Opinión de
Despegues y aterrizajes(Rosario Avilés | )
Aviacsa… ¿y el Estado?
Rosario Avilés | Opinión
Martes 9 de Junio, 2009 | Hora de modificación: 01:27
El "affaire" Aviacsa muestra que las maneras tradicionales de hacer aviación en este país ya no funcionan. Esta película -la enésima con el mismo argumento- no sólo ya la vimos, sino que no tiene final feliz, pues se ha ido deteriorando su argumento y los instrumentos con que hoy se cuentan están desgastados y deslegitimados. Desde luego, Aviacsa no es TAESA, ni siquiera se parece a Aerocalifornia ni a Allegro. Y la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha ido desertando de su papel regulador y rector, al punto que la privatización del servicio público parece ya la privatización de la función pública.
Decían las abuelitas que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Este gobierno se especializa en ello. Hubo un sabor de engaño en la manera como el Ejecutivo abordó el caso de la influenza llamada porcina. Y aunque no sabemos en realidad cuál es el estatus del avance del narcotráfico en el país, hay muchos operativos recientes y spots y campañas electorales que ensalzan el combate de esta administración contra el problema, que también parecen demasiado favorables a la continuidad del partido en el poder.
En el caso de la orden para impedir que Aviacsa siga volando también hay demasiados puntos oscuros que, al no aclararse, hacen perder la credibilidad de las acciones emprendidas y que no benefician a nadie. Por ejemplo: resulta demasiado casual que, sólo dos semanas antes de la orden de la DGAC para parar a Aviacsa, el director de una aerolínea competidora haya dicho que en el mercado sobran 26 aeronaves (que son, justamente, las que posee Aviacsa) y que habría que "racionalizar la oferta".
Por otra parte, es bien sabido el interés que tuvo otra línea de bajo costo, primero por adquirir a la propia Aviacsa -lo que le sirvió para conocer a fondo sus problemas y posibilidades- y luego por quedarse con sus slots de los aeropuertos de México y Monterrey y algunas de sus rutas más rentables. Todo ello no pasaría de ser un chisme, si no fuera porque desde que López Meyer despachaba en DGAC hubo fuertes desencuentros entre esa dependencia y la aerolínea del logotipo maya, traducidos en auditorías constantes que quedaban en recomendaciones de cosmética.
Esa es la información que ha sido difundida (de ahí la necesidad de transparentar la función de gobierno y de abrir archivos al escrutinio público, única manera de corroborar lo que se dice sotto voce) pero también se ha dicho -y es constatable- que el número de incidentes y accidentes que ha tenido la empresa dividido entre el número de operaciones que realiza, es bastante bajo en comparación incluso con empresas internacionales de mucho prestigio.
Es cierto que su contratación laboral no es precisamente para enorgullecer a nadie (eso lo comparte con sus competidoras de bajo costo) y que evitó respetar el voto de sus pilotos que deseaban pertenecer a la ASPA, con argucias laborales que no han terminado. Pero ello, aunque la muestra marrullera -como la mayor parte de nuestras aerolíneas- no la hace insegura. Igual puede decirse de la edad de su flota que, aunque es alta no supone bajos niveles de seguridad pues sus sistemas de mantenimiento son rigurosos.
También es verdad la cantidad de adeudos que Aviacsa mantiene con diversas dependencias de gobierno. Pero esto sucede igual con el resto de las aerolíneas. Es por todo ello que resulta muy difícil demostrar que en este caso hay razón para parar a esta empresa. Tener problemas financieros no es delito (sobre todo si hablamos de empresas que operan en un mercado completamente desordenado como el mexicano). Pero en todo caso, las autoridades aeronáuticas tienen en sus manos la solución: hay un instrumento que se llama requisa.
Se trata de que el Estado, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución, garantice la prestación del servicio (en este caso es un servicio público estratégico, sujeto a concesión) y que la aerolínea siga operando para no dejar en tierra a los miles de pasajeros y sin empleo a sus trabajadores, que no tienen la culpa de estos litigios extraños, mientras que la justeza de los reclamos se dirime en tribunales, especialmente si éstos se auxilian de técnicos aprobados por la FAA, la OACI y tal vez una tercería europea, que son especialistas imparciales.
Sería la forma más justa y creíble de enfrentar este problema. Lo contrario es condenarla a la quiebra y alimentar las sospechas de que hay línea para favorecer a su competencia
