Será convertido en terrenos urbanizables, informan a Accival dos subsecretarios
Al operar el nuevo aeropuerto el actual cerrará, dicen funcionarios
Presentación en Los Pinos de la maqueta de la nueva obra aeroportuariaFoto Carlos Ramos Mamahua
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Viernes 5 de septiembre de 2014, p. 3
Viernes 5 de septiembre de 2014, p. 3
Ampliado durante las dos administraciones federales que estuvieron a cargo del Partido Acción Nacional (PAN) a un costo de 7 mil 720 millones de pesos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) va a ser cerrado. Ello ocurrirá una vez que entre en funcionamiento la nueva terminal anunciada esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto, que convertirá en terrenos urbanizables lo que hoy es el principal puerto aéreo del país.
La información fue proporcionada este jueves por altos funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), en una conferencia telefónica con analistas financieros reportada por Acciones y Valores (Accival), la casa de bolsa de Banamex.
‘‘Aún se desconocen los detalles sobre el proceso de licitación o la exposición de los contribuyentes mexicanos a posibles costos superiores a los presupuestados’’, a partir de la construcción de la nueva terminal aérea, anunciada esta semana por el gobierno, consideró Accival, después de participar en la reunión con los funcionarios federales.
Potencial de alza para operadores de autopistas de peaje como OHL
Los planes del gobierno mexicano de construir un nuevo aeropuerto en la ciudad de México, el cual sustituiría a largo plazo al actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, crea un potencial de alza para los operadores de autopistas de peaje como OHL México y Pinfra, así como para las compañías constructoras, proveedoras de materiales de construcción y aerolíneas, apuntó Accival.
Para las operadoras aeroportuarias que cotizan en bolsa, el lanzamiento de este proyecto no altera sustancialmente la situación, ya que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no planea privatizar la nueva terminal aérea.
Sin embargo, el eventual cierre del aeropuerto Benito Juárez hace surgir preguntas sobre el destino de las inversiones en estas instalaciones, tales como el hotel NH, propiedad 90 por ciento del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), expuso Accival.
En 2007, en el primer año del gobierno de Felipe Calderon (2006-2012), fue concluida la ampliación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, iniciada durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006). La construcción de la Terminal 2 (T2) –donde hoy operan Aeroméxico, Delta Airlines, LAN y Copa, resultado de esa ampliación– fue la alternativa gubernamental al fallido intento de construir una terminal en los terrenos de San Salvador Atenco, proyecto que tuvo la oposición de los pobladores de la zona. La administración de Vicente Fox pretendía pagar un peso por metro cuadrado de terreno a expropiar en la zona de Atenco.
La ampliación del aeropuerto capitalino iba a tener un costo de 5 mil 290 millones de pesos, pero al final de las obras el presupuesto se incrementó a 7 mil 720 millones, según documentó La Jornada el 8 de julio de 2007.
Al gobierno, la carga de la nueva terminal aérea
El subsecretario de la SHCP, Fernando Aportela, y el subsecretario de Transporte de la SCT, Carlos Almada, sostuvieron este jueves una conferencia telefónica con analistas financieros sobre el proyecto del nuevo aeropuerto, anunciado esta semana.
Accival dijo que los funcionarios dejaron claro que el gobierno asumirá el control del proyecto, por lo que será el sector público el que lleve la carga. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, entidad controlada por el gobierno y propietaria del AICM y del aeropuerto de Toluca, controlará la nueva terminal.
‘‘La actual administración no tiene planes de privatizar las futuras instalaciones. Asimismo, solo 5 mil 500 millones de los 11 mil 400 millones de pesos planeados para la primera fase de la inversión serían financiados por el sector privado. Aún se desconocen los detalles sobre el proceso de licitación de la construcción, o la exposición de los contribuyentes mexicanos a posibles costos superiores a los presupuestados’’, añadió la casa de bolsa de Banamex, citando la información proporcionada por los funcionarios.
En cuanto a la ubicación, el nuevo aeropuerto estará situado a unos 11.2 kilómetros del actual, en 4 mil 500 hectáreas propiedad del gobierno mexicano en la región de Texcoco, estado de México.
La principal concesión de la filial mexicana de la constructora española Obrascón, Huarte y Laín (OHL), Conmex, atraviesa la zona, al igual que algunas concesiones de autopistas de peaje de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), como Peñón-Texcoco.
‘‘Los señores Aportela y Almada esperan que el AICM acabe cerrando, ya que sus instalaciones ya han llegado a su punto de saturación. Ya que los terrenos en los que se encuentra situado son valiosos, esta terminal aérea podría convertirse en un centro comunitario.
‘‘Sin embargo, tomando en cuenta que la administración del presidente Peña finaliza en 2018, la decisión correspondería al próximo gobierno. Aportela y Almada no prevén cambios para el aeropuerto de Toluca, y esperan que estas instalaciones atiendan el exceso de pasajeros del AICM, lo cual implica un potencial de crecimiento del tráfico. OHL México tiene una participación de 49 por ciento en el aeropuerto de Toluca’’, dijo Accival.
La primera fase de la nueva terminal aérea incluye que 95 por ciento de la construcción sea terminada en 2018 y en 2020 el inicio de las operaciones de tres pistas. Las nuevas instalaciones tendrían una capacidad anual de 50 millones de pasajeros, superior a los 30 millones de las actuales.
Aportela y Almada dijeron a los analistas que esperan que los 3 mil millones de dólares de la fase 1 sean financiados a través de instrumentos financieros que estén respaldados por los ingresos relacionados con la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), de los cuales mil 300 millones de dólares procederían del presupuesto federal de infraestructura de 2015.
