Sin revisar cuentas bancarias saqueadas por Azcárraga, PGJDF le da carpetazo a fraude en Mexicana
La averiguación cumplió tres años y medio sin ningún avance. Pese a un amparo ganado por las víctimas y que la PGR reveló que sí existió el fraude, la Procuraduría del DF no ha consignado el expediente.
JUNIO 11, 2015Arturo Ángel (@arturoangel20)
Foto: Cuartoscuro.Plantón de extrabajadores de Mexicana en el AICM
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), responsable de investigar la operación fraudulenta, no consignará ante un juez la averiguación abierta por la denuncia que en 2012 interpuso la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) en contra del empresario Gastón Azcárraga, ex director del Consejo de Administración de Mexicana.
Esto, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) – que acusó a Azcárraga de lavado de dinero- ya reveló públicamente que el fideicomiso si fue saqueado por el empresario y que el dinero terminó en cuentas de empresas del Grupo Posadas.
Tanto los representantes legales de ASPA como fuentes internas de la procuraduría capitalina confirmaron a Animal Político que la Fiscalía a cargo de la averiguación propuso el no ejercicio de la acción penal, es decir la no consignación del caso ante un juez. Ya no hay investigación en curso y se espera solo la aprobación de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público para mandar el expediente al archivo.
Cabe señalar que en tres años y medio, el Ministerio Público no revisó los movimientos de las cuentas bancarias de donde fue sustraído el dinero.
“Es increíble como la Procuraduría ha sido negligente y omisa en este caso. Incluso ganamos un amparo para que pidieran bien la información del fideicomiso a la Comisión Bancaria y aún así nunca revisaron la parte clave que era los movimientos bancarios. ¿Cómo decides que no hay fraude sino revisas donde está el dinero? Es absurdo” dijo Agustín Liñán, abogado de ASPA en el caso.
Incluso, ni Gastón Azcárraga ni sus socios fueron citados para que rindieran declaración, añadió el litigante.
Animal Político solicitó desde hace dos semanas a la Procuraduría capitalina una versión oficial sobre el cierre o avance de este caso y una entrevista con la fiscal de Asuntos Especiales Margarita Vázquez Sánchez, o el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Cabe recordar que Mexicana de Aviación, en su momento la aerolínea más grande de México y de América Latina y con más de 90 años de historia, dejó de operar el 28 de agosto del 2010, apenas un lustro después de ser adquirida por Grupo Posadas, conglomerado empresarial de Azcárraga.
Al momento de su cierre la aerolínea estaba prácticamente en quiebra, sin liquidez alguna para cubrir sus deudas ni la nómina de sus trabajadores. Ocho mil personas se quedaron sin empleo.
Saqueo del fideicomiso…
La operación fraudulenta del Fideicomiso F/589 de Mexicana de Aviación fue revelada no solo en la denuncia interpuesta por ASPA sino en la investigación que por su cuenta realizó la PGR y que derivó en órdenes de aprehensión por lavado y delitos bancarios en contra Azcárraga, actualmente refugiado en Estados Unidos y a la espera de ser extraditado.
El Fideicomiso F/589 cuyas cuentas principales están en Banorte (antes Banco IXE) fue creado en junio de 2006 como una alternativa para cubrir remuneraciones de los trabajadores de la compañía. Su saldo inicial fue de 198 millones de pesos y contemplaba a diversos accionistas, entre ellos la propia ASPA.
Pero la Unidad de Análisis Financiero de la PGR descubrió que Azcárraga, haciendo uso de triangulaciones ilegales logró transferir el dinero en su único beneficio. Con recursos de fideicomiso compró a una de sus empresas llamada Administradora Profesional de Hoteles las acciones que tenía de la aerolínea
En total 197 millones 971 mil 395 pesos, se usaron para comprar dichas acciones. De ese mismo dinero Administradora Profesional de Hoteles transfirió 110 millones 700 mil 380 pesos a la cuenta de Grupo Posadas.
El 20 de enero del 2012 ASPA, desde su posición de perjudicada por el fraude en el fideicomiso y además en representación de trabajadores afectados interpuso una denuncia de hechos en la Procuraduría capitalina. Se inició la averiguación previa FAE/A7T2/00044/12-01 cargo de la Fiscalía de Asuntos Especiales.
Los representantes legales de la asociación sindical expusieron como posible responsable ´por administración fraudulenta a Azcárraga, delito que de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal puede alcanzar más de una década de prisión y sin derecho a fianza.
… Y no pasó nada
Tres años y medio después de presentada la denuncia el avance en la investigación de la Procuraduría capitalina fue nulo.
Documentos de los que Animal Político tiene copia, evidencian como el Ministerio Público tuvo que ser empujado incluso con una sentencia de amparo para que pidiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de forma correcta los documentos del Fideicomiso F/589 incluyendo los movimientos bancarios. La Procuraduría dio cumplimiento… a medias.
La sentencia de amparo 649/2013 emitida por el Juez Noveno de Distrito en noviembre del 2013 – dos años después de interpuesta la denuncia – concluyó que la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría había actuado de forma negligente al no pedir a la CNBV de forma correcta los datos del fideicomiso.
Y es que la Procuraduría había pedido los datos pero sin utilizar las “medidas de apremio”, es decir, sin advertir a la CNBV que no entregar los datos – como había ocurrido hasta ese momento – le acarrearía sanciones e incluso arrestos, pues era información imprescindible para la averiguación previa.
“Ni el subprocurador de averiguaciones previas centrales ni el fiscal (de Asuntos Especiales) actuaron conforme a los artículos 21 y 102 constitucionales ya que no han utilizado los medios legales disponibles para recabar información. (…) Lo cual revela que la integración de dicha averiguación no ha sido pronta ni expedita”, señala la sentencia de amparo.
Aun con el llamado de atención anterior, la Procuraduría interpuso un recurso de inconformidad en contra del amparo pero un tribunal lo ratificó. Sin otra opción la PGJDF solicitó los datos del fideicomiso.
El 6 de mayo del 2014 la CNBV remitió a la procuraduría el oficio 220-1/828272/2014 en el que Banorte entregó el contrato del fideicomiso F/589, sin embargo, para abrir la información de los movimientos solicitó al Ministerio Público que se especificara el periodo de tiempo que se requería así como las cuentas… pero no hubo respuesta.
La PGJDF no volvió a solicitar la información recabada pese a que los abogados de ASPA pidieron dos veces al agente del responsable (en agosto 2014 y marzo 2015), con los oficios correspondientes, que se realizara la diligencia especificando que se requerían los movimientos de la cuenta del Fideicomiso Banco IXE número 1194105.7 clave 0321800001194.
La respuesta de la Procuraduría, fechada el 20 de abril y de la que también este medio posee copia, es que “ya se había” cumplido con lo señalado en el amparo.
“No es procedente realizar las diligencias solicitadas por el apoderado legal de ASPA en virtud de que como se desprende de las actuaciones que integran la presente indagatoria, dichos reqerimientos (sic) ya se solicitaron” dijo la PGJDF.
En ese contexto los abogados de ASPA dirigieron una carta al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fechada el 22 de abril, en donde acusaban que a casi cuatro años el caso estaba detenido y que el Ministerio Público se negó a realizar la diligencia clave, situación “por demás violatoria de derechos humanos”.
El 29 de abril el Gobierno capitalino respondió con un oficio a la fiscal Vázquez Sánchez que se informara de los avances del caso. Un día después, los abogados tuvieron conocimiento que el caso ya no estaba en integración sino que se mandó a la coordinación de agentes ministeriales con la propuesta de no proceder penalmente.
¿Qué sigue?
Los representantes legales de ASPA adelantaron que preparan recursos legales en torno a la determinación de la Procuraduría de no proceder penalmente por este caso, los cuales serán presentados una vez que les sea notificada la determinación oficialmente.
De acuerdo con Agustín Liñán, la forma de proceder de la Procuraduría deja en evidencia “que no hay voluntad” de esclarecer el caso sino al revés, de cerrarlo lo antes posible. Prueba de ello es que la PGR si pudo en su momento obtener datos del fideicomiso.
“El hecho de que se cumpliera el amparo a medias, de que no se quiera pedir a detalle los datos de los movimientos nos pone en claro que fueron más de tres años de simulación en este caso. Vamos a estudiar como procedemos porque es un hecho de que el fideicomiso fue saqueado y que el responsable está identificado” dijo el litigante.
