| Burocracia corrupta y agresiva |
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Miguel Ángel Granados Chapa
14 Jun. 09
La llegada de Molinar Horcasitas a la SCT parece no haber generado cambios en los asuntos que dejó su predecesor Luis Téllez, incluso funcionarios de primer nivel permanecieron en sus puestos
No olvidemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social -el mismo que al subrogar guarderías al por mayor no tuvo empacho en autorizar como tal una bodega apenas disimulada- alcanzó el tristísimo honor de practicar el trámite más inútil y engorroso. Tal vez porque no tiene nada mejor que hacer, la Secretaría de la Función Pública convocó en septiembre del año pasado a identificar qué paso administrativo era digno de aquellos calificativos. Y el jurado respectivo, al concluir el certamen en enero siguiente, lo encontró en el IMSS: se trataba del drama de una señora, cotizante del instituto, que debe recibir dos veces por mes para administrarlo a su hijo de siete años de edad un medicamento que no se le entrega automáticamente. Cada vez debe solicitarlo y transcurren entre cuatro y 15 días para que se apruebe la entrega, cuya demora puede interrumpir la eficacia del tratamiento respectivo.
Era entonces director de ese instituto Juan Molinar Horcasitas, eminente politólogo, diligente consejero electoral, diputado enjundioso y político de trayectoria corta, cuyo único mérito para ocupar ese cargo era la amistad y confianza que le dispensa el presidente de la República. Probablemente sólo éste percibía dotes de su amigo en el desempeño que le encargó (y de las que no se percataban la mayoría de los derechohabientes y trabajadores del IMSS, ni el público en general) y por ello lo ascendió a una secretaría de Estado, la de Comunicaciones y Transportes, cuando se hizo insostenible la permanencia de Luis Téllez. Acaso una de las instrucciones presidenciales a la hora del relevo fue mantener las cosas como estaban o cuando más hacer avanzar algunos de los planes en que el ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores se empeñaba más afanosamente. Uno de ellos se refería a la aviación comercial mexicana, que ya al comenzar la crisis general de la economía mundial veía acentuarse los rasgos de la suya propia. Téllez comenzó reorganizando la burocracia respectiva. En septiembre removió a Ernesto Velasco de la dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y nombró en su lugar a Gilberto López Meyer, cuyo cargo en la Dirección de Aeronáutica Civil quedó vacante algunos meses (por lo cual López Meyer era quien acompañaba a Téllez en las conferencias de prensa de noviembre, para informar sobre la caída del avión en que viajaban Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos).
En enero llegó a la dirección de aeronáutica civil Héctor González Weeks, que hasta noviembre anterior había dirigido una frágil aerolínea comercial llamada Aerolíneas Mesoamericanas, conocida como Alma. Cuando Molinar Horcasitas arribó al edificio de Xola y el Eje Central allí lo encontró y allí lo dejo. Hizo lo mismo con Gerardo Sánchez Henkel, director de la unidad jurídica de la Secretaría, cuyo personal ha estado en cuestión en diversos asuntos. González Weeks y Sánchez Henkel han actuado unidos en las dos semanas recientes en el litigio contra Aviacsa, a la que se creería que buscan suprimir, como parte de una reestructuración de la aviación comercial mexicana.
Dentro de esa rehechura del espacio respectivo, se perfila cada vez con mayor nitidez (salvo lo que opine la Comisión Federal de Competencia) la fusión de Mexicana y de Aeroméxico, incapaces de sostenerse por sí solas, y con las cuales el gobierno tiene deudas no económicas en cuyo pago debe salvarlas. No puede olvidarse que el consejo de administración de Aeroméxico es presidido por José Luis Barraza, que inopinadamente ingresó en una actividad económica que le era desconocida, acaso por el perfil público que adquirió como cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de gente de negocios cuyo papel en la denuncia de Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México" fue reconocido como ilegal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, eso no obstante, se limitó a alzarse de hombros ante los hechos consumados. Además de esa probable fusión, se estudia el reforzamiento de la situación de las aerolíneas de bajo costo, Interjet y Volaris. Para que esta última mejore su posición en el mercado había que lograr el efecto contrario en Aviacsa.
Con ese propósito se la sometió a un procedimiento de revisión técnica muy riguroso, para garantizar las condiciones de seguridad de su operación. Nadie puede estar en contra de un objetivo tan necesario y conveniente, cuyo cumplimiento hablaría del celo con que la SCT realiza sus funciones. Pero notoriamente estamos ante un tratamiento singular y con un propósito diferente del declarado. Como el resto de las líneas de aviación, Aviacsa (cuyo propietario es el empresario regiomontano Eduardo Morales Mega) tiene problemas fiscales y administrativos de gran envergadura, como adeudos por servicios aeroportuarios y de navegación. Pero hay varas diversas para medir cada caso. Por ejemplo, Aeroméxico ha llegado al extremo de financiarse con el derecho de aeropuerto, que pagan los pasajeros y del que la aerolínea es mero recaudador, obligado a enterarlo a Hacienda. Aeroméxico ha dejado de hacerlo, por lo que se preparan procedimientos legales en su contra, a fin de rescatar el dinero público malversado. Pero no se interrumpen sus operaciones, como se hizo con Aviacsa el 2 de junio.
A partir de ese día se ha desarrollado una batalla ante los tribunales federales que, en este momento, lleva ganada la empresa aérea. Veinte de sus 25 aparatos están volando gracias a decisiones judiciales. Contra la suspensión definitiva obtenida por la empresa respecto de la cancelación de sus vuelos, la SCT no sólo prepara el recurso de revisión sino que hostiga a la empresa y a su personal. A los pilotos los somete a exámenes médicos más allá de la rutina, acaso en represalia por la solidaridad que han mostrado con su empresa, y que llega al punto de anunciar la presencia de sus hijos en los vuelos que ellos tripulan, como acto de confianza en las condiciones físicas y técnicas de las aeronaves, puesta en cuestión por la autoridad.
La Secretaría ha perdido episodios de este juicio de amparo porque sus alegatos carecen de razón (aunque por haberlo sostenido así Sánchez Henkel hizo responsable al juez de cualquier accidente que ocurra en Aviacsa) y tal vez por la impericia y la lentitud de su personal. Se percibe así que el área a cargo de Sánchez Henkel requiere una revisión y probablemente una reestructuración profunda. La abulia y eventual corrupción de abogados de la SCT pudieran ser causa de graves afectaciones al patrimonio nacional. Tal es el caso del puerto industrial de Altamira.
El gobierno federal expropió en 1981 terrenos para la construcción del puerto industrial de Altamira. Los ejidatarios afectados acudieron al amparo y lo ganaron en noviembre pasado. Sin que la unidad jurídica de la SCT haga algo al respecto, la ejecución de la sentencia de amparo podría significar a la Secretaría una afectación que podría llegar a mil 500 millones de pesos y ofrecer un cumplimiento sustituto ante la imposibilidad de devolver predios que son hoy no los terrenos labrantíos de hace 28 años sino instalaciones portuarias. Aunque Molinar Horcasitas anuncia que impedirá el pago de la suma referida (en sentido contrario a lo que plantean los abogados panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, correligionarios suyos y patrocinadores de los quejosos), no se ve con qué recursos legales y humanos podrá hacerlo. Algunos miembros de su plantilla de abogados están sujetos a investigación porque quizá dejaron intencionalmente que prosperaran recursos legales de Iusacell, que ahora anuncia una demanda contra Sánchez Henkel, porque le habría causado daño moral al involucrarla en una maniobra dolosa con personal a sus órdenes.
Mientras tanto, en Hermosillo las autoridades locales y federales se enredan y contradicen en el abordamiento del crimen colectivo ocurrido en la guardería ABC. Llegó ya a 46 el número de víctimas de una tragedia que provoca que el director del IMSS y el procurador general de la República se desmientan a sí mismos en el afán de incriminar a otros en la repugnante matanza que resulta de la lenidad, la corrupción y el cinismo que pretende sorber los recursos públicos sin reparar jamás en los probables efectos del abuso.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
APROVECHO ESTA COLUMNA PRIMERO PARA DAR MI MÁS SENTIDO PÉSAME A LOS PADRES QUE PERDIERON A SUS HIJOS EN LA GUARDERÍA ABC Y SEGUNDO PARA DECIRLES A TODOS LOS TRABAJADORES DE AVIACSA LO SIGUIENTE:
DESDE ESTE ESPACIO LES REITERO MI SOLIDARIDAD YA QUE A PESAR DE SER LA TERCERA LÍNEA AÉREA NACIONAL, LA CONSIGNA DE LA SCT Y DEL GOBIERNO FEDERAL ES AL PARECER DESAPARECERLOS PARA QUEDARSE CON LOS SLOTS DEL AICM DE MÉXICO T1, DE ESA FORMA LEGITIMAR EL TRASPASO DE ESTOS A VOLARIS, CUYOS DUEÑOS SÍ SON CUATES.
NO OLVIDEMOS QUE LOS TRABAJADORES DE DICHA AEROLÍNEA ESTÁN AFILIDADOS A UN SINDICATO BLANCO O DE PROTECCIÓN, CUYO SECRETARIO GENERAL (GÁMEZ), ESTÁ ACUSADO DE PEDERASTIA Y CUYOS CONTRATOS COLECTIVOS SON A MODO DE LA EMPRESA, CON LOS MÍNIMOS DE LEY.
LO QUE NOS LLEVA A LA SIGUIENTE REFLEXIÓN, EL CONTRATO DE LAS SOBRECARGOS DE AVIACSA, NO ES ONEROSO Y AÚN ASÍ, LA EMPRESA TIENE PROBLEMAS FINANCIEROS, LO QUE NOS CONDUCE AL HECHO DE QUE NO POR TENER CONTRATOS BARATOS LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE UNA EMPRESA DESAPARECERÁN COMO POR ARTE DE MAGIA, O SEA:
CONTRATOS BARATOS NO ES IGUAL A FINANZAS SALUDABLES DE AROLÍNEAS.
SALUDOS
14 Jun. 09
La llegada de Molinar Horcasitas a la SCT parece no haber generado cambios en los asuntos que dejó su predecesor Luis Téllez, incluso funcionarios de primer nivel permanecieron en sus puestos
No olvidemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social -el mismo que al subrogar guarderías al por mayor no tuvo empacho en autorizar como tal una bodega apenas disimulada- alcanzó el tristísimo honor de practicar el trámite más inútil y engorroso. Tal vez porque no tiene nada mejor que hacer, la Secretaría de la Función Pública convocó en septiembre del año pasado a identificar qué paso administrativo era digno de aquellos calificativos. Y el jurado respectivo, al concluir el certamen en enero siguiente, lo encontró en el IMSS: se trataba del drama de una señora, cotizante del instituto, que debe recibir dos veces por mes para administrarlo a su hijo de siete años de edad un medicamento que no se le entrega automáticamente. Cada vez debe solicitarlo y transcurren entre cuatro y 15 días para que se apruebe la entrega, cuya demora puede interrumpir la eficacia del tratamiento respectivo.
Era entonces director de ese instituto Juan Molinar Horcasitas, eminente politólogo, diligente consejero electoral, diputado enjundioso y político de trayectoria corta, cuyo único mérito para ocupar ese cargo era la amistad y confianza que le dispensa el presidente de la República. Probablemente sólo éste percibía dotes de su amigo en el desempeño que le encargó (y de las que no se percataban la mayoría de los derechohabientes y trabajadores del IMSS, ni el público en general) y por ello lo ascendió a una secretaría de Estado, la de Comunicaciones y Transportes, cuando se hizo insostenible la permanencia de Luis Téllez. Acaso una de las instrucciones presidenciales a la hora del relevo fue mantener las cosas como estaban o cuando más hacer avanzar algunos de los planes en que el ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores se empeñaba más afanosamente. Uno de ellos se refería a la aviación comercial mexicana, que ya al comenzar la crisis general de la economía mundial veía acentuarse los rasgos de la suya propia. Téllez comenzó reorganizando la burocracia respectiva. En septiembre removió a Ernesto Velasco de la dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y nombró en su lugar a Gilberto López Meyer, cuyo cargo en la Dirección de Aeronáutica Civil quedó vacante algunos meses (por lo cual López Meyer era quien acompañaba a Téllez en las conferencias de prensa de noviembre, para informar sobre la caída del avión en que viajaban Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos).
En enero llegó a la dirección de aeronáutica civil Héctor González Weeks, que hasta noviembre anterior había dirigido una frágil aerolínea comercial llamada Aerolíneas Mesoamericanas, conocida como Alma. Cuando Molinar Horcasitas arribó al edificio de Xola y el Eje Central allí lo encontró y allí lo dejo. Hizo lo mismo con Gerardo Sánchez Henkel, director de la unidad jurídica de la Secretaría, cuyo personal ha estado en cuestión en diversos asuntos. González Weeks y Sánchez Henkel han actuado unidos en las dos semanas recientes en el litigio contra Aviacsa, a la que se creería que buscan suprimir, como parte de una reestructuración de la aviación comercial mexicana.
Dentro de esa rehechura del espacio respectivo, se perfila cada vez con mayor nitidez (salvo lo que opine la Comisión Federal de Competencia) la fusión de Mexicana y de Aeroméxico, incapaces de sostenerse por sí solas, y con las cuales el gobierno tiene deudas no económicas en cuyo pago debe salvarlas. No puede olvidarse que el consejo de administración de Aeroméxico es presidido por José Luis Barraza, que inopinadamente ingresó en una actividad económica que le era desconocida, acaso por el perfil público que adquirió como cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de gente de negocios cuyo papel en la denuncia de Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México" fue reconocido como ilegal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, eso no obstante, se limitó a alzarse de hombros ante los hechos consumados. Además de esa probable fusión, se estudia el reforzamiento de la situación de las aerolíneas de bajo costo, Interjet y Volaris. Para que esta última mejore su posición en el mercado había que lograr el efecto contrario en Aviacsa.
Con ese propósito se la sometió a un procedimiento de revisión técnica muy riguroso, para garantizar las condiciones de seguridad de su operación. Nadie puede estar en contra de un objetivo tan necesario y conveniente, cuyo cumplimiento hablaría del celo con que la SCT realiza sus funciones. Pero notoriamente estamos ante un tratamiento singular y con un propósito diferente del declarado. Como el resto de las líneas de aviación, Aviacsa (cuyo propietario es el empresario regiomontano Eduardo Morales Mega) tiene problemas fiscales y administrativos de gran envergadura, como adeudos por servicios aeroportuarios y de navegación. Pero hay varas diversas para medir cada caso. Por ejemplo, Aeroméxico ha llegado al extremo de financiarse con el derecho de aeropuerto, que pagan los pasajeros y del que la aerolínea es mero recaudador, obligado a enterarlo a Hacienda. Aeroméxico ha dejado de hacerlo, por lo que se preparan procedimientos legales en su contra, a fin de rescatar el dinero público malversado. Pero no se interrumpen sus operaciones, como se hizo con Aviacsa el 2 de junio.
A partir de ese día se ha desarrollado una batalla ante los tribunales federales que, en este momento, lleva ganada la empresa aérea. Veinte de sus 25 aparatos están volando gracias a decisiones judiciales. Contra la suspensión definitiva obtenida por la empresa respecto de la cancelación de sus vuelos, la SCT no sólo prepara el recurso de revisión sino que hostiga a la empresa y a su personal. A los pilotos los somete a exámenes médicos más allá de la rutina, acaso en represalia por la solidaridad que han mostrado con su empresa, y que llega al punto de anunciar la presencia de sus hijos en los vuelos que ellos tripulan, como acto de confianza en las condiciones físicas y técnicas de las aeronaves, puesta en cuestión por la autoridad.
La Secretaría ha perdido episodios de este juicio de amparo porque sus alegatos carecen de razón (aunque por haberlo sostenido así Sánchez Henkel hizo responsable al juez de cualquier accidente que ocurra en Aviacsa) y tal vez por la impericia y la lentitud de su personal. Se percibe así que el área a cargo de Sánchez Henkel requiere una revisión y probablemente una reestructuración profunda. La abulia y eventual corrupción de abogados de la SCT pudieran ser causa de graves afectaciones al patrimonio nacional. Tal es el caso del puerto industrial de Altamira.
El gobierno federal expropió en 1981 terrenos para la construcción del puerto industrial de Altamira. Los ejidatarios afectados acudieron al amparo y lo ganaron en noviembre pasado. Sin que la unidad jurídica de la SCT haga algo al respecto, la ejecución de la sentencia de amparo podría significar a la Secretaría una afectación que podría llegar a mil 500 millones de pesos y ofrecer un cumplimiento sustituto ante la imposibilidad de devolver predios que son hoy no los terrenos labrantíos de hace 28 años sino instalaciones portuarias. Aunque Molinar Horcasitas anuncia que impedirá el pago de la suma referida (en sentido contrario a lo que plantean los abogados panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, correligionarios suyos y patrocinadores de los quejosos), no se ve con qué recursos legales y humanos podrá hacerlo. Algunos miembros de su plantilla de abogados están sujetos a investigación porque quizá dejaron intencionalmente que prosperaran recursos legales de Iusacell, que ahora anuncia una demanda contra Sánchez Henkel, porque le habría causado daño moral al involucrarla en una maniobra dolosa con personal a sus órdenes.
Mientras tanto, en Hermosillo las autoridades locales y federales se enredan y contradicen en el abordamiento del crimen colectivo ocurrido en la guardería ABC. Llegó ya a 46 el número de víctimas de una tragedia que provoca que el director del IMSS y el procurador general de la República se desmientan a sí mismos en el afán de incriminar a otros en la repugnante matanza que resulta de la lenidad, la corrupción y el cinismo que pretende sorber los recursos públicos sin reparar jamás en los probables efectos del abuso.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
APROVECHO ESTA COLUMNA PRIMERO PARA DAR MI MÁS SENTIDO PÉSAME A LOS PADRES QUE PERDIERON A SUS HIJOS EN LA GUARDERÍA ABC Y SEGUNDO PARA DECIRLES A TODOS LOS TRABAJADORES DE AVIACSA LO SIGUIENTE:
DESDE ESTE ESPACIO LES REITERO MI SOLIDARIDAD YA QUE A PESAR DE SER LA TERCERA LÍNEA AÉREA NACIONAL, LA CONSIGNA DE LA SCT Y DEL GOBIERNO FEDERAL ES AL PARECER DESAPARECERLOS PARA QUEDARSE CON LOS SLOTS DEL AICM DE MÉXICO T1, DE ESA FORMA LEGITIMAR EL TRASPASO DE ESTOS A VOLARIS, CUYOS DUEÑOS SÍ SON CUATES.
NO OLVIDEMOS QUE LOS TRABAJADORES DE DICHA AEROLÍNEA ESTÁN AFILIDADOS A UN SINDICATO BLANCO O DE PROTECCIÓN, CUYO SECRETARIO GENERAL (GÁMEZ), ESTÁ ACUSADO DE PEDERASTIA Y CUYOS CONTRATOS COLECTIVOS SON A MODO DE LA EMPRESA, CON LOS MÍNIMOS DE LEY.
LO QUE NOS LLEVA A LA SIGUIENTE REFLEXIÓN, EL CONTRATO DE LAS SOBRECARGOS DE AVIACSA, NO ES ONEROSO Y AÚN ASÍ, LA EMPRESA TIENE PROBLEMAS FINANCIEROS, LO QUE NOS CONDUCE AL HECHO DE QUE NO POR TENER CONTRATOS BARATOS LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE UNA EMPRESA DESAPARECERÁN COMO POR ARTE DE MAGIA, O SEA:
CONTRATOS BARATOS NO ES IGUAL A FINANZAS SALUDABLES DE AROLÍNEAS.
SALUDOS
