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Opinión de (Rosario Avilés) |
Problemas de fondo
Mucho se ha comentado la decisión de las autoridades aeronáuticas de
restringir el número de operaciones por hora en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México que comenzará a regir en la
siguiente temporada invernal. La declaratoria de aeropuerto saturado que
hizo la Dirección General de Aeronáutica Civil en el diario oficial,
inició una pequeña reestructura que, supuestamente, ha pisado algunos
callos por ahí y según algunos “es un gran lío”.
Lo cierto es que el problema central que enfrenta la aviación mexicana no es la saturación del aeropuerto capitalino. Éste es un “daño colateral” que tiene que ver con la ineficiencia con que se gestiona el sector desde hace más de una década.
Si en vez de gastarse 1,200 millones de dólares en una ampliación cosmética del AICM que comprometió los ingresos de esta terminal por 20 años, la administración de Fox hubiese construido el aeropuerto complementario de Tizayuca, su inversión habría sido de la tercera parte y hoy tendríamos una capacidad instalada para los siguientes 20 años. Pero como en este país no pasa nada y la impunidad es rampante, no importa que se gaste el dinero y se tire a la basura, al fin que nadie es —a la mera hora— responsable.
Lo mismo pasa en relación con el futuro de las líneas aéreas comerciales mexicanas. Independientemente de la situación particular de cada una, donde según estudios de consultores internacionales hay debilidades que se tienen que atender con urgencia, lo cierto es que hay una debilidad sistémica que pocos quieren ver y que nadie le dice en su cara a los funcionarios públicos porque temen que eso implique represalias.
Mientras tanto, se desprende de los reportes, Volaris tendría
debilidades en su rentabilidad, en el monto que paga por el alquiler de
su flota como porcentaje de sus ingresos y en la fragilidad de su
composición accionaria que no se apega estrictamente a la norma.
Interjet, por su parte, tendría problemas con sus deudas de corto y
largo plazo que presionan su liquidez y Aeroméxico tendría su principal
problema en sus obligaciones laborales que la competencia no tiene.
Las tres enfrentan otros retos, tan importantes como el costo del combustible (aunque cuenten con coberturas para hacerle frente) y con la debilidad de las instituciones del sector que encarecen la operación e incluso obligan a las empresas a gastar más en certificaciones externas, porque nuestro país aún no es confiable para las autoridades de otras naciones a donde nuestras empresas desean volar.
Estas debilidades son de mayor calado y plazo que el recorte de
horarios en las horas pico del AICM pues, además, existe el aeropuerto
de Toluca donde las empresas de bajo costo (laboral) tuvieron
facilidades para iniciar operaciones.
Mientras tanto, en días pasados el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza dijo que si Mexicana de Aviación
regresara al mercado “se armaría la guerra en aviación”, ya que
sus slots y rutas ahora son explotados por Aeroméxico, Interjet y
Volaris y tendrían que devolverlos.
El funcionario aludió a que esa es una de las medidas cautelares que hace casi tres años impuso el entonces juez rector del Concurso Mercantil, Felipe Consuelo Soto, con el fin de proteger el patrimonio de la Primera Línea Aérea de Latinoamérica.
La novedad que el funcionario acaba de descubrir fue advertida cientos de veces por innumerables personas, desde que la administración de Calderón repartió los slots que —sabía perfectamente— estaban bajo protección judicial. Pero el desprecio absoluto a la ley y la certeza de que no habría consecuencias para ningún funcionario en este país de impunidad, les permitió seguir con el juego y que los que paguen sean los más débiles, los que no se pueden defender.
Las palabras del titular de la SCT no deberían quedarse en el vacío. Si la situación que provocó este estado “de guerra” de la aviación, fue producto de la negligencia (o corrupción) de funcionarios de la administración pasada, ese daño debe resarcirse y los responsables deben sufrir las consecuencias. Es decir: Juan Molinar Horcasitas, Huberto Treviño, Dionisio Pérez Jácome y Felipe Duarte tienen que responder por esa omisión a la ley y desacato a la resolución judicial, que por cierto, deberá cumplirse. ¿O no?
Lo oí en 123.45: Y además: se debe investigar y hacer justicia en el
caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los
responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
