte, por lo que la Cámara de Diputados exigió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría del Trabajo (por entonces), a cargo de Javier Lozano”.
Posiciones y rutas fueron asignadas a otras líneas aéreas, amparadas para impedir que sean reintegradas a Mexicana.
Hay novedades en el tema. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, sigue negando el certificado de operador aéreo para que la aerolínea vuelva a levantar el vuelo. “No se ha avanzado”, dijo el funcionario después de una reunión a solicitud del juez Felipe Consuelo Soto, cuyo propósito era conocer cómo va la recapitalización de la empresa, que además de los problemas inherentes a la falta de auxilio de las instituciones oficiales, enfrenta adeudos no esperados, como el alquiler durante más de dos años de las posiciones en los aeropuertos, sitios en los que se comercializaban los boletos.
Y el pago de una cifra multimillonaria por impuestos no enterados a la hacienda pública, mismos que fueron dispuestos particularmente por los antiguos propietarios y que ahora trasladaron para su liquidación a quien se haga cargo de la empresa. En este caso hay un delito porque se apropiaron de fondos del erario, dinero que fue generado por los trabajadores mediante pago de impuestos a que estaban obligados.
En un inútil esfuerzo, casi diríamos que para cubrir el expediente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al presidente Felipe Calderón a impedir las maniobra de empresas nacionales y extranjeras que se reparten “los bienes y derechos (slots, rutas e instalaciones, por citar algunos)” en perjuicio de los usuarios que han sufrido un desmesurado aumento de los costos de pasaje aéreo.
De acuerdo con los legisladores, los ataques descarados contra la empresa disimulan el propósito de proteger a Gastón Azcárraga y sus asociados, quienes no sólo se beneficiaron de la sustracción de impuestos, sino además de un crédito de 992 millones de pesos que ahora no tendrán que pagar.
Éste es el punto de quiebre de las negociaciones. Desde la SCT se alentó la organización de un bloque de acreedores conformado por Bancomext, Banorte, ASA y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, grupo con el que Med Atlántica la interesada en la adquisición de la propiedad de la empresa, no ha podido negociar porque cada ocasión que se ha logrado un acuerdo, surgen nuevos adeudos no considerados en las negociaciones anteriores.
Entre tales adeudos, recuérdese la inesperada decisión del director del aeropuerto, Héctor Velázquez, de imponer un cobro de 30 millones de dólares “por uso de las instalaciones” y su compromiso de no permitir que la aerolínea levante el vuelo hasta en tanto no liquide tal cantidad. Por cierto, Velázquez es el mismo que ha sido señalado por las policías antinarcóticos gringas como posible involucrado en este comercio ilegal sin que hasta ahora las autoridades lo investiguen. En esas manos está parte de la decisión para resolver el conflicto.
Quedan pendientes, para posteriores sorpresas, los pagos por combustible “y otros servicios” que no han sido especificados y por lo mismo ni siquiera cuantificados.
Pero la Secretaría de Hacienda también participa en este clarísimo despojo. Tiene lista la documentación para requerir a los compradores la liquidación de mil 500 millones de pesos de los impuestos evadidos, escamoteados o robados, ante la complacencia de las autoridades judiciales que se niegan a fincar cargos contra los responsables de este despojo a la nación.
La reunión del titular de SCT, los representantes de Med Atlántica, el juez a cargo y la Secretaría de Hacienda reafirma la convicción de que la empresa que durante casi noventa años fue orgullo y emblema de la aviación comercial mexicana, nunca más volverá a volar. Para las autoridades la expresión “no hay avance”, descalifica las negociaciones realizadas, entre las cuales queda empantanados los acuerdos con los acreedores, unidos por obra y gracia de quienes deberían pugnar a favor si no de los ex trabajadores, por lo menos de la justicia, que el resultado sería el mismo.
Cabe mencionar que la falta de avances se debe a la embestida de los acreedores, que ahora pretenderían que el juez Felipe Consuelo Soto sea cambiado por un togado más a modo, que no dé tantos problemas como los causados por este impartidor de justicia que ha creído en serio que su papel es estar al lado del derecho y ha rechazado toda componenda. Eso dicen.
Esperaremos el siguiente episodio. Será vergonzoso presenciar si la siguiente administración agarra el toro por los cuernos y resuelve definitivamente este asunto que ha lanzado no sólo al desempleo a muchos trabajadores, sino incluso los ha obligado a buscar nuevos horizontes fuera del país.
carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com
