Exdirectivo de Volaris dará la puntilla a Méxicana
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| Uno de los mostradores de Mexicana en el AICM. Foto: Benjamin Flores |
MEXICO, D.F. (apro).- Pilotos, sobrecargos y empleados de tierra, algunos de ellos de confianza, denuncian la existencia de un conflicto de interés en la designación de Alfonso Ascencio Triujeque como síndico para Mexicana de Aviación.
Su preocupación es que con el nombramiento de Triujeque, que hasta hace dos años era director jurídico de Concesionaria Vuela Compañía de Aviación SA (Volaris) e incluso llegó a ser consejero suplente de la aerolínea que dirigió Pedro Aspe Armella hasta 2011, se desmantelen los activos que le quedan a Mexicana.
Entre ellos destacan las acciones de las empresas Click y Link, también quebradas, así como Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo SA, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/ Aeropacífico, entre otros, incluyendo la marca, que eran propiedad del Grupo Mexicana de Aviación y se transfirieron al Nuevo Grupo Aeronáutico sin que se sepa cuál será su destino.
Según el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Mexicana trasfirió al Nuevo Grupo Aeronáutico –la empresa creada por el prófugo de la justicia, Gastón Azcárraga, para luego quebrarla– los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca de Mexicana, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales.
No obstante, el 24 de abril personal de la extinta aerolínea alertó que la marca Click ya había sido registrada en el IMPI a nombre de Jacobo Laniado Cattan, un empresario de origen judío y presidente de la firma Cox.
De acuerdo con los documentos, Laniado Cattan entregó el 15 de junio de 2011 al entonces conciliador Gerardo Badín una carta de intención y demostración de recursos para invertir en Mexicana de Aviación.
El grupo Cox cuenta con la asistencia de Perella Weinberg, de Joseph Perella y Peter Weingberg, una de las asesoras y operadoras de los activos más importantes de Nueva York.
Información periodística de 2009 destacó que Laniado Cattan era propietario de la compañía Pro 2000 y usaba a Noemí Alemán Balboa, entonces empleada de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino, como prestanombres.
En ese año se le acusó de fraude en la adquisición de pinturas y asfalto para las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco e Iztapalapa, de acuerdo con información de El Universal del 6 de octubre de 1999.
El síndico
En el caso de Ascencio Triujeque se sabe que actualmente pertenece a la mesa directiva de la Cámara Nacional de Autotransportes (Canaero), donde representa los intereses de Volaris.
El 6 de julio de 2011 solicitó al Departamento de Transporte de Estados Unidos permiso para operar las rutas de la Compañía Mexicana de Aviación que iban de Monterrey a Chicago; México a Los Ángeles, y México a Las Vegas, mismas que actualmente operan por préstamo de rutas.
También aparece en el listado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) como litigante certificado del 2013.
Y en agosto de 2008 presentó denuncia como director jurídico de Volaris contra Guillermo Carstens, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, por prácticas monopólicas del transporte terrestre en agravio de su representada.
El 17 de julio de 2012 apareció su nombre en la respuesta ofrecida por Volaris al oficio SPS/DGP/DAR/315/2012, con fecha del 28 de junio de 2012 que envió Humberto Benítez Treviño, entonces titular de la Profeco.
Antes, Ascencio Triujeque suscribió a nombre de Volaris el convenio para impulsar la donación multiorgánica en un contrato de noviembre de 2009 pactado entre RRPF Engine Leasing Limited Rolls-Roice & Partners Finance Limited y Volaris, y también suscribió el acta de asamblea de Canaero del 30 de junio de 2010 como representante de Volaris, además de aparecer en el contrato de prestación de servicios entre Volaris y Atento Mexicana SA de CV.
Impugnar, ¿para qué?
Después de la declaración de quiebra de Mexicana de Aviación, realizada el viernes 4 de abril, los pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza impugnaron la decisión del Juzgado 11º de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal para suspender el proceso hasta desahogar los recursos de queja, pero su petición fue rechazada.
Mexicana de Aviación dejó de volar desde agosto de 2010, luego de que el empresario Gastón Azcárraga fraguó un plan para quebrarla con el pretexto de sanearla y operarla con una nueva razón social en abierta pugna con los contratos colectivos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.
La idea era reconvertirla en una aerolínea de bajo costo, que los propios pilotos llamaron “Mexicanita de Aviación” (Proceso 1762).
Casi cuatro años después, el 4 de abril pasado, el Juzgado 11º de Distrito en Materia Civil declaró la quiebra de Mexicana de Aviación, proceso que generó pérdidas al gobierno por 4 unos mil 50 millones de pesos.
Después se documentó que la quiebra de Mexicana buscaba beneficiar a Interjet o a Volaris, aerolíneas de bajo costo relacionadas con Miguel Alemán Magnani y Pedro Aspe Armella, respectivamente. La designación del síndico así lo confirma.
Durante el sexenio de Vicente Fox, la SCT y representantes de los grupos aeroportuarios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y del Centro Norte (GACN) presionaron para otorgar incentivos que beneficiarán a las dos líneas aéreas que operaban desde el aeropuerto internacional de Toluca: Interjet y Volaris.
La justificación era desconcentrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en apoyo al Programa para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País y al Programa de Impulso al Crecimiento de la Aviación Troncal y Regional que lleva a cabo el gobierno federal. (Proceso 1833).
Años más tarde, la declaración de quiebra provocó un quebranto definitivo para la Federación, ya que tanto Mexicana de Aviación como sus filiales Aerovías del Caribe (Click) y Mexicana Inter (Link), también quebradas, aún adeudan al gobierno federal unos 2 mil 500 millones de pesos.
“Todo se hizo para beneficiar a Interjet , la aerolínea de Miguel Alemán Magnani, a Aerovías de México –Aeroméxico–, de Andrés Conesa, así como al Grupo Financiero Banorte”, y también a Volaris, se quejó Joaquín Ortega, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) en entrevista con Proceso (edición 1953).
Luego de ello, el proceso de quiebra debió quedar suspendido después de las impugnaciones interpuestas entre lunes y martes pasados por parte de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza, sin embargo, el procedimiento sigue en curso.
Experto en quiebras
El miércoles 23 de abril, la STC formalizó ante el Juzgado 11º de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal la designación de Ascencio Triujeque como síndico de la quiebra de Mexicana, pues la decisión de “sepultar” a la aerolínea ya había sido tomada por el gobierno federal tal como lo anunció el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en conferencia de prensa ese mismo día.
Triujeque es abogado de profesión que se ha especializado en la quiebra de empresas mediante concursos mercantiles. Entre 1982 y 1997 fue subdirector jurídico de Asuntos Bursátiles e Internacionales de Nacional Financiera (Nafinsa).
“Cuando fue abogado en Nafinsa participó como representante de la institución en la quiebra de la Compañía Minera Cananea, Aeronaves de México y en las reestructuraciones de Aerovías de México, Compañía Mexicana de Aviación (Aeroméxico y Mexicana de Aviación), así como en Grupo SIDEC”, según se destaca en su currículum.
Ascencio Triujeque es miembro del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) y nació en el Distrito Federal el 7 de noviembre de 1961. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1979 a 1984, y luego cursó la maestría y el doctorado en la Universidad Panamericana.
En 1987 tomó un curso para agente del Ministerio Público Federal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Su experiencia profesional comenzó en el despacho Ascencio & Hurtado, del que es socio director a la fecha.
También se desempeñó de 2005 a 2012 como director jurídico de Volaris, dirigida actualmente por Enrique Beltranena, y cuyos socios son Roberto Kriete y Pedro Aspe, este último secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas y uno de los políticos más beneficiados en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y entre 2002 y 2004, Alfonso Ascencio fue director general de Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y dos años antes fue director general adjunto jurídico del sistema financiero de fomento de la SHCP. También fungió como subdirector de financiamiento corporativo de Nacional Financiera.
En 1998 fue asesor jurídico del secretario de Comunicaciones y Transportes y un año antes director general adjunto de procedimientos legales en la Secretaría de Hacienda.
“Como parte de mis actividades he tenido la encomienda de formalizar diversas emisiones en los mercados de dinero y de capitales nacionales e internacionales de diversas empresas y del mismo gobierno federal”, destaca Ascencio Triujeque en su currículum, del que la misma SCT envió copia adjunta en el comunicado entregado a la prensa con motivo de su designación como síndico en el caso Mexicana.
Ahí resalta que participó en “diversas bursatilizaciones” con Elektra, la empresa de Ricardo Salinas Pliego; de TV Azteca; Geo, la inmobiliaria que hizo negocios de vivienda con los hijos de Marta Sahagún en el sexenio de Vicente Fox, y Maxcom, en telecomunicaciones, entre otras. Ha participado, se abunda, “desde el diseño de contratos de fideicomiso hasta la emisión de los certificados de participación correspondientes y su cruce en Bolsa”.
El 10 de junio de 2011 el entonces titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Héctor González Weeks, pidió a su homólogo de la Oficina de Aviación Internacional de Estados Unidos, Paul L. Gretch, otorgar “una autorización extrabilateral” a la aerolínea Volaris para cubrir sin escalas las rutas a Las Vegas, Los Ángeles y Chicago, vulnerando con ello la Carta Magna.
Estos itinerarios eran operados por Mexicana de Aviación, ahora en quiebra, y en ese momento la solicitud de la DGAC trasgredía el Convenio sobre Transportes Aéreos signados por los gobiernos de Estados Unidos y México el 15 de agosto de 1960, el cual impide a las aerolíneas extranjeras circular por el espacio aéreo sin restricciones.
“La maniobra fue tan silenciosa que, mientras se procesaba, Volaris echó a andar la campaña radiofónica ‘Viaja a precio de camión’, que ofrecía viajes redondos por 350 dólares a Las Vegas, Los Angeles, Chicago, San Francisco, San José, San Diego y Fresno. La venta de boletos se realizaría entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2011, con el fin de volar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre” de ese mismo año (Proceso 1810).
En ese entonces, el semanario llamó a Volaris para preguntar sobre sus vuelos ofertados y le respondieron que debía acordarlos con la empresa Southwest.
Southwest es una aerolínea de bajo costo de Estados Unidos. Es la más rentable por el número de pasajeros transportados al año. Es la sexta mayoritaria en el vecino país por ingresos y mantiene la segunda mayor flota de aviones de pasajeros de todas las aerolíneas comerciales del mundo.
Desde agosto de 2006 esta aerolínea ha transportado a personas de cualquier parte del globo terráqueo hacia Estados Unidos, según las estadísticas del Departamento de Transporte.
González Weeks expuso en su misiva los motivos de su petición: “Tomando en consideración la situación por la que atraviesa una de las líneas aéreas mexicanas (Mexicana de Aviación), que está en concurso mercantil en ambos países, motivo por el cual no pueden rentarle (a Volaris) el permiso para operar las rutas citadas en Estados Unidos” (Proceso 1810).
En respuesta, la Federación de Sindicatos del Sector Aéreo (Fedssa) solicitó al director de la Oficina Internacional de Aviación de Estados Unidos, Paul L. Gretch, desatender la solicitud del titular de la DGAC, debido a que pretendió interceder “injustificadamente a favor de los intereses de una compañía en particular”, en este caso Volaris.
El 10 de febrero de 2011 la cadena de noticias CNN informó que Gilberto Perezalonso había reemplazado a Pedro Aspe Armella en la dirección de Volaris.
Hoy Aspe es socio de Volaris.
Pese a todo, sindicatos y trabajadores de Mexicana anunciaron su decisión de impugnar la determinación de la juez Edith Alarcón, quien desestimó las impugnaciones contra la quiebra de la aerolínea.
