Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética,
Los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas
El gobierno federal ha renunciado a sus obligaciones constitucionales.
Esta es la conclusión a la que llegó nuestro Movimiento después de dos Grandes Marchas Nacionales, meses de discusión y múltiples llamados. En tanto, a diario se extiende en amplios sectores sociales de nuestro país una sensación de desesperanza, desilusión, pero también de voluntad de lucha.
El final del periodo de desgravación arancelaria del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) junto a la crisis alimentaria mundial, constituyen una pinza que aprisiona en la pobreza a millones de pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas mexicanos. La negativa expresa y tajante del gobierno federal a renegociar las condiciones de ese Tratado, significa continuar sometiéndose a las políticas de liberalización de los mercados de granos básicos y alimentos impuestas por el FMI y el BM, a favor de los intereses de las grandes transnacionales; estas políticas tratan a la comida como si fuera una mercancía y no un derecho humano. De esta manera el Estado renuncia a su mandato constitucional sobre la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable y de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional; incumple con el precepto legal de Soberanía Alimentaria, que es La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional, abandona a su suerte a millones de mexicanos empobrecidos, que en búsqueda de mejores condiciones de vida, desertan del campo y acrecientan los cinturones de miseria en las principales ciudades de nuestro país y los Estados Unidos. Nuestro campo se ha convertido en un páramo donde sobreviven mujeres, ancianos y niños, pues se ha destrozado el tejido social que permitió cierta estabilidad social durante décadas.
La necedad de la derecha gobernante y de sectores de la elite política, al pretender imponer una “Reforma Energética” privatizadora, coloca al país en trance de abierta confrontación y polarización social. No toman en cuenta los argumentos históricos, políticos, económicos y técnicos, expresados en los recientes debates en la Cámara de Senadores. Encerrados en su dogmatismo y en sus intereses, prefieren cumplir sus compromisos con las transnacionales y los organismos financieros internacionales, aunque con esta actitud de sometimiento se ponga en peligro el futuro de nuestra nación y el bienestar de todos los mexicanos.
La promesa de Calderón de convertirse en el “presidente del empleo”, de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población, han sido negadas por los hechos. La creciente inflación, junto con la contención de los salarios, se han constituido en un dique que impide la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, se consuma de esta manera la confiscación de una parte sustancial del ingreso de los trabajadores. Este hecho aunado a la generalización del desempleo y el subempleo agudizan la desigualdad social que padece nuestro país.
En el ámbito laboral, las autoridades al más alto nivel, intervienen con impunidad en los asuntos internos de los sindicatos, pisoteando con ello el Artículo 123 de nuestra Carta Magna y toda la Legislación Laboral. Las autoridades federales y estatales del trabajo al actuar en abierta complicidad con los empresarios dejan indefensos a los trabajadores, despojándolos de sus más elementales derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes. Ejemplos claros son, entre muchos otros, los Sindicatos de Mineros, de la Vidriera de San Luis Potosí, del CONALEP del Estado de México y de Guerrero, de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Querétaro, de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta situación ha creado un creciente descontento e irritación en los trabajadores, con todos ellos decimos un enérgico ¡Ya basta!.
A la polarización derivada del conflicto electoral del 2006, cuando las elites gobernantes y los poderes de facto cerraron filas para vulnerar la voluntad popular, se agrega la zozobra ante la incapacidad, cuando no complicidad abierta o encubierta del Estado, ante la inseguridad publica y social. Para intentar combatirla, han sacado al ejercito de sus cuarteles y pretenden endurecer las penas para los delincuentes, organizan foros nacionales de impacto mediático y hasta “Una cruzada nacional contra la delincuencia”, nosotros nos hacemos algunas preguntas: ¿de qué sirve imponer penas más severas a los delincuentes cuando no se les apresa y cuando no se combate con la misma energía la corrupción de los servidores públicos y agentes policíacos? ¿cómo evitar que al amparo de la lucha en contra del crimen organizado se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos o se reprima la lucha social legitima? ¿por qué no reconocer que uno de los elementos que incide en el incremento de la criminalidad es la creciente desigualdad social?
Ha llegado el momento de impulsar el debate nacional sobre los grandes problemas que aquejan a nuestra nación, de la misma manera en que hoy se organizan foros y acuerdos nacionales para combatir al crimen organizado, propósito que compartimos, en esencia, aunque consideramos que debe abordarse de manera más integral, habría que poner sobre la mesa los otros temas que afectan a las mayorías de nuestro país. Es necesario convocar a un gran Acuerdo Nacional para hacer frente a la crisis agroalimentaria, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y fomentar la creación de empleos dignos. Nuestro Movimiento ha insistido en ello y ha planteado alternativas para modificar el rumbo de la política económica vigente y para modificar el régimen político para construir la democracia participativa. Las demandas contenidas en nuestro Pacto Político mantienen plena vigencia, sintetizan las aspiraciones de millones de mexicanos que defienden la soberanía alimentaria y energética de la nación y que luchan por los derechos sociales y humanos de toda la población.
En el camino para impulsar nuestro proyecto nos hemos encontrado con la cerrazón gubernamental, tras varios meses de dialogo infructuoso, hemos obtenido promesas pero no soluciones; le hemos planteado al gobierno un nuevo esquema para solucionar nuestras demandas el cual incluye un Acuerdo Nacional que haga frente a la crisis alimentaria y su impacto sobre el salario y el empleo. No fue una propuesta ingenua, establecimos a la vez, para que la representación del Ejecutivo acreditara su voluntad de negociar, cinco mesas que llamamos Transversales en las que se buscaría la solución de diversas demandas inmediatas. Los avances de estas mesas han sido prácticamente nulos, no abandonamos el diálogo, sino que lo fortalecemos al continuar el proceso de movilización que iniciamos desde enero del presente año.
Esta decisión nos hizo parte de un hecho inédito: la celebración de tres movilizaciones organizadas por los sectores sociales y políticos más diversos. Bien haría el gobierno en tomar nota de ello. La insatisfacción social se generaliza, la crisis política y social es una realidad que no puede seguir ignorando. Una realidad que no pude administrarse mediante simulacros de negociación o mediante el anuncio de medidas de alto impacto mediático pero nula eficacia. La crisis política y social exige la discusión a fondo de los grandes temas que forman parte de la agenda de la sociedad y que hasta el día de hoy han sido ignorados en beneficio de los intereses creados y del cálculo político electoral de la clase política y las oligarquías económicas.
Por nuestra parte en este acto ratificamos el Pacto Político que sustentó el surgimiento de nuestro Movimiento cuyas demandas centrales son:
Defensa de la Soberanía Energética y Alimentaria de la Nación.
Renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN.
Cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y su adendo.
Programa emergente para la producción de granos básicos.
Defensa de los recursos naturales y de las industrias estratégicas de nuestro país.
Control de precios a los artículos que forman parte de la canasta básica. Combate al acaparamiento y a la especulación.
Aumento salarial de emergencia y establecimiento de un programa permanente para incrementar el poder adquisitivo de los salarios.
Democratización del mundo del trabajo. Por la contratación colectiva, la autonomía y la independencia sindicales, el fortalecimiento de las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos.
Impulso al mercado interno, a la pequeña y mediana industria, a la economía popular y al desarrollo agropecuario por medio de la Banca de Desarrollo.
Abrogación de la Ley del ISSSTE. Por un sistema de seguridad social solidario y de cobertura universal.
Apoyo a la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura, y la investigación científica y tecnológica.
Por una mayor calidad, cantidad y transparencia del ejercicio presupuestal en el gasto social; vivienda, salud, seguridad social, educación, investigación, cultura y bienestar social.
Fortalecimiento del Estado laico y de nuestra identidad cultural.
Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Lárrainzar.
Amnistía para todos los presos políticos. Fin a la persecución contra los luchadores sociales y al hostigamiento ejercido sobre las comunidades zapatistas y el FDT de San Salvador Atenco.
Fin a la discriminación por razones de raza, género, filiación política o condición social.
Respeto a la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información, freno a la concentración de los medios de comunicación y por una nueva ley de medios.
Fortalecimiento de la democracia con la participación social en la definición, ejecución y evaluación de las principales políticas públicas.
Combate a la inseguridad atendiendo a los factores que la originan y con cabal respeto a los derechos humanos.
Con esta Jornada Nacional de Lucha damos continuidad al Plan de Acción de nuestro Movimiento. Con él hemos fortalecido nuestra estructura nacional, hemos firmado pactos de acción unitaria en varios estados, hemos avanzado en el diseño de nuevas formas de lucha, La Jornada Nacional de este día así lo demuestra. Redoblaremos los esfuerzos de comunicación y articulación con toda la sociedad.Sabemos que la meta es muy grande, pero así de grandes son los problemas del país, por nuestra parte no omitiremos esfuerzos, sabemos que las clases trabajadoras, los campesinos, la ciudadanía tenemos como instrumento extremo la huelga nacional, hemos iniciado ya su discusión.
Nuestro mensaje es claro: frente a aquellos que alientan la subordinación del país ante los intereses de los grandes capitales multinacionales, nosotros sostenemos que otro México es posible. Insistimos en que se puede construir una nación en la que quepan todos, en la que los recursos provenientes de la renta petrolera se utilicen para promover el desarrollo bajo condiciones de soberanía con justicia, con equidad, con garantía de todos los derechos. Exigimos que el gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, antes de que caigamos en una nueva confrontación social de imprevisibles consecuencias para el presente y el futuro de nuestro país.
¡¡¡Viva la unidad obrera, campesina y ciudadana!!!
¡¡¡Solución inmediata a las demandas del Movimiento Nacional!!
¡¡¡Viva México!!!
