Rosalía Vergara
MÉXICO, DF (Apro).- El problema aparentemente irresoluble entre Aerovías de México (Aeroméxico) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), colocó a la aerolínea en la misma ruta que tomó Mexicana de Aviación en 2010: la espera de una eventual quiebra.
El viernes 5 de julio tuvo lugar la primera audiencia entre las partes luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) reactivara, el lunes 1, la demanda de conflicto de naturaleza económica interpuesta por la empresa contra el sindicato, con lo que se incumplió una promesa hecha por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario se había comprometido a suspender indefinidamente ese conflicto a cambio de que en 30 días (a partir del 30 de mayo) se revisara el contrato B, el que hipoteca el futuro de los trabajadores de nuevo ingreso mermando el salario y las prestaciones del contrato colectivo de trabajo.
El compromiso de Navarrete se le entregó al dirigente de la ASSA, Ricardo del Valle, la madrugada del 30 de mayo, luego de alcanzar un arreglo para evitar la huelga a la que habían emplazado los sobrecargos.
Se trata de una carta firmada por "el secretario", en hoja membretada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con su nombre en la parte superior derecha y que dice: "En relación al conflicto de naturaleza económica que ha presentado la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ésta se obliga a suspender indefinidamente cualquier audiencia, notificación o escrito alguno, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asume el compromiso de que a la mayor brevedad hará las gestiones para que ese asunto pueda darse por terminado."
Navarrete pidió no divulgar el contenido de la carta (de la que Proceso tiene copia).
La noche del lunes 15, la ASSA fue notificada sobre el "Dictamen que se presenta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje relativo a la demanda de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, presentada por Aerovías de México, S.A. de C.V. contra la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ASSA", calificado por ocho peritos independientes, quienes concluyeron que se deben respetar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores en activo y modificarse para los de nuevo ingreso, que era lo originalmente planteado en el contrato B.
A los futuros sobrecargos se les reducen los ingresos 20% y no 64%. Los afectados serán los de nuevo ingreso, quienes, quizá, sean sobrecargos despedidos y luego recontratados.
En el capítulo VIII, sobre "la forma en que según su parecer pueda solucionarse el conflicto", se hace una relatoría sobre la quiebra técnica en Aeroméxico que data de 2008. En el documento de 132 fojas —del que este semanario tiene copia— se señala que "el concepto de costos que puede reducirse de manera inmediata es de los sobrecargos, mediante modificaciones a las condiciones de trabajo que mejoren sustancialmente la productividad."
Con estos cambios la empresa pretende ahorrar 697 millones de pesos, con lo que revertiría pérdidas, que en 2012 ascendieron a 121 millones de pesos.
Con ese dinero, obtenido a partir del castigo a las condiciones de trabajo de los sobrecargos, se pretende continuar con el programa de sustitución de aeronaves rentadas por aeronaves propias y para modernizar la flota.
"Por otra parte, al mejorar los márgenes operativos, Aerovías de México, S.A de C.V., podrá implementar políticas tarifarias más flexibles que le permitan ganar clientes que mejoren el factor de utilización de la flota, creando un círculo virtuoso, ya que a mayor efecto de utilización, los costos unitarios se reducen y se pueden ofrecer mejores tarifas a los usuarios", dice.
CHANTAJE
Luego de un mes, Aeroméxico le notificó a la JFCA que ASSA había incumplido la cláusula sexta del convenio de negociación del contrato colectivo de trabajo "relativo a las condiciones laborales de nuevos sobrecargos en términos de costo del conflicto colectivo de naturaleza económica planteadas por la empresa bajo la premisa de alcanzar la eficiencia económica que le permita honrar los compromisos derivados de esta revisión. Este punto deberá quedar concluido el 1 de julio de 2013."
En su demanda ante la JFCA —cuya copia tiene Proceso— el apoderado legal de Aeroméxico, Salvador Pasquel Villegas, destaca que su representada cumplió con su parte el 3 de junio, cuando compareció ante la Junta, como consta en el expediente IV-112/2013, y aseguró que ASSA no hizo lo propio, "ya que a la fecha no ha aprobado las condiciones (laborales) aplicables a dichos sobrecargos."
Por lo anterior —y con el argumento de que la empresa tuvo pérdidas económicas durante junio— Aeroméxico pidió a la junta que "se reinicie y concluya a la brevedad posible el procedimiento de conflicto colectivo de naturaleza económica". Y la JFCA así lo hizo, pese al compromiso de Navarrete Prida.
En una respuesta enviada a la JFCA el viernes 5, con el anexo de la minuta de la anterior negociación del contrato colectivo, la ASSA señaló que hay un convenio en el cual se acordó que el procedimiento del conflicto (de naturaleza económica) se dejaría sin efectos. "Este convenio es cosa juzgada", precisó. Además indicó que el proceso no puede reanudarse unilateralmente, como lo pretende la empresa.
Es "absurdo que se pretenda reanudar sin justificación legal por una sola de las partes. Es obvio que un procedimiento de carácter legal no se puede manipular para iniciarse y suspenderse a juicio de la empresa. En el periodo entre ese pacto y el actual no hay elementos de cambio que pudieran fundar una nueva exigencia de modificación, más aún cuando la empresa se encuentra en números negros, ha repartido utilidades y, entendida como unidad económica con su filial Connect, tienen una excelente condición financiera, como lo han reconocido permanentemente, a grado tal que próximamente adquirirán un centenar de aviones nuevos."
Además pidió que el conflicto de naturaleza económica no sea usado como un medio de presión para un fin distinto al planteado en la demanda, como es la aceptación del contrato B. Calificó de contradictorio que se les avise al mismo tiempo que reanudan el procedimiento.
CONTRATO LEONINO
La propuesta de Aeroméxico —cuya copia tiene Proceso— está fechada el 12 de junio y estipula, entre otras cosas, que los sobrecargos laborarán 180 horas mensuales de tiempo efectivo de vuelo; si éste se cancela, permanecerán hasta tres horas en espera de asignación de otro servicio.
Los cambios en sus horarios podrán notificarse en el domicilio, incluso por vía telefónica, durante el trayecto, en la sala de reservas, oficinas, en los aviones, dentro o fuera de sus recesos, descansos o en el último día de sus vacaciones. Al regresar a la base tienen 25 minutos para ir al Área de Control de Tripulaciones a que se les ratifique su nuevo servicio. Si necesitan transportarse desde su casa, deberán permanecer en el horario indicado; si no tienen teléfono, deberán llamar a sus oficinas cada hora.
Si se van a ausentar, pedir licencia o incapacitarse, deberán reportarlo dos horas antes de su servicio. Los descansos serán de un mínimo de 10 o 12 horas; 24 horas si el receso es transoceánico. No habrá alimentos a bordo. En caso de fallecimiento de un familiar, tendrán cuatro días libres; por nacimiento o enfermedades graves de sus hijos, sólo dos días. Si se casan por primera vez, tres días y deberán solicitarlo 20 días antes.
El sueldo para quienes empiecen a laborar es de 9 mil pesos mensuales y no cambiará en cinco años; en los siguientes, aumentará mil pesos hasta llegar a 12 mil 662 pesos. Los ejecutivos de servicio de base ingresan con 15 mil 828 pesos al mes, cifra que se mantendrá 10 años; después su salario aumentará 500 pesos por una sola vez en toda su vida laboral. Estas condiciones no se aplican a quienes laboran en la empresa desde antes del 1 de julio.
SIN PÉRDIDAS
El pasado 16 de abril la empresa demandó a ASSA por el conflicto de naturaleza económica.
En la denuncia se advierte: "Resulta de imperiosa necesidad hacer los cambios que demandan antes de que el destino alcance a (Aeroméxico), como le sucedió a Mexicana de Aviación."
Estos argumentos son los mismos que Mexicana usó para presentar una demanda de conflicto de naturaleza económica contra ASSA en 2007. Tres años después dejó de volar. Para Del Valle ésta fue la respuesta de la empresa al pliego petitorio como parte de la revisión contractual, con la cual ASSA emplazó a huelga a la aerolínea el pasado 22 de abril.
En entrevista con este semanario, Del Valle enfatiza el hecho de que en la demanda no aparece Connect, la unidad económica formada con Aeroméxico. "Se trata de una empresa pujante que ha logrado grandes progresos y expandido su flota aérea después de que Mexicana de Aviación dejó de volar", afirma.
En el apartado 10 de la demanda, Aeroméxico se justifica. Dice que pese a ir a la alza en los gastos de operación, son los "factores exógenos" los causantes de esta "grave situación" financiera, recrudecida en 2012.
Destacó que el precio de la turbosina es el rubro más costoso de sus gastos de operación, pues aumentó 51.5% entre 2009 y 2012. En estos años sus gastos crecieron 44%, dice.
El segundo concepto es "la fuerza de trabajo; es decir, los salarios y prestaciones, que representan 24.91% del costo total". Entre 2009 y 2012, añade, su capital social se incrementó de 4 mil 686 millones de pesos a 7 mil 435 millones, al lograr revertir las pérdidas generadas en 2009 por la influenza y en los dos años siguientes obtener "utilidades". En estos años, reconoce, aumentaron los ingresos 53.6%.
"Sin embargo, para 2012 este panorama ha cambiado radicalmente al haber concluido el año fiscal con pérdidas contables", indica.
La aerolínea justifica esta demanda con el argumento de que el contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos es muy costoso para la empresa, lo cual desmiente la misma demanda —elaborada por el despacho jurídico Baker & McKenzie, S.C.— en una lista sobre el costo de la fuerza de trabajo, donde los pilotos "cuestan" 3 mil 51 millones de pesos anuales; los sobrecargos, mil 368 millones de pesos; los trabajadores de tierra, 652 millones, y mil 40 millones el personal de confianza y en el extranjero. En total eroga 5 mil 921 millones de pesos anuales.
