El polémico y politizado caso Oceanografía. ¿Fraude consentido?
Después de siete largos meses desde que la Procuraduría General de la República inició la investigación a petición de la institución de crédito que de mexicana nada más tiene el nombre, y que en efecto, me refiero a Banamex, contra la empresa Oceanografía y que bajo la misma circunstancia, se vino el escándalo interviniendo de inmediato el Gobierno Federal, determinando la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a esta compañía con el supuesto objetivo "estandarte" de “salvar las fuentes de empleo” con la única intención de que por salvaguardar los intereses de este banco con capital extranjero poner a concurso mercantil a esta empresa, sin importar la lesión que actualmente está causando a los intereses y derechos tanto de sus trabajadores como de PEMEX, y no lo digo yo, simplemente los hechos hablan por sí mismos. ¿O me lo van a negar mis lectores queridos?
A consecuencia de lo anterior, se forma la Comisión para la investigación de este caso por parte del Senado de la República, esto quizá para evitar "corrupción", por la desconfianza, o bien, por la " ineptitud " de las autoridades realmente competentes, y la pregunta que cabe aquí es entonces ¿por qué no han creado una para el verdadero fraude histórico de todos los tiempos, dicho sea de paso, también disfrazado de "concurso mercantil", y en efecto, me refiero a Mexicana de Aviación? Máxime que extrañamente también vemos en escena para el tema Oceanografía al Juez "de consigna" para este tipo de asuntos, y me refiero a Felipe Consuelo Soto, quien ahora protege los intereses de Banamex, cuando es un "fraude consentido" en perjuicio de empleados, PEMEX y demás acreedores personas físicas como morales.
Pero, disculpen la insistencia mis queridos lectores, ¿entonces para qué están las autoridades que verdaderamente son las competentes?
El Juez Consuelo Soto, ordenó a la Secretaría de la Función Pública que libere a Oceanografía de las sanciones impuestas por 500 millones de pesos; autorizó a Banorte el cobro de 200 millones de pesos a Oceanografía y a recuperar el derecho a cobrar directamente de PEMEX facturas a su favor cuando hay más de 149 acreedores esperando un trato semejante, ello de acuerdo con información de la Senadora Dolores Padierna en El Financiero, y también menciono la fuente para que no digan que su servidor me lo "saco de la manga", que miento, o que soy "de izquierda".
En la primera lista provisional de demandantes en el concurso mercantil de Oceanografía se han acreditado a la fecha 204 acreedores, a los cuales se propone reconocer adeudos por 3 mil 83 millones 759 mil 20.64 Unidades de Inversión (Udis); sin omitir mencionar que el número de acreedores y el monto se incrementarán, ya que en las últimas semanas se han sumado más afectados, que estiman puedan llegar a 300.
En el listado "provisional" de acreedores de Oceanografía están contemplados los empleados de la empresa, pero por derecho constitucional, humano y social se les debe dar preferencia, y para "muestra un botón", tenemos el caso Mexicana, aquí no cabe la burla de mantenerlos como "acreedores provisionales", insisto, deben salvaguardarse sus derechos laborales, y considerarlos en primer lugar en orden de prelación de créditos, de acuerdo con el artículo 224 de la ley de Concursos Mercantiles, en relación estricta con el 123 fracción XXIII Apartado A de la Constitución.
¿Pero en qué versa el "fraude"?
Amado Yáñez Osuna, accionista principal de Oceanografía, y otros directivos de la empresa “conocieron, consintieron, implementaron y /o ejecutaron la conducta dolosa encaminada a proporcionar datos falsos sobre la veracidad e idoneidad de las estimaciones de la obra y la relación de derechos de crédito por cobrar” a Banamex. Asimismo, de acuerdo con el semanario Proceso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, concluyó que Banamex sufrió un “quebranto patrimonial” por 455 millones de pesos que “se encuentra inmerso en el registro contable del daño patrimonial por 5 mil 234 millones de pesos, esto a sabiendas de que con dicha falsedad se generaría "el quebranto patrimonial en cita" para adecuarse a la hipótesis típica prevista y sancionada en el artículo 112, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito”, pero a pesar de lo anterior, también es necesario que ustedes mis queridos lectores sepan que en primer lugar, para un fraude de esta magnitud, "altos" funcionarios de la institución de crédito es más que obvio que están implicados, es decir, debían conocer de antemano la intención de los directivos de Oceanografía, y que en segundo lugar, un Banco jamás va a perder, ya que cuentan por ley con ayuda del Banco de México, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de la Asociación de Bancos de México, lo que quiere decir, con ayuda de otros bancos; es casi imposible que una institución de banca múltiple, y sobre todo de capital extranjero, como lo es Banamex se vaya a la quiebra, máxime que insisto, estamos frente a un fraude consentido y lo peor de todo, politizado.
Como breviario cultural, de acuerdo con información de este portal, al operador financiero de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez, le embargaron sus cuentas, pero no su residencia en Lomas de Chapultepec y un rancho de 300 hectáreas sobre la autopista México-Querétaro.
La Procuraduría General de la República solicitó a Estados Unidos la detención y extradición de Díaz Álvarez, quien tiene orden de aprehensión por violación a la Ley de Instituciones de Crédito, por usar documentos falsos para obtener créditos de Banamex, como ya fue mencionado. Siendo el mismo caso que Gastón Azcárraga que tras una orden de aprehensión que existe en su contra aún no hay absolutamente nada, pero lo más nefasto es que como siempre, se anteponen los intereses privados de los "poderosos" por encima del interés general y de la sociedad, reiterando que los verdaderamente afectados siempre serán los trabajadores, y también para el caso en concreto Petróleos Mexicanos.
