05 enero 2012

DEL CORREO DEL BLOG

Javier Lozano Alarcón; el secretario autoritario y golpeador

[Especial]
Por Agencias
22/11/2009 - 04:00 AM

      


México, DF.- El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de gobierno Marcelo Ebrard por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.

 Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.

 No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

De carácter explosivo

 Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan “Kid Lozano” por “bravucón”, o “Archivaldo”, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

 Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron “genérico intercambiable”, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.

 Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.

 Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.

 Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.

 Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.

 Las viudas de Pasta de Conchos

 Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.

 El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con “Proceso” asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.

 Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.

¡Coopelas o cuello!

 En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de pseudoefredina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón.

 El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.

 Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con “Proceso” en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.

 Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. Aún no acababa de salir de ese escándalo, cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón a los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra a la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”.

El caso de las sobrecargos

 Otro caso son las sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de las aeromozas era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.

 Es el mismo argumento que dio el Gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación.

 Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica de LFC, misma que la administración de Calderón pretende concesionar para ofrecer servicio de internet, televisión por cable y telefonía.

¿Quién es él?

 » Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962.

 » Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986.

 » Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de 2003 a 2005 fue representante del Gobierno de Puebla, encabezado por el priísta Melquíades Morales Flores, en el Distrito Federal.

 » En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho.

 » Es un personaje cercano al ex priísta ex secretario de Gobernación del zedillismo y ex diputado panista, Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.

 » En 200 es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social.

 Los 205 millones

 Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.

Conflictos interminables

 » En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, las sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.