Turbulencia en tierra
En el aeropuerto de la Ciudad de México el mal clima se vive dentro. La disputa por espacios comerciales y un negocio de aproximadamente 900 millones de pesos anuales, está apenas por comenzar
Martes 14 de enero de 2014
A principios del 2013 Fumisa interpuso en el Juzgado 29 civil un recurso llamado “Interdicto”
De acuerdo a Comunicaciones y Transportes, el juez polémico podría ser removido en los próximos días
Se le acusa de no haber pagado esa cantidad de dinero por concepto del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores
El despacho Gastelum Abogados se relacionó también con Mexicana de Aviación, que pretendía rescatar pero no lo logró
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está pasando por una turbulencia comercial que podría representar una pérdida de aproximadamente 900 millones de pesos anuales.
Una de sus principales zonas comerciales se encuentra en litigio con la empresa Fumisa, que pertenece al grupo Advent, un consorcio internacional con conflictos legales en varios países del mundo.
A principios de la década de los 90 se le concesionó a esa empresa la construcción de una parte del aeropuerto, a cambio de que explotara comercialmente esa zona hasta que recuperara la inversión. La concesión tenía un límite de tiempo.
Y aunque por el momento el AICM recuperó la posesión de los locales de la zona internacional, la empresa que llevó el conflicto a los tribunales, está dispuesta a todo.
Por eso, para las autoridades aeroportuarias, el conflicto no ha terminado.
Y tener la administración de esa área no es poca cosa: incluye la comercialización de los locales de la Terminal 1, el ambulatorio público, salas de última espera, el Hotel Hilton, los principales restaurantes y áreas de comida rápida.
Además de que explotan todos los espacios publicitarios de toda esa zona, la operación y administración del estacionamiento público de la Terminal 1, y la comercialización de los pasillos telescópicos.
El contrato firmado entre la empresa Fumisa y el AICM se venció el 31 de diciembre del 2013.
“Conforme a la evaluación económica financiera autorizada por el Comité de Coinversiones, el arrendamiento al que se refieren los contratos mencionados en los antecedentes I y VI y sus correspondientes convenios, tienen una vigencia de 20 años contados a partir del primero de enero de 1994”, dice el documento firmado el 25 de mayo de 1994 por Guillermo Ruiz de Teresa como director general de ASA, y Alfredo Hakim Aburto como presidente del Consejo de Administración de Fumisa.
Sin embargo la empresa consiguió que el juez 29 civil les otorgara un interdicto de prolongación de la posesión.
Este juzgador tiene una serie de antecedentes que lo hacen cuestionable, entre ellos el haber aceptado una demanda contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa por escribir la introducción a un libro.
Además, a quien las autoridades ubican como el principal beneficiado con este conflicto, es al empresario Jorge Gastelum, quien fue detenido en Alemania acusado de evasión fiscal.
El argumento de Fumisa es que en 20 años no ha logrado recuperar la inversión de las obras que realizó, y por eso requiere de más años de ser el administrador de los locales comerciales.
Para el aeropuerto las ganancias ni siquiera pueden ser calculadas pues fue hasta el 2007 se entregó toda la información financiera para poder computar la ganancia.
Sin embargo, para esa fecha ya existía un conflicto legal entre ambas partes y toda la información fue entregada al Juzgado 67 Civil, en donde inició el pleito.
Los locatarios están entre la espada y la pared. Fumisa no les avisó del conflicto que había con el AICM y que sus facultades administrativas vencían el 31 de diciembre del año pasado.
Las autoridades del aeropuerto han tenido que establecer contacto con los arrendatarios explicando el problema y haciendo convenios de colaboración al margen de Fumisa.
Otro de los problemas es que durante todos los meses anteriores a que el aeropuerto pudiera tener la posesión legal de los locales comerciales, Fumisa no permitió darle mantenimiento a la zona que administraba.
Es una anarquía en un espacio federal. Con los antecedentes del empresario Jorge Gastelum y el financiamiento económico del grupo Advent, la historia apenas comienza.
El litigio podría irse a otras instancias.
Y el aeropuerto más importante de la Ciudad de México sería parcialmente propiedad de un particular y no de la nación, como lo establece la ley.
El conflicto
En 1991 el AICM decidió contratar a la empresa Inmobiliaria Fumisa S.A. de C.V. para realizar la ampliación del área de vuelos internacionales y salas de última espera de la Terminal 1.
Para 1994 se amplió este contrato a 20 años de duración y se implementó la forma de recuperación que tendría Fumisa, mediante un mecanismo financiero determinado por Banobras.
Este mecanismo determinó que tendría una tasa interna de retorno del 12. 82 por ciento. Si había un excedente de esta tasa se repartiría en partes iguales entre la empresa y el AICM.
En esa época la administración del aeropuerto estaba a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
En 1998 se crea el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de la Ciudad de México como empresa de participación estatal mayoritaria, y se transfirió a esa entidad la concesión del aeropuerto capitalino.
Fue en 2007 cuando los problemas empezaron. Se presentaron una serie de demandas en contra del AICM además de que presentaron datos financieros sobre la TIR sin permitir a las autoridades del AICM ver los documentos que sustentaban esa información.
El argumento de la empresa siempre ha sido que en los 20 años que lleva administrado los locales comerciales del área de vuelos internacionales no ha recuperado el porcentaje que se fijó en el contrato.
Por eso es que requiere seguir administrando esos locales.
Por el lado de las autoridades calculan que las ganancias anuales son de aproximadamente 900 millones de pesos y ya recuperó su inversión por mucho.
A principios del 2013 Fumisa interpuso en el Juzgado 29 civil un recurso llamado “Interdicto” para retención de posesión.
La firma que presentó el recurso fue Gastelum Abogados, también propiedad de Jorge Gastelum, representante del consorcio Advent en México. Y el juez Miguel Ángel Robles Villegas se lo concedió.
#AICM
Turbulencia en tierra
En el aeropuerto de la Ciudad de México el mal clima se vive dentro. La disputa por espacios comerciales y un negocio de aproximadamente 900 millones de pesos anuales, está apenas por comenzar
Martes 14 de enero de 2014
A principios del 2013 Fumisa interpuso en el Juzgado 29 civil un recurso llamado “Interdicto”
De acuerdo a Comunicaciones y Transportes, el juez polémico podría ser removido en los próximos días
Se le acusa de no haber pagado esa cantidad de dinero por concepto del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores
El despacho Gastelum Abogados se relacionó también con Mexicana de Aviación, que pretendía rescatar pero no lo logró
Con base en ese recurso Fumisa alega que aún tiene posesión de los locales y debe seguirlos explotando hasta en tanto no se cumpla con lo establecido en el contrato.
Sin embargo el aeropuerto es una zona federal y el juez civil no tendría competencia en el caso.
Además de que para otorgar el recurso que prolonga la posesión, se basa en una tesis del estado de Tamaulipas que, de acuerdo a los asesores jurídicos de la terminal aérea, no tendría aplicación en el Distrito Federal.
La defensa jurídica del AICM ha respondido con prudencia. Ha llamado varias veces a los representantes de Fumisa a lograr un acuerdo –previo estudio económico– y llevar a buen puerto la relación.
Sin embargo la respuesta de los abogados de Fumisa es que cuentan con el apoyo económico de Advent, y que no claudicarán en su batalla legal para lograr seguir administrando la zona comercial del aeropuerto al menos un par de años más.
Un juez con pasado polémico
El juez Miguel Ángel Robles fue cuestionado por su participación en el caso que involucró al periodista Miguel Ángel Granados Chapa
“Hay un manejo corrupto de la justicia, no es posible que un juez y tres magistrados hubieran emitido sentencias en sentido distinto del que se produjeron, solo mediante la torcedura inducida de la ley se llegó a ese resultado.
“Hay aquí una torcedura inducida, no sé por qué medios, si por dinero o por presión política, pero no me cabe la menor duda que los jueces, el de primera instancia y los magistrados, no procedieron conforme su libre albedrío y su saber jurídico, otros factores los empujaron a las sentencias que emitieron”.
El 14 de enero del 2009 el periodista Miguel Ángel Granados Chapa dejó caer su metralla sobre el juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien dio una sentencia a favor del priista Gerardo Sosa Castelán, quien demandó al periodista Alfredo Rivera Flores.
Granados Chapa también fue demandado pues escribió el prólogo del libro “La Sosa nostra”, autoría de Rivera Flores. Y aunque finalmente Granados Chapa fue absuelto, la sentencia le pareció absurda y resultada de la corrupción del juez.
En un proceso a todas luces polémico por parte del juzgador, le dio la razón al priista que aseguraba se había dañado su imagen al hacer el juego de palabras de “La Sosa nostra” utilizando su apellidos y comparándolo con la sociedad secreta criminal siciliana “La cosa nostra”.
El juez se tomó dos años en emplazar a los demandados y casi cinco en dictar sentencia. Pruebas fundamentales para su defensa –que llevó la abogada Perla Gómez, hoy titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– fueron rechazadas.
Se permitió a los demandantes 30 apelaciones. Finalmente la sentencia favorable al priista desató una andanada de críticas en la opinión pública por ser considerada un grave daño a la libertad de expresión.
El analista político y director editorial del diario Reforma, René Delgado, escribió con ironía sobre el comportamiento de este juez.
“La demanda data del 6 de agosto de 2004 y está en manos del juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien no ha dictado sentencia, y entonces, sin querer o no, el impartidor de justicia ha hecho del proceso judicial un verdadero castigo o calvario para los demandados.
“Con que tan solo pasara a la segunda instancia, probablemente otro sería el cantar. Si la justicia no fuera expedita ¿cuántas décadas requeriría ese juez para dictar sentencia?”, escribió el 10 de mayo del 2008.
De acuerdo a fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este juez podría ser removido en los próximos días.
Si no fuera así y actuara con la dilación que lo hizo en uno de los juicios más polémicos de la última década, podría meter en más problemas al aeropuerto.
Empresario perseguido
En julio del 2005 la noticia de un empresario detenido en Alemania corrió por todos los medios.
Luego de tres años de estar prófugo de la justicia, la Interpol atrapó a Jorge Gastelum Miranda en el puerto de Rostock.
La orden de aprehensión había sido girada el 13 de octubre del 2002 por el juez Segundo de Distrito en Puebla, Salvador Martínez Calvillo, luego de determinar que Gastelum Miranda era presunto responsable del delito de defraudación fiscal calificado por 2 millones 706 mil pesos.
Se le acusaba de no haber pagado esa cantidad de dinero por concepto del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores de un ingenio propiedad de Grupo Caze, en el que era consejero administrativo.
De ahí fue que se diera a conocer, con su despacho jurídico Gastelum Abogados, como el artífice de rescates financieros fallidos, entre ellos el de Mexicana de Aviación.
En el caso de Mexicana de Aviación, Gastelum presumió haberla comprado en mil pesos y aseguró que luego de un traspaso de acciones, la podrían en funcionamiento.
El día de hoy esa empresa sigue sin dar servicio y para muchos analistas es un ejemplo de la impunidad y argucias legales por parte de empresarios para quebrar una empresa sin tener responsabilidades ante la justicia.
Esa es la zona de turbulencia por la que pasa la nueva administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al pelear legalmente con una empresa que no ha pagado un solo peso, o no ha reportado excedentes después delo convenido en su contrato, por explotar comercialmente una amplia zona del aeropuerto.
Además de que el caso está entre un juez con antecedentes negros, y un empresario conocido por escaparse del cumplimiento de la ley.
