La respuesta va por esta vía, porque me da una flojera infinita responder en SDP Noticias, donde tengo columnas más importantes que publicar.
Carta de Iván Enríquez, sobrecargo jubilado, relacionada con una
columna de Ximena Garmendia.
Federico
Arreola
Director
General SDP Noticias
Derecho
de réplica
Nuevamente,
me dirijo a usted a fin de solicitar derecho de réplica a efecto de clarificar
la información que sobre mi persona dolosamente vierte la columnista Ximena
Garmendia Islas el 21 de abril de los presentes y que se titula “Sigue en pie
la compra de Mexicana”.
No hay dolo, apenas una sagaz precaución con la que cada uno
defiende su derecho. En ese sentido Iván Enríquez manifiesta sus
“clarificaciones” respecto a mi opinión siempre fundamentada, y no por ello
considero que actúa “dolosamente” en mi contra. Al contrario, bienvenido el
debate, siempre respetuoso, así como la confrontación de ideas. Y aclaro desde
ahora: llamarlo por su nombre no es “verter dolosamente información sobre su
persona”.
Sucede
que la persona en cuestión, abusa del género (columna o artículo de opinión)
mediante el excesivo uso de adjetivos y
mentiras, pretende distorsionar la realidad; en este caso, sobre un asunto que
se encuentra judicializado y, por ende, son los hechos y no las opiniones las
que marcan el curso de los resultados pero, pretender generar una opinión
colectiva al respecto, consistentemente a personas en particular, devela el
interés económico que sobre el tema obtendría la responsable de esas
aseveraciones y el libertinaje al que puede ser sometido el ejercicio
periodístico cuando se le usa como Carta de arma política en beneficio propio.
No entiendo a qué le llama “uso excesivo de adjetivos”. Supongo que
le parecen “demasiadas” las palabras con que acompaño al sustantivo, pero lo
hago solamente para expresar las cualidades, o para determinar o limitar la
extensión del mismo. Si le parecen demasiados, entonces le sugiero no leer a
autores como Tolstoi, García Márquez o Saramago, porque antes de entenderlos,
los va a odiar.
Dice que hago un uso excesivo de mentiras, pero en su carta no
desmintió nada de lo que publiqué; sí dejó en claro que no comulgamos y que no
pensamos igual, pero ¿diferir me convierte en mentirosa? Yo digo que no.
En
cambio, opina que “el asunto se encuentra judicializado” y que por ende, son
los hechos y no las opiniones las que marcan el curso de los hechos. Otro día
con más calma le pediré que me explique cómo se puede llegar a un hecho o acto
jurídico, sin que antes exista una opinión.
Opinar es solamente manifestar una idea que se tiene formada, y
siempre lo he hecho. Jamás he pensado que expresarme libremente sea para
“generar una opinión colectiva”. Si esa fuera mi intención, en lugar de
escribir dedicaría mis fuerzas a formar una secta religiosa, donde del dogma
fuera la norma, y ¡Ay de aquel que ose pensar de manera diferente! Asevera que
yo misma develo dos intereses: uno económico, que ni él mismo logró explicar, y
otro que se traduce en “libertinaje” al someter el ejercicio periodístico como
“carta de arma política” (sic.) en mi propio beneficio. Ya no entendí, ¿soy
mentirosa, maquiavélica o mercenaria?
Más
de 250 sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación contratamos al abogado
Peña Neder como profesionista para demandar nuestros derechos tras la quiebra y
ganamos un laudo en 2016 en el que se indica cómo deben ser pagadas nuestras
pensiones.
¿Y quién ha dicho con
contrario?
Los
derechos se pueden hacer valer por una persona, por varias o por un colectivo;
si somos “un grupo reducido”, “minoritario” o no, resulta irrelevante cuando se
trata de derechos legales. Lo grave de hacer esas afirmaciones en un medio de
comunicación es que, aunque sea su opinión, el medio avala palabras que, aunque
falsas y de responsabilidad individual, se equiparan a afirmar que una mujer
violentada no tiene derecho a contratar al abogado de su elección y que lo que
su abogado va ganando en favor de ella, lo es en detrimento de otros cientos de
mujeres que han sido víctimas pues las otras víctimas son mayoría. Tan falso y
grave como eso.
Lo dije desde la publicación
original. Sé que les molesta el adjetivo “reducido”, pero en la réplica no lo
pudo desvirtuar, se limitó a decir que el número es irrelevante. Y tan
consciente estoy de eso que en ningún momento he dicho que por ser “poquitos”
no tienen derecho a litigar. Una de las notas más leídas de mi blog personal es
precisamente sobre una mujer, una solita, que ha peleado sus derechos laborales
contra toda una empresa aeronáutica. No la lean si les molesta el exceso de
adjetivos, porque a esta mujer le llamo valiente, coherente, fuerte, temeraria,
tenaz, inflexible, y muchas cosas más.
Con lo que definitivamente
no estoy de acuerdo es con el galimatías que el replicante quiere hacer valer
como premisa, pues se equivoca al decir si SDP Noticias me publica, eso “se equipara a
afirmar lo escrito por mí”.
Eso es una aberración, cada una de las plumas que
escribe en el medio digital es totalmente responsable de sus publicaciones, y
nuestras opiniones no son compartidas necesariamente por el portal. Basta un
simple vistazo, una revisión somera de los encabezados de las columnas de
opinión para darse cuenta de que las opiniones se contrapuntean, y que siempre
hay debate… ¿Por qué tanto miedo e intolerancia contra los que piensan
diferente?
Cuando
se lee: “Han sido —y siguen siendo— múltiples los intentos chicaneros”, no se
refiere a otra cosa que la eficiencia JURÍDICA del equipo de abogados, misma
que ha logrado evitar que se pase por encima del laudo (derecho) referido y que
se encuentra a disposición de SDPNoticias a fin de verificar su contenido.
Cuando la exsobrecargo afirma que dicha eficiencia profesional es “para evitar
que los bienes y marcas de Mexicana de Aviación sean adquiridos por el gobierno
federal” miente y distorsiona el objeto de todos y cada uno de los recursos
jurídicos a los que tenemos derecho como ciudadanos, como trabajadores y como
jubilados; es evidente que, aunque se los filtran, no los ha leído; menos aún
con criterio jurídico ni periodístico pues en todos ellos lo que se exige es,
en resumen: que al no haber sido incluidos, se debe considerar el pago DE
ACUERDO AL LAUDO que el mismo poder judicial determinó desde el 2016 y que se
solicita el amparo de la justicia en caso de que esto no sea así.
Si a lo que yo le llamo “chicanada”, el
replicante le llama “eficiencia jurídica y profesional”, es más que claro que
tenemos puntos de vista diferentes, disímbolos y distantes (perdón, se me
olvida que no le gusta el exceso de adjetivos).
El punto es que si han pasado
siete años desde que ganaron un laudo y a la fecha no lo han podido cobrar,
“eficiencia” tal vez no sea la palabra que estaba buscando el replicante. Chicanada
no debe entenderse como sinónimo de ineptitud, sino como ese recurso
legal que se utiliza para detener, a toda costa, la conclusión de un juicio, o
la realización de un acto jurídico determinado.
Quien pidió la réplica dice que
su estrategia es “evitar que se pase por encima del laudo”, y nunca he dicho
cosa diferente. Si lo quieren hacer ahora por la vía del amparo, a pesar de que
dejaron el expediente en inactividad procesal y que no trabaron ningún embargo
en el momento procesal oportuno, no es mi problema ni mi decisión, pero eso no
impide que me forme una opinión personal y libre, y para mí eso no se llama
estrategia, sino chicanada.
Pero ¿qué importa lo que yo piense, si lo que
valdrá al final es lo que dicten las autoridades jurisdiccionales? Aunque yo
fuera influencer, y tuviera grandes huestes de seguidores dispuestas a
levantar la mano cuando yo lo indique, la decisión final será jurídica,
entonces ¿qué le quita el sueño a Iván Enríquez Barragán?
Y le recuerdo a Iván que no soy "ex sobrecargo", aunque le duela en el alma, sigo siendo sobrecargo ACTIVA de Compañía Mexicana de Aviación.
“Chicanada”
es pretender que por medio de la opinión pública se logren conculcar derechos
adquiridos por un sector vulnerable de trabajadores. Esas sí son chicanadas.
¿Qué pasó, representante
común en el Juicio 88/2015? No les hagas creer a tus representados que de verdad
piensas eso que escribes: que con mi columna puedo conculcar sus derechos
adquiridos. Esto no es El Caso Dreyfus, y yo no soy Émile Zola… aunque
te agradezco que me consideres un personaje con tanto poder, pero no es así, y
tus representados lo saben bien.
Fui
designado por los compañeros jubilados como representante común en el juicio
88/2015. Se trata pues de una figura jurídica de representación que no
esperamos que la autora conozca —pues no cuenta con cédula profesional ni como
abogada, ni como periodista o comunicóloga—, lo que explica el que a ella le
extrañe que sea el que suscribe: “quien da la cara por estos compañeros ante
los medios de comunicación” y que desconozca “las verdaderas causas por las que
fue nombrado “vocero” o “representante” de este grupo”. Por tanto, su
ignorancia por el tema, aunque pretenda generar aversión pública hacia mi
persona, no cambia la realidad y las facultades y derechos que como tal tengo
ante la autoridad.
Ni despacio podré desenmarañar este párrafo, porque es un verdadero
asalto a la lógica y a la razón. Fui muy clara, y el replicante me hace el
favor de reconocerlo, en referirme a “la cara que sale a los medios”.
La
representación judicial, autorización para enterarse de los autos, oír y
recibir las notificaciones de su expediente laboral, facultades de promover y
desistirse, simple y sencillamente no me competen. Lo dije y lo sostengo:
ignoro por qué es Iván Enríquez quien sale a los medios, y no uno de los
abogados, pero eso efectivamente es intrascendente… bueno, no tanto porque
causó ámpula.
La parte que ya no se puede explicar es cómo mi “ignorancia”
puede generar aversión pública (supongo que este adjetivo sí es
necesario, para diferenciarla de la aversión canina, la gatuna y la bovina)
hacia la persona de Iván, y luego remata diciendo que mi misma ignorancia no
cambiará la realidad, facultades y derechos que tiene ante la autoridad. Es un
“sí, pero no” bastante peculiar.
Ahora, para escribir una columna de opinión no se requiere de contar con cédula profesional, así como Iván puede ser sí quiere "Director de análisis político", yo puedo seguir escribiendo mi opinión en este blog ¿o necesito acaso de una cédula profesional para tener uno?
Si
bien coincidimos en alguna época en el trabajo sindical, jamás trabajé “codo a
codo” con la falsaria autora en la vicepresidencia de Asuntos Económicos,
Políticos y Sociales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), yo fui
designado por la entonces secretaria general, Lizette Clavel, para realizar los
trabajos de coordinación de tal vicepresidencia. Son muchos los actores y
personas que pueden atestiguar que nunca vieron o recordarían presencia alguna
de la autora de la columna en esos foros sindicales, y otros tantos los que
saben que eran muchas y estructurales sus deficiencias.
Ahora resulta que soy “falsaria autora y con muchas deficiencias
estructurales”. Nunca he negado lo que sale de mi pluma; jamás he tenido
necesidad de recurrir a los textos anónimos; no se me da, incluso cuando lo he
intentado, siempre termino reconociendo y defendiendo mis dichos y mis
escritos, porque son mi punto de vista. No sé a qué tipo de “estructura” se
refiere el replicante, dependiendo de eso yo podría responder su dicho; pero es
evidente que son más sus ganas de atacar y despotricar, que hacer una crítica
seria.
Estoy de acuerdo en que no fue ayer, pero tampoco es que el año 2008
esté tan lejano como para que Iván Enríquez Barragán ya haya olvidado que en su
carácter de Titular del Centro de Estudios de ASSA, me acompañaba -yo como
Secretaria de Actas- a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos y
Sociales de la UNT. Son muchos los documentos en que al calce aparecen nuestras
firmas.
A eso es a lo que yo le digo “trabajar codo con codo”; eso no quiere
decir que siempre tuvimos las mismas opiniones, pero por lo menos yo siempre
tuve bien claro que era parte de la representación sindical, y como tal, mis
filias y fobias personales subyacían a los intereses de los agremiados.
Iván no debería olvidar ese tipo de hechos; le toca representar al grupo
de compañeros (que conste que ya no le dije “reducido”, para limar asperezas)
que como él decidieron demandar de manera individual.
Debe tener muy claro,
para una mejor defensa, que fue electo para ser Vocal de la Comisión de
Vigilancia, de la que era Presidente Fausto Guerrero (otro compañero con el que
trae un “pleito casado”), y que de ahí pasó al Centro de Estudios. No creo que
haya olvidado que la VAEPS de la UNT le corresponde ocuparla a la Secretaría de
Relaciones de ASSA, pero que en esa gestión estaba volando; por Estatutos la
suplencia le correspondía a la Secretaría de Actas (a mi cargo), y que la
Secretaria General de ASSA optó por que el Centro de Estudios me acompañara en
ese encargo.
No fue casualidad, no es un secreto para nadie que Lizette Clavel
lo decidiera así porque sabía que mi pecho no es bodega, y “nunca me quedaba
callada”. Y sigo siendo así, a Ustedes les consta. Les pregunto a los
compañeros que son representados por Iván Enríquez, ¿de verdad ustedes podrían
atestiguar que “nunca” estuve presente en esos foros sindicales? Entonces ¿por
qué sí aparecen mis firmas?, si fueron colocadas por una entelequia, entonces
su representante está reconociendo públicamente que aceptó convalidar actos
(aunque sean protocolarios) que nunca existieron. Por favor, ese absurdo cae
por su propio peso, y es insostenible.
Con
la asesoría del despacho Connection México Global (CMG), establecimos una
estrategia jurídica con el fin de hacer valer nuestro laudo y cobrar nuestras
pensiones como jubilados de Mexicana. Una y otra vez hemos hecho pública
nuestra posición y objetivos y que, para efectos de clarificar, repetimos:
Queremos hacer efectivo el laudo que dice que tenemos derecho a una pensión
jubilatoria y el monto al que asciende para cada uno de nosotros; de ninguna
manera pretendemos obstaculizar la compra de los activos de Mexicana, incluida
la marca.
Y yo vuelvo a preguntar ¿En
qué momento dije lo contrario? En ese punto no hay controversia, todos sabemos
que lo que ustedes no quieren es que se haga la venta en los términos que
pactaron los sindicatos y asociaciones con el Gobierno Federal. Sus razones
tienen, y son tan respetables como tan respetables lo son las opiniones de
muchos otros en el sentido de que no queremos esperar más.
Lo
anterior, bajo el más elemental razonamiento: Si no se vende, no cobramos.
Nuestro juicio es contra el patrón deudor (Mexicana), no contra el gobierno.
Desearíamos le quede claro a la que escribe tan falaces afirmaciones.
Aquí hago dos precisiones necesarias, y trato de expresarlas con el
mínimo de adjetivos, para no incordiar a nadie:
1.- Iván Enríquez ha publicado en su perfil de Facebook que si no
compra la marca el Gobierno, no es el único cliente potencial. Entonces su más
elemental razonamiento ya no tiene sentido.
2.- Sería oportuno que sus asesores legales le expliquen que su
amparo, el 4342/2022, señala como autoridades responsables, generadoras del acto
que viola sus garantías constitucionales de manera irreparable, a la Junta
Especial Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su Presidente y su
Actuario, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y su Presidente, a la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social y su Titular… si ellos no son
“gobierno”, entonces ¿qué son?, ¿cómo dice que su juicio no es contra el
Gobierno?
Quizá
sea muy complicado para la autora entender los procesos jurídicos y, aunque
efectivamente en días pasados fue sobreseído un amparo; al siguiente día se nos
otorgó la suspensión provisional por otro amparo interpuesto meses antes, NO
POR EL MISMO, en donde claramente se expresa que se concede la suspensión por
el acto reclamado. Es completamente absurda la afirmación de que interpusimos
un nuevo amparo un día y que se nos otorgó la suspensión de manera automática al
día siguiente. Quien lo afirme así, (en este caso nuevamente la exsobrecargo)
miente y demuestra un total desconocimiento de la ley y de los procesos
judiciales en México.
Estoy de acuerdo, en el Derecho nada es automático, pero
hasta ahí llega mi conformidad con el replicante. Pero si considera que es
lesivo a sus intereses que en una columna de opinión, que no forma parte de su
juicio, ni del material probatorio, ni como expresión de agravios, mucho menos
como formulación de conclusiones, yo haya decidido “abreviar” los hechos, me
queda claro que ya no sabe con quién se está peleando, ni ante quién debe
defender sus posturas y estrategias. Que le quede claro: no es ante mí.
Sin abreviar hechos (y si no le gusta mi prosa, no puedo hacer mucho
por su particular condición):
1.- El 21 de diciembre de 2022, presentan demanda de amparo 239
jubilados de Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. , contra actos de la Junta
Especial Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en concreto: para
que no sea vendido y/o rematado el emblema, las marcas (subsidiarias y relacionadas
y avisos comerciales de Mexicana de Aviación. Este amparo será el expediente
4342/2022, y digamos que va a ser el protagonista.
2.- De dicha demanda conoce el Juez Segundo de Distrito en Materia
del Trabajo en la Ciudad de México; y el 3 de enero de 2023 desecha de plano su
demanda de amparo. Por ello el 9 de enero los quejosos interponen el recurso de
queja, mismo que fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materia del
Trabajo del Primer Circuito.
3.- El 28 de marzo de 2023, el Tribunal Colegiado emite sentencia al
Recurso de Queja, y lo declara fundado, ordenando le regresen el expediente al
Juez de origen (2º de Dtto Laboral) con la finalidad de no deseche de plano la
demanda, sino que le de entrada y juzgue si a los quejosos los asiste el
derecho que dicen tener.
4.- Hay que decirlo así: en materia laboral procede la “suplencia de
la queja”, así que el Tribunal Colegiado de Circuito, al analizar el recurso,
está facultado legalmente a “enmendarle la plana” a los litigantes, y en este
caso, les arroja luz jurídica al decirles que en su amparo no argumenten actos
futuros de realización incierta, sino que deben hablar de actos inminentes,
para que su demanda tenga materia jurídica, y no sea desechada (otra vez).
Y es que este tribunal no deja lugar a dudas, y resume que el ÚNICO
agravio expresado por el Quejoso es: “El Juez Segundo de Distrito en Materia
del Trabajo en la Ciudad de México hace un incorrecto análisis del acto
reclamado en el amparo indirecto, ya que…”, y luego procede a repetir lo
mismo que había puesto en su inicial demanda de garantías.
5.- Es por eso que el 18 de abril de 2023, ante el Juez Segundo de
Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México vuelve a llegar la
demanda de amparo (la del expediente 4342/2022) junto con un escrito
aclaratorio, y toda vez que el Tribunal Colegiado así se lo ordenó, le da
entrada a la demanda, y evidentemente, debe tramitar el “Incidente de
Suspensión”.
Todo lo anterior es lo que de manera consciente decidí abreviar en
mi columna publicada en SDP Noticias. No porque no entienda el proceso jurídico, ni
porque desconozca la ley, sino porque son demasiados detalles que le son
cansinos al público en general, y porque mi intención es que los lectores
habituales no nos den la espalda cuando se habla de lo complejo del caso.
De lo
que se trata es que sigan al pendiente, porque es lo justo, porque es
necesario, y porque no estamos hablando de una empresa privada como cualquier
otra, estamos hablando de una concesión federal (vigente, por cierto) que explotaba
algo que nos pertenece a todos los mexicanos: el espacio aéreo.
Para
nosotros es preocupante que Ximena Garmendia, el sindicato de pilotos, y la AJTEAM emitieran sendos comunicados vía
redes sociales y SDPNoticias en donde vierten información de un acuerdo de un
juicio del que no forman parte, peor aún, antes de que los actores fuesen
notificados, haciendo mención con beneplácito que “nos habían sobreseído los
amparos” (sic), con lo que se demuestra que la contraparte filtra información,
evidenciando colusión con la empresa o con alguna entidad involucrada en el
proceso (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o STPS, entre otros) y en
contra de los que en el pasado fuimos sus compañeros de trabajo.
Aclaremos: el replicante ha desarrollado una especie de paranoia,
con la que cree que todo el mundo está conspirando contra él; esto es consecuencia
de que no le quedan claros los vericuetos de su expediente.
Existe una Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y si leyera completo
su expediente ya se habría dado cuenta que los mismos tribunales hacen públicas
sus resoluciones, solamente protegiendo la información privada y personal.
Si
desde 2016 (o antes) es representante en el expediente 88/2015, debería saber
que existe una manera legal de darle seguimiento a las publicaciones de manera
digital. Si él ha acudido a los órganos jurisdiccionales, sabrá que hay una
sección denominada “estrados” donde se puede comprobar de manera directa las
fechas de las audiencias, y un extracto del acuerdo. Tranquilo Iván, nadie le
ha puesto Pegasus a tu celular.
El
derecho de réplica no es un instrumento de presión ni sirve “para acallar
voces” como ella lo afirma; es piedra fundamental del periodismo libre, de un
sano equilibrio entre los medios de comunicación y la sociedad, es parte de los
derechos que tenemos cuando se abusa del espacio que un medio de comunicación
otorga a un personaje público o a un empleado; es también un mecanismo de
protección para los medios de comunicación. La libertad de prensa no otorga
derecho a calumniar, a ejercer un daño moral, ni es escudo para filtrar
información judicial. El periodismo es una profesión comprometida con la
verdad. Un profesional de la comunicación emite criterios y opiniones bajo el
tamiz de las pruebas, la reflexión, la investigación seria (no sólo en la red)
y la ética.
En la exposición teórica sobre lo que es el derecho de réplica no
hay controversia. Obviamente no acepto que pensar diferente al replicante es en
automático un abuso del espacio que un medio de comunicación me abre para hacer
eso precisamente: opinar.
Si Iván Enríquez, desde su docto, perito, profesional
e infalible punto de vista considera que mis columnas carecen de pruebas,
reflexión, investigación y ética, solo hay dos posibles respuestas: o tiene más
experiencia que Federico Arreola Castillo, o las columnas de opinión de
Enríquez Barragán se publican en Le Monde Diplomatique, o en The New
York Times, por lo menos.
Es
verdaderamente desafortunado que en los tiempos de libertad de prensa que
estamos viviendo se intente utilizar ésta como pretexto para calumniar, mentir
y perseguir un objetivo distinto al de informar. En ese sentido, la
“periodista” ha utilizado el espacio para conseguir el objetivo de cobrar, como
empleada de Mexicana y en el menor tiempo posible, el famoso acuerdo
extrajudicial a expensas de nuestras pensiones jubilatorias devengadas y
laudadas por el tribunal colegiado.
Sigo esperando que me diga cuál es la difamación y que enumere las
mentiras y calumnias. Hasta ahora no ha hecho más que poner ejemplos de lo que
no comparte de mi punto de vista, pero eso no es delito. Dice que he utilizado
el espacio para conseguir cobrar el famoso acuerdo judicial.
Pero párrafos
arriba reconoció que gracias a la eficacia jurídica de sus asesores eso no ha
sucedido. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido gracias al abuso rastrero que
hago todos los días, desde hace 17 meses, en el espacio de SDP?
Por
más que intento encontrar el vínculo entre nuestro juicio y la venta de
Mexicana con la fundación y registro de un partido político como lo afirma la
columna, no lo veo. En estos tiempos de las redes sociales, cualquiera puede
decir semejantes desatinos sin pudor alguno. Baste con saber que existe un
complicado proceso de ratificación y verificación para poder obtener un
registro nacional como partido político. Más aún cuando los requisitos para tal
efecto indican que eso es posible hasta dentro de aproximadamente 2 años. Los
jubilados, así como cualquier ciudadano, tienen derecho de ejercer sus
preferencias políticas, de asociarse y de militar, pero puedo asegurar y
confirmar que NINGUN cliente ni sobrecargo jubilado ha recibido citatorio,
cédula de afiliación, o siquiera invitación a evento político alguno por parte
del despacho o del abogado. Por cierto, tampoco cobro alguno al que se refiere
la columna como “pase de charola”.
Otra vez: en Derecho nada es automático, y yo jamás dije que sus
representados estuvieran siendo afiliados. Pero me extraña que Iván Enríquez,
Director de análisis político (como se ostenta en su cuenta de Twitter
@blastworm) “no vea” algo que no es ningún secreto, que ha sido publicado en
diferentes medios (LatinUS, por ejemplo) y tampoco puedo creer que no se haya
enterado que Rafael Ortiz Cárcamo, uno de sus representados en el juicio, tiene
esas firmes intenciones (Nota “La Disputa por el SNTE” de Alberto Aguirre, en
El Economista, de fecha 7 de septiembre de 2021), y que actualmente firma
circulares de Partido Republicano como Oficial Mayor.
La frase “son muchos los
gastos en el juicio” no es mía, la dijo el replicante en uno de sus videos. Al
buen entendedor, pocas palabras.
A
título personal y más allá de que no comparto ideología política con los
profesionistas contratados, recibo con beneplácito la noticia de que se amplíe
el espectro de representatividad política de la sociedad. Por tanto, asegurar
que la motivación del abogado es política, es un supuesto que nuevamente
demuestra desconocer de lo que es posible o no en materia política, en materia
de derecho y en materia electoral; más aún desconocer en absoluto al gremio al
que perteneció la autora, a efecto de mayor claridad: todos sabemos que el
personal de la aviación nunca ha tolerado ni se ha permitido ser instrumento
político a pesar de los intentos en el pasado de algunos dirigentes sindicales.
La militancia de cada uno de nosotros es un derecho ciudadano y el abogado fue
contratado por nosotros para hacer precisamente lo que está haciendo: Buscar a
través del ejercicio de la abogacía, el pago de nuestro derecho consagrado en
un laudo que tiene fuerza de ley y que algunos diletantes pretenden desconocer.
Todas son declaraciones unilaterales, y no tengo absolutamente nada
qué decir al respecto. Solo señalo que no pasa de noche que “diletante” (persona
que tiene afición por una o varias artes o disciplinas del saber) es una
palabra que también tiene una acepción peyorativa, y se utiliza para referirse
a quien no es profesional, generalmente por no tener capacidad para ello. Con
este sentido es como también aparece la palabra en la Declaración de
identidad de la página web de mexicorepublicano.com. Casualidades de la
vida, ¿verdad?
Por
último, reiteramos a fin de que quede claro a la autora de la columna, a
SDPNoticias y a sus lectores: NO NOS OPONEMOS A LA VENTA, nos oponemos a
someternos al acuerdo extrajudicial al que llegaron algunos trabajadores, la
STPS y los sindicatos con el que pretenden violar nuestro laudo y los de otros
trabajadores. Defenderemos nuestro derecho.
Iván
Enríquez, Sobrecargo jubilado, Representante común en el juicio 88/2015
Pues llegamos al final, y el quid del asunto se desmorona: lo que
quiere que quede claro con su réplica, es que se oponen a someterse al acuerdo
extrajudicial al que llegaron algunos trabajadores, la STPS y los sindicatos…
eso fue exactamente lo que dije. Y que defenderán su derecho, pues eso es una
verdad incuestionable, si no, ¿para qué promoverían su amparo?
Quiero rematar con preguntas directas para Iván Enríquez Barragán:
¿qué criterio impera en su lógica, para gastar tinta y en su réplica llamarme
“ex Sobrecargo” y él firmarla como Sobrecargo?, ¿Según él, qué sucedió en el
camino para que yo perdiera esa calidad, y él todavía la mantiene?, ¿ese es el
rasero con el que representa a sus compañeros? ¿con la lógica de “todos somo
iguales, pero unos más que otros”?
No te confundas, Iván. Pensar diferente no convierte a todo el mundo
en tu enemigo. Te mando un abrazo.
