Ante la eventual declaración de quiebra de Mexicana de Aviación y la
huelga prevista para el 1 de abril, el gobierno federal elaboró un
complejo plan para combatir disturbios en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Así, mientras el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, aparentaba atender las preocupaciones de los
empleados y jubilados de la aerolínea, se afinaban detalles para que las
fuerzas federales ahogaran toda protesta por la muerte de sus
esperanzas.
Elaborado desde principios de marzo, un plan concebido por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM) pretende evitar que el personal inconforme de
Mexicana de Aviación impida la operación de otras aerolíneas y afecte a
prestadores de servicios o al resto de la terminal aérea.
La estrategia, denominada Plan emergente. Acciones del personal de
Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) y de la cual Proceso tiene una copia, prevé el
estallamiento de la huelga para “el primer minuto del 1 de abril” por
parte de dicho personal, con la participación de organizaciones afines a
los sindicatos aéreos.
El “detonante”, como se menciona en el documento, sería la “resolución
judicial declarando la quiebra de Mexicana de Aviación, considerando que
el día 25 de enero de 2013 venció el plazo otorgado por el juzgado a
efecto de que cualquier interesado presentara y acreditara sus
propuestas económicas”.
No obstante, el 26 de marzo Alfonso Sarabia, director del AICM, todavía
les garantizó a trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación que
mantienen su huelga de hambre desde el 18 de marzo que respetaría su
derecho a manifestarse en esas instalaciones.
Según el plan emergente, los 8 mil 500 trabajadores que se quedaron sin
empleo desde hace casi tres años “conocen los procedimientos de
seguridad a seguir por el AICM y en consecuencia, ante una amenaza, es
posible que sea el propio aeropuerto quien deba suspender operaciones de
una aerolínea”.
El 30 de julio de 2010 Mexicana de Aviación emitió una circular para
anunciar su eventual quiebra; solicitó a la justicia mexicana y
estadunidense aplicar medidas de protección contra sus acreedores
(concurso mercantil), y mediante su línea de bajo costo Mexicana Link,
el Grupo Posadas –dueño de la concesión– convocó a concurso para
seleccionar a los pilotos para sus vuelos a Estados Unidos.
Gastón Azcárraga, en ese entonces accionista mayoritario del Grupo
Posadas, señaló que había tomado esa decisión porque la aerolínea tenía
una deuda de 200 millones de dólares. El entonces director de ésta,
Manuel Borja Chico, argumentó que la tormenta financiera se recrudeció
por el alza de las gasolinas, la crisis económica y la contingencia
sanitaria provocada por la influenza en 2009.
Sin embargo, documentos obtenidos por este semanario (Proceso 1762)
demuestran que la estrategia del Grupo Posadas se fraguó desde 2008,
cuando sus inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico
(NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas,
edificios y activos del Grupo Mexicana de Aviación (GMA).
Los dueños de NGA y GMA son los mismos: Grupo Posadas y sus
inversionistas, entre ellos Banco Ixe, uno de cuyos consejeros
propietarios en el consejo de administración es Javier Molinar
Horcasitas, hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el
panista Juan Molinar Horcasitas.
Los otros integrantes de dicho consejo son Gastón Azcárraga, Álvaro
Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela
y Javier Amtmann Aguilar, quienes aportaron financiamiento a la campaña
presidencial de Felipe Calderón en 2006.
La cesión, declarada ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) el 29
de diciembre de 2009, abarcó las acciones de CMA, Aerovías Caribe
(Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys,
Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos
Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de
Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana,
Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico (las dos últimas nunca han
operado), que eran propiedad de GMA, según el documento de siete fojas.
El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos.
La transacción fue formalizada el 22 de febrero de 2010 por el notario
103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón. De acuerdo con el
documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexicana trasladó a
NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y
solicitudes de registro de marca, incluyendo logotipos, diseños,
eslóganes y avisos comerciales.
Después involucraron al exdirector de finanzas de Mexicana de Aviación,
Gerardo Barrera Segura, en un presunto fraude por 15 millones de pesos
contra la empresa; argumentaron que esa sangría de recursos y el alto
costo de los contratos colectivos de sus trabajadores hacían incosteable
a la aerolínea.
Desde 2006 los dueños de Mexicana negociaban con los organismos
gremiales ASSA, ASPA y el SNTTTASS la reducción de esos contratos
colectivos. A los pilotos les quitaron su aumento salarial por cuatro
años, redujeron el personal, incrementaron sus jornadas laborales y
redujeron sus descansos y prestaciones como el aguinaldo, prima
vacacional y pagos por horas nocturnas y aterrizaje. Con estas medidas
la empresa ahorró 450 millones de pesos y 110 millones más por reducción
en jubilaciones de pilotos.
A los trabajadores de tierra les congelaron los salarios por tres años,
firmaron seis convenios para cancelar sus incentivos, aumentaron sus
jornadas laborales, se redujo al personal sindicalizado de 504 a 224
trabajadores, y se ahorraron así 75 millones de pesos. Además, mediante
los convenios la empresa dejó de erogar 50 millones de pesos por año y
575 millones de pesos por la negociación del contrato colectivo.
El problema surgió cuando el sindicato de sobrecargos no renegoció su
contrato colectivo y el 2 de marzo de 2007 Mexicana interpuso ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una denuncia de naturaleza
económica contra ASSA alegando que sus finanzas eran precarias. El
sindicato de sobrecargos se amparó, pero la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió el asunto en su contra.
Los miedos
Con esos antecedentes, en el plan emergente se prevé que participe en el
operativo personal de la Secretaría de Gobernación, a través de la
Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), la SCT mediante su Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) y su Dirección General de Comunicación Social.
Además, se incluye a la Procuraduría General de la República (PGR)
representada por el Ministerio Público, al Estado Mayor Presidencial, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al propio AICM.
En el apartado “d”, denominado “acciones probables por parte del
personal de Mexicana de Aviación” se prevé la “incursión de personas y
vehículos en las pistas y su posible contaminación con elementos
metálicos: impedir que otras aerolíneas atiendan a sus pasajeros en
mostradores; bloqueo en los Puntos de Inspección de Seguridad (PIS);
invasión de las Salas de Última Espera (SUE’s); toma de instalaciones,
reteniendo a las personas presentes (rehenes); toma de instalaciones;
amenazas (seguramente ficticias) de artefactos explosivos a bordo de
aeronaves y/o instalaciones estratégicas; manifestaciones en las
instalaciones (se ha registrado presencia de actores ajenos: SME,
STUNAM, Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores del GDF);
bloqueos de las vialidades internas del aeropuerto (zonas bajo
jurisdicción federal) y/o en las vialidades urbanas que conectan al
Aeropuerto (zonas bajo jurisdicción del Gobierno del DF)”.
De manera paralela, se contempla tomar “medidas institucionales”, como
lanzar una campaña en medios de comunicación “para generar corrientes de
opinión pública favorables al aeropuerto –se trata de resaltar la
importancia económica y social de las operaciones del aeropuerto”.
Asimismo, “solicitar la presencia oportuna de las Fuerzas Federales, e
incluso del Ejército, para preservar en el caso de afectaciones a las
operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia y apoyo de inspectores
adscritos a la DGAC para conocer e intervenir en el caso de afectaciones
a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia del Ministerio
Público Federal para conocer y adoptar medidas en actos que pudiesen
constituir delitos del orden federal”.
Ante estos “posibles riesgos”, las autoridades federales elaboraron una
“matriz”, en la cual aparece como el peligro mayor la toma de las
instalaciones aeroportuarias, tomando como referencia principal la
marcha realizada en 2010 por el SNTTTAS “en la cual se concentraron
alrededor de 2 mil personas, obstaculizando los principales accesos
viales del aeropuerto”.
Coordinación gubernamental
Si el personal de Mexicana inconforme ingresa a las pistas o por los
accesos vehiculares –se prevé en el plan emergente– intervendrán la
policía y el Estado Mayor en un plazo máximo de 10 minutos; en caso de
que cierren las vialidades para impedir la llegada de pasajeros y
usuarios, se encargarían de reabrirlas la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) federal y el gobierno capitalino.
Como escenarios “críticos” se identifican las posibles manifestaciones
en puntos de inspección de seguridad y en las bandas de reclamo de
equipaje nacional e internacional. Estas áreas se consideran puntos
vulnerables porque son abiertas y tienen puertas automáticas; ahí
formarían vallas los policías auxiliares, guardias del aeropuerto y de
la SSP federal.
En caso de que hubiera protestas en el puente vehicular que conecta la
Terminal 1 con la Terminal 2, se solicitará la presencia de la PF.
“Se estima de 30 a 60 minutos el tiempo de respuesta de los apoyos
(fuerzas federales, Ejército) en caso de no encontrarse presentes en el
aeropuerto. Una vez controlado el evento, se estima que las operaciones
podrían reanudarse en un plazo de 60 minutos, en el caso extremo
(revisión y limpieza de pistas)”, se calcula en el documento.
También se plantea la necesidad de preparar el operativo con acciones
como las siguientes: efectuar recorridos de funcionarios de la SCT, la
PF y el AICM; identificar los puntos críticos, “analizar el sustento
legal para la actuación de las autoridades”, realizar una campaña en
medios de comunicación “coordinada por la Dirección General de
Comunicación Social de la SCT” y llevar a cabo reuniones de coordinación
entre autoridades.
Para el operativo en sí, se requieren 870 elementos de seguridad “ya
asignados para cubrir las zonas públicas, restringidas y estériles en
ambas terminales”, además de 170 efectivos para reforzar la seguridad.
Las unidades de apoyo externo “se definirán durante el recorrido”.
Se definen como zonas de reunión para los “apoyos externos” la antigua
ubicación del edificio de los Servicios a la Navegación del Espacio
Aéreo Mexicano (Seneam), así como “Correos y Alameda”, donde están las
puertas autorizadas por donde entrarán las unidades de apoyo con sus
vehículos y equipo.
La primera “alerta” la daría la Dirección General del AICM, luego la
comandancia general, que debe formar un Centro de Comando de
Contingencia (CCC) y dar aviso a las fuerzas federales.
El CCC coordinará las actividades privilegiando “las vidas humanas, las
instalaciones e infraestructura del AICM, las aeronaves, equipos de
apoyo y demás medios con que operan las líneas aéreas y prestadores de
servicios”.
Además, dicho centro debe mantener informado al Comité Local de
Seguridad Aeroportuaria y, de ser necesario, solicitar más apoyos
internos o externos.
Los miembros del CCC citados en el documento son Alexandro Argudín, de
la Dirección General de Aeronáutica Civil; el comisario José Armando
Ramón Hernández, de la PF; el director general del AICM, Alfonso
Sarabia; el comandante general del AICM, Armando Subirats Simón; y el
director de Políticas Institucionales de la PGR, Jorge Nader Curi.
También se menciona al encargado del Cisen en el AICM, Gabriel Sánchez
Rosales; el director de Atención Ciudadana de Gobernación, Lorenzo Gómez
Hernández; el director general adjunto de Operación del AICM, Enrique
Romero García; el subdirector de Terminal Miguel Ángel Téllez Estrada; y
el subdirector de operación del AICM, Luis Calderón Navarro.
Maniobra distractora
Mientras este plan se concretaba, el 25 de marzo el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con trabajadores de
Mexicana para tratar el tema del pago a los jubilados, que no tienen
relación con el conflicto pero llevan más de ocho meses sin recibir su
pensión.
En una circular informativa firmada por el secretario general de ASSA,
Ricardo del Valle, se informó que ese día la organización de sobrecargos
solicitó que el gobierno federal interviniera en el rescate de Mexicana
o bien que otorgara facilidades para captar una inversión privada “o en
su defecto para que (Mexicana) se constituya en una empresa propiedad
de los trabajadores y que sean éstos quienes operen esta fuente de
empleo”.
En el documento también se informó que entre las acciones jurídicas y
políticas que pueden realizar los trabajadores para defender sus
intereses están el emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación y en
Click, así como interponer denuncias ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos con el apoyo de otros sindicatos y organizaciones
afines a su causa. Precisamente uno de los fundamentos del “plan
emergente” del gobierno federal para el 1 de abril.
El 27 de marzo Ricardo del Valle envió un mensaje a los sobrecargos
activos y jubilados de Mexicana para informarles que Osorio Chong se
comprometió a que el representante del administrador de la Compañía
Mexicana de Aviación –una empresa inexistente–, Roberto Carlos Sánchez,
designaría a los integrantes del comité técnico del fideicomiso para el
pago de las pensiones de los sobrecargos jubilados.
Además, notificó que la representación sindical propondrá a dos
sobrecargos jubilados y un representante sindical para que formen parte
del mencionado comité técnico, en el que nunca antes se habían asignado
tres posiciones para los trabajadores.
“La designación de los miembros del comité técnico se efectuará dentro
de las próximas 48 horas hábiles”, precisó Del Valle en la circular,
pero no mencionó que el gobierno federal ya tiene su plan emergente para
cuando se declare la quiebra de la aerolínea.
Mientras los trabajadores trataban de negociar, Osorio Chong se
comprometió a determinar la fecha de reunión del comité técnico para que
el pago de los adeudos pendientes se realizara “a más tardar” el
viernes 5 de abril, sin perjuicio de los derechos de los jubilados sobre
las cantidades anteriores y de las que se generen a futuro.
“Se sostendrá una reunión con el administrador de Mexicana MRO, a más
tardar el lunes 1 de abril de 2013 por la tarde, para revisar la
situación de la empresa y obtener información que sustente la
problemática para atender las necesidades de los jubilados”, decía la
circular, y añadió que la Secretaría del Trabajo se coordinaría con la
SCT para que los jubilados continuaran con su cotización en el Seguro
Social y obtuvieran su pensión.
Miguel
Ángel Yudico Colín, secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y
Similares (SNTTTASS) informó que la próxima semana se manifestarán
en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) en apoyo a Rocío Guerra Peimbert, quien este sábado cumple cinco
días en huelga de hambre.
